Medidas económicas concretas versus promesas políticas oportunistas

En los últimos días, varias declaraciones impactantes de candidatos han capturado la atención mediática, con promesas que parecen más trucos de magia que propuestas realistas. Desde la privatización total de las empresas hasta el rápido retorno de dólares, pasando por la promesa de convertir a Bolivia en un país rico, estas declaraciones parecen más parte de un espectáculo electoral que de un plan económico concreto. Mientras tanto, el, ha implementado medidas fiscales pragmáticas, como la eliminación temporal de aranceles a productos esenciales, para combatir la inflación y proteger a las clases vulnerables. En este contexto, es crucial recordar que, aunque las palabras de los políticos impresionan, son las acciones las que realmente definen la gestión de un gobierno.

Los medios de comunicación han estado llenos de declaraciones sorprendentes. Un candidato afirmó textualmente: “Creo que todas las empresas deben privatizarse.” Otro señaló que “voy a devolver todos los dólares que me llevé del país gracias a las privatizaciones en 100 días”. Bueno, eso no fue exactamente lo que dijo; lo que prometió fue “devolver dólares al país en 100 días”. Un tercer candidato aseguró que “quiere convertir a Bolivia en un país rico”.

La pregunta que surge es: ¿son estas propuestas parte de un espectáculo para enamorar al electorado, como un mago que saca un conejo de su sombrero? ¿Será que, en lugar de soluciones mágicas, estos candidatos terminarán sacando al Fondo Monetario Internacional (FMI) de sus gorros, endeudando al país y dejándolo nuevamente bajo la dependencia de los “buitres” financieros?

Pero la realidad que perciben los políticos es muy diferente a la que se vive hoy en Bolivia. ¿Y de quién es la culpa? De los mismos políticos. Aunque suene reiterativo, es verdad que ellos, con sus ataques sistemáticos a la gestión económica del Estado, sus marchas y bloqueos motivados por ambiciones políticas, las disputas en la Asamblea Plurinacional y su afán de bloquear todos los créditos, han evitado la inversión extranjera directa en infraestructura, causando daños irreparables. Ahora, estos mismos actores se presentan como los nuevos “salvadores”, como magos con altos sombreros y capas negras para ocultar sus verdaderas intenciones al pueblo.

Sin embargo, el Estado se mantiene al margen de esta contienda electoral anticipada. Está priorizando a las clases vulnerables y controlando una inflación que se encuentra dentro de rangos aceptables, la cual fue provocada en gran parte por la politización extrema que llevó a bloqueos y generó incertidumbre en la población. Esto aumentó la demanda de productos, provocando el acaparamiento y la especulación. Otro factor que contribuyó fue el contrabando, especialmente el llamado “contrabando a la inversa”, donde un pequeño 2% de la población se enriquece traficando desde alimentos hasta oro.

Pero la prioridad del Estado es proteger el poder adquisitivo de los bolivianos mediante medidas puntuales que van desde el incentivo a la producción, la industrialización y la sustitución de importaciones, hasta la inversión estratégica en recursos naturales estratégicos.

Los políticos prometen muchas cosas, pero los hechos son estos: 

El actual gobierno ha implementado una serie de medidas fiscales que, lejos de las palabras, buscan enfrentar la realidad económica del país, en particular, la creciente presión inflacionaria que llega del exterior.

Uno de los hechos más recientes es el Decreto Supremo que elimina temporalmente los aranceles a la importación de artículos de higiene personal y limpieza. Esta medida, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, tiene como objetivo mitigar el impacto de la inflación global en los precios internos. Artículos de uso cotidiano como pastas dentales, desodorantes, jabones y pañales podrán ser importados sin el pago del Gravamen Arancelario (GA). Esta decisión es parte de un conjunto de políticas orientadas a frenar el alza de precios y proteger la economía de las familias bolivianas.

Si bien se trata de una medida temporal, es un alivio inmediato en el bolsillo de los consumidores. Sin embargo, no es la única acción tomada por el gobierno para lidiar con la inflación. En los últimos meses, se han aprobado varios decretos con exenciones fiscales significativas para productos estratégicos. En julio de 2024, por ejemplo, el Decreto Supremo N° 5189 eliminó el GA por dos años para la importación de neumáticos, motores y ejes, beneficiando directamente al sector del transporte, esencial para mantener la economía en movimiento.

Otro conjunto de medidas fue aprobado en agosto, eximiendo del pago de impuestos a la importación de trigo, harina de trigo, insumos farmacéuticos y maquinaria agrícola. En particular, el D.S. N° 5195 busca garantizar el abastecimiento de trigo y mantener el precio del pan en Bs 0,50, lo que representa un respiro para las familias que enfrentan el aumento del costo de vida.

No se trata sólo de garantizar el abastecimiento de productos básicos, sino también de apoyar sectores clave como el agropecuario y el farmacéutico. La exoneración de aranceles para más de 400 insumos farmacéuticos hasta diciembre de 2024 es un ejemplo claro de cómo el gobierno intenta contener la subida de precios en medicamentos, una necesidad crítica para la población. A su vez, la exención de aranceles a insumos agropecuarios y maquinaria agrícola, como insecticidas y cosechadoras, está diseñada para estimular la producción agrícola en el país, clave para la soberanía alimentaria y la estabilidad económica.

Finalmente, en septiembre, el D.S. N° 5223 eximió del pago de aranceles a la importación de maíz duro, amarillo y blanco, productos esenciales para la producción avícola y porcina. Esta medida, vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, tiene como finalidad estabilizar los precios de los productos derivados de estos granos, como el pollo y el cerdo, que son fundamentales en la dieta boliviana.

Es evidente que estas políticas buscan no sólo enfrentar la inflación, sino también garantizar la seguridad alimentaria y apoyar sectores productivos estratégicos. Sin embargo, más allá de las medidas fiscales, es importante recordar que estas exoneraciones son temporales y que los problemas estructurales del país, como la dependencia de la importación de ciertos bienes y la lucha contra el contrabando, siguen siendo desafíos a largo plazo.

Los políticos pueden prometer muchas cosas, pero es en las acciones, como estas exenciones arancelarias, donde se puede evaluar el verdadero impacto de su gestión. Queda por ver si estas medidas lograrán su cometido en el tiempo o si serán necesarias nuevas estrategias para enfrentar las presiones económicas externas que afectan a Bolivia.