El D.S. 21060: ¿Remedio del pasado o advertencia para el presente?

El 29 de agosto de 1985 marcó un punto de inflexión en la historia económica y social de Bolivia. Ese día, el Gobierno del presidente Víctor Paz Estenssoro tomó una decisión drástica, promulgando el Decreto Supremo Nº 21060, una medida de emergencia que sentó las bases del modelo neoliberal en el país.

Con el objetivo de contener una hiperinflación desbordada y reencauzar la economía nacional, el decreto redefinió el rol del Estado, liberalizó los mercados y desmontó gran parte del aparato económico estatista que había caracterizado a Bolivia desde la Revolución Nacional de 1952.

Hoy, casi cuatro décadas después, Bolivia enfrenta nuevamente una profunda crisis económica: caída de reservas internacionales, déficit fiscal sostenido, escasez de dólares, presiones inflacionarias, contrabando desenfrenado y un Estado debilitado. En este contexto, algunos sectores comienzan a preguntarse si se necesita una reestructuración similar a la de 1985. Así, conviene preguntarse ¿puede el 21060 ser una fórmula para el presente o representa un ejemplo de lo que no debe repetirse?

En 1985, Bolivia enfrentaba una hiperinflación que superaba el 20.000% anual. El país estaba al borde del colapso económico y social. El 21060, redactado en tan solo tres días por un reducido grupo de tecnócratas, introdujo una política de shock neoliberal: congelamiento de salarios, despidos masivos en la minería estatal, liberalización de precios, devaluación del boliviano, eliminación de subsidios, apertura comercial y reforma tributaria.

Estas medidas, inspiradas en el Consenso de Washington y avaladas por organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial, permitieron controlar la inflación casi de inmediato, pero el costo fue altísimo, dejando cicatrices profundas en el tejido social: desempleo masivo, migración forzada, desmantelamiento del sindicalismo minero y aumento de la desigualdad.

Para algunos, el 21060 salvó a Bolivia de convertirse en un “Estado fallido”; para otros, fue una capitulación, ante el mercado, que empobreció al pueblo y fracturó el tejido social del país.

A diferencia de 1985, la Bolivia de 2025 no enfrenta una inflación descontrolada, pero sí una crisis de liquidez, que se traduce en una pérdida de confianza en su política monetaria, fiscal y comercial. Las reservas internacionales netas están en mínimos históricos, el tipo de cambio paralelo se dispara, los precios de productos básicos comienzan a subir y la economía informal crece sin control. A esto se suma una creciente polarización política y una administración pública altamente dependiente del gasto corriente.

A diferencia de la década de los 80, Bolivia hoy cuenta con sectores más dinámicos —como la agroindustria, la explotación del litio y la banca— pero también con una población más consciente de sus derechos y mucho menos dispuesta a tolerar ajustes draconianos.

El fantasma del 21060 reaparece como un espejo inquietante. Algunos analistas proponen medidas de liberalización para atraer inversión y contener el deterioro macroeconómico. Otros advierten que aplicar una “nueva versión” del 21060 agravaría la desigualdad, provocando mayor descontento social.

¿Es viable un “nuevo 21060”?

La pregunta clave es, si Bolivia necesita hoy un “nuevo 21060” o, por el contrario, una salida alternativa que combine estabilidad económica con justicia social.

Ciertamente, la situación actual exige medidas urgentes: una reforma fiscal integral, racionalización del gasto público, incentivos para la inversión productiva, promoción de exportaciones y sustitución inteligente de importaciones, reforma del sistema cambiario y una estrategia clara de industrialización del litio y otros recursos.

Pero ninguna de estas medidas será posible sin liderazgo político, voluntad de diálogo y recuperación de la confianza ciudadana. A diferencia de 1985, cuando el 21060 fue impuesto sin negociación social, hoy Bolivia necesita un nuevo pacto económico nacional que incluya al sector privado, los movimientos sociales, las regiones y el Estado. No hay espacio para soluciones impuestas ni improvisadas.

Lo que diferencia al contexto actual del de 1985 es la experiencia acumulada y el aprendizaje de los errores del pasado. Hoy se comprende mejor que un ajuste sin protección social puede ser tan destructivo como la misma crisis que busca resolver. Además, Bolivia no está sola: América Latina en su conjunto ha dejado atrás el dogma del ajuste estructural y busca fórmulas híbridas que equilibren eficiencia económica con inclusión.

Más que una receta a replicar, el Decreto 21060 debe entenderse como una advertencia: cuando las instituciones colapsan, las decisiones extremas se vuelven inevitables. Si Bolivia no corrige a tiempo sus desequilibrios y no construye consensos amplios, se corre el riesgo de caer nuevamente en soluciones de shock que, aunque estabilicen, terminen destruyendo capacidades sociales de largo plazo.

La historia no exige repetir el pasado, sino aprender de él. Las reformas necesarias no pueden ser excusas para el ajuste brutal, sino herramientas para recuperar la salud económica sin perder la justicia social. El desafío está en gobernar con audacia, pero también con sensibilidad.

El autor es abogado