Ingobernabilidad: la herencia de un modelo fracasado

La efervescencia popular del periodo 2006 – 2009, que propició uno de los cambios políticos más radicales de nuestra historia, dio origen a un modelo de gobierno sustentado en la alianza del partido gobernante con sectores sociales corporativistas y sindicales. Esta coalición, que desplazó a la institucionalidad democrática, impuso un sistema diseñado únicamente para perpetuarse en el poder.

Con el tiempo, las peleas internas, el caudillismo, la ineficiencia y la corrupción precipitaron la debacle del MAS, que terminó en una división --primero de sus élites y luego de su base social— que a su vez generó un estado de crisis múltiple acelerada por la ruptura del pacto social que paradójicamente fue el cimiento de su poder.

Sin embargo, la caída del MAS no garantizó el retorno inmediato al orden democrático. Por el contrario, parece estar activando una etapa de caos político y desgobierno generado precisamente por los mecanismos jurídicos, políticos y sociales que este partido instauró para garantizar su permanencia. Algo parecido al ejército alemán de la II Guerra que, tras su derrota y en su huida, sembró los campos de minas terrestres que siguieron activas por décadas.

Los instrumentos creados por el MAS para garantizar su hegemonía, como la Constitución y las leyes, el sobre empoderamiento de los grupos sindicales, el debilitamiento de la economía formal, la corrupción generalizada, la politización de las instituciones y el discurso de la confrontación y el odio social, se han transformado hoy en obstáculos para el restablecimiento pacífico de un sistema democrático con base en la igualdad, la libertad y la justicia.

Un ejemplo gráfico lo podemos encontrar en el actual proceso electoral, amenazado por instrumentos creados por el “proceso de cambio” como la injerencia judicial, advertencias criminales contra los vocales, precariedad extrema del Órgano Electoral y movilizaciones violentas de los inhabilitados, que ponen en riesgo al voto ciudadano.

Básicamente, el desorden institucional que creó el MAS, parece conducirnos irremediablemente a un estado de anomia e ingobernabilidad que amenaza la estabilidad democrática y económica, y anula la capacidad del Estado para ejercer de forma efectiva sus funciones básicas: garantizar el orden, hacer cumplir la ley, proveer bienes públicos esenciales y gestionar de forma legítima y eficiente los conflictos sociales.

Los efectos del derrumbe del Estado Plurinacional no se limitan a lo político. Su herencia funesta, expresada en la pérdida de legitimidad de las instituciones, el incremento de la ilegalidad, la desconfianza ciudadana, la conflictividad persistente y el desprecio por la ley, han derivado también en un clima de incertidumbre económica. Esto se manifiesta en el deterioro del clima de inversión, la fuga de capitales, el aumento del desempleo y la pobreza, la expansión de la economía informal y delictiva, el colapso del aparato productivo y la inseguridad jurídica.

El problema es que el estado de ingobernabilidad puede extenderse más allá de la actual coyuntura y manifestarse con mayor rigor en la próxima gestión. Sin el restablecimiento de orden y del estado de derecho, cualquier gobierno carecerá de las condiciones mínimas de estabilidad política y económica para satisfacer demandas populares y controlar y ordenar a la sociedad, lo que puede conducir a situaciones de convulsión y crisis sistémicas.

Lo paradójico es que esta situación afectaría a cualquier fuerza política que alcance el poder, incluso a las facciones del propio MAS. Los conflictos de sectores sociales desplazados, de líderes sindicales prebendales y de un partido en desbande serán violentas, no se sujetarán a los mecanismos institucionales y enfrentarán a un Estado inerme.

Adicionalmente, la fragmentación electoral y la presentación de diez candidaturas puede aportar de manera importante a la ingobernabilidad, ya que dispersará el voto ciudadano e impedirá la conformación de mayorías en la Asamblea Legislativa, lo que a su vez imposibilitará la implementación de medidas estructurales para enfrentar los problemas económicos. Es necesario comprender que, con las actuales barreras constitucionales y legales, sin un consenso social mínimo, y sin un acuerdo político, no es posible imponer medidas como el Decreto 21060 ni llevar adelante políticas de ajuste sostenible que desarmen el gigantesco andamiaje que erigió el “proceso de cambio”.

El riesgo de un colapso temprano es inminente y las condiciones para que se restablezca el orden en paz y estabilidad son casi inexistentes. El desafío es complejo y multidimensional y requiere de voluntad política, participación ciudadana y sobre todo un esfuerzo supremo de unidad. Lamentablemente este camino parece haber sido abandonado por quienes asumirán la responsabilidad de encontrar soluciones, en medio de las tormentas y las amenazas más violentas que hayamos enfrentado.

El autor es industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia