Avasallamiento de tierras: muerto el perro, se acabó la rabia…

Cuando hablamos del avasallamiento de predios productivos en el campo, nos referimos a gente que, haciendo uso de la fuerza y la violencia, afrenta a la ley y a las instituciones para lograr sus intereses y apetitos personales: No se trata de gente que quiere hacer agricultura o ganadería y trabajar honradamente. Normalmente, es gente contratada para amedrentar y tomar por la fuerza tierras que están en producción en las que, por años de años, se invirtió mucho tiempo y dinero para tal efecto.

En realidad, este franco asalto a la propiedad privada tiene que ver con la toma violenta de tierras en producción, para su reventa, y, hasta que ello ocurra, se roban la maquinaria y vehículos, cosechan para sí lo que ya está sembrado y extorsionan a nuestros agricultores nacionales o extranjeros, que han hecho familia en el país, “para que puedan seguir trabajando”. ¡Increíble!

Cuando lo que más precisa Bolivia es inversión para producir y exportar más y así volver a la normalidad de otros años, creciendo y desarrollándonos en base al esfuerzo privado, en general, y, a la alta capacidad de sacrificio de nuestros productores del campo, en particular, los avasalladores se oponen a ello porque les importa un bledo el bienestar de la gente, a ellos, así como a los autores intelectuales de tales hechos delictivos, lo único que les interesa es su billetera.

Digo esto porque nos había alegrado conocer la noticia que, entre decenas de predios invadidos en el departamento de Santa Cruz, la propiedad Santa Rita, en la provincia Guarayos, finalmente había sido liberada de manos de tales delincuentes y puesta en custodia, una valorable acción instruida por el ministro de Gobierno, doctor Eduardo Del Castillo, destacando para ello más de 250 efectivos, amparado en una investigación previa y los dictámenes del INRA y la justicia, por lo que tal determinación se consideró una señal de respaldo no sólo al sector directamente afectado —los productores del agro cruceño— sino, una advertencia a las mafias criminales que atentan contra la propiedad privada, como dijera el viceministro de Régimen Interior y Policía, general Jhonny Aguilera, que personalmente dirigió la operación el 29 de noviembre de 2024 y para quien también va el destaque del hecho, por su valentía en el cumplimiento del deber.

Sin embargo, un día después, a media mañana, una gran cantidad de motos con gente encapuchada, alcoholizada y drogada —portando armas de fuego y armas blancas— volvió a invadir la propiedad, atacando el campamento policial con petardos de alto poder, agrediendo a los 60 policías que estaban en el lugar, obligándolos a su repliegue luego de sufrir heridos y hasta el secuestro de un efectivo.

Los avasalladores son tan avezados que “se llevaron vehículos y maquinaria, sin permiso del dueño” e intimidaron a los trabajadores, diciéndoles que acaben de cosechar y se vayan de ahí, porque, si no, tomarían medidas…

¿Quiénes se creen estos tipos para atropellar la propiedad privada, robar y amenazar a quienes lo único que quieren es trabajar en paz? ¿Quiénes son estos que hasta intentaron quemar el puente del acceso a Santa Rita, para incomunicarla y que, además, arengan a gente pobre del lugar para que los protejan y se expresen a su favor por unos pesos? ¡Cuánta maldad, típica de las mafias desquiciadas por dinero y poder! Lamentablemente, esa noche, el predio vecino, San Fernando, fue invadido por 20 motos que agredieron al único trabajador que resguardaba su campamento principal, obligándolo a salir de allí. Es vox populi que el centro de operaciones de estos facinerosos es la propiedad Santagro, víctima también del asalto armado, en su poder desde 2023.

Frente a la situación, el Ministerio de Gobierno hizo el trabajo que le correspondía con acciones de inteligencia para recuperar Santa Rita con una nueva incursión.

No es algo menor que el propio ministro de Gobierno se ocupe de un asunto que tiene que ver con un sector estratégico, el agroalimentario, en función de la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, generando los mayores volúmenes de excedentes posibles de exportación para traer divisas y financiar la importación de insumos, equipos de transporte, bienes de capital, combustibles y otros que son necesarios para garantizar la normal actividad en el campo y la ciudad.

Por eso, el beneplácito del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), que públicamente han valorado tales acciones, mucho más, cuando un reciente sondeo de percepción ciudadana resultó lapidario para los avasalladores por el frontal rechazo a dicho delito y la crítica al Órgano Judicial, ya que un 89% dijo que la justicia no defiende a los productores del agro frente a los “tomatierras” y un 99% urgió al Gobierno a tomar medidas valientes; de ahí lo destacable del ministro Del Castillo con acciones contundentes que, ojalá, acaben para siempre con tal flagelo.

Atacar a fondo el problema es apremiante, sabiendo que, “muerto el perro, se acabó la rabia”.