Ajuste Necesario y Protección Social Urgente

Las recientes medidas económicas anunciadas por el gobierno boliviano, en particular la eliminación de los subsidios a los combustibles, abren un escenario complejo pero no exento de oportunidades. En términos estrictamente macroeconómicos, el principal beneficio potencial es la corrección de una de las distorsiones más costosas de la economía nacional. Los subsidios a la gasolina y al diésel han significado, en los últimos años, un gasto fiscal estimado entre 2.000 y 2.300 millones de dólares anuales, equivalente a cerca del 5 % del PIB. Su eliminación libera recursos que pueden reducir de forma sustancial el déficit fiscal, aliviar la presión sobre las reservas internacionales y disminuir la necesidad de financiamiento monetario, una de las principales fuentes de desequilibrio macroeconómico.

A mediano plazo, este ajuste puede mejorar la credibilidad de la política económica, enviar señales positivas a los mercados y facilitar el acceso a financiamiento externo en mejores condiciones. Si parte de los recursos liberados se destinan a inversión pública productiva —infraestructura logística, energía, riego o conectividad— el impacto sobre el crecimiento potencial podría ser significativo. Incluso un redireccionamiento equivalente al 1 % del PIB hacia inversión eficiente podría elevar el crecimiento anual en entre 0,5 y 1 punto porcentual en el mediano plazo. Asimismo, una mejora en la disciplina fiscal puede contribuir a reducir las presiones sobre el tipo de cambio paralelo, hoy impulsado en gran medida por la escasez de dólares y la desconfianza en la sostenibilidad del modelo económico.

Sin embargo, estos beneficios potenciales conviven con costos sociales inmediatos que no pueden ser minimizados. El incremento del precio de los combustibles se traslada rápidamente a los costos de transporte, alimentos y bienes básicos. Diversas estimaciones sugieren que un ajuste de esta magnitud puede añadir entre 3 y 5 puntos porcentuales a la inflación anual en el corto plazo. En un contexto donde los hogares de menores ingresos destinan más del 40 % de su gasto a alimentos y transporte, el impacto sobre su poder adquisitivo es directo y regresivo. Además, el aumento del salario mínimo, si bien busca compensar parcialmente esta pérdida, puede generar presiones adicionales sobre los precios y el empleo formal si no está acompañado por mejoras en productividad.

El riesgo, por tanto, no es solo inflacionario, sino también social y político. Sin medidas de compensación adecuadas, el ajuste puede traducirse en un aumento de la pobreza, mayor informalidad y conflictividad, erosionando el propio objetivo de estabilidad que se busca alcanzar. La experiencia internacional muestra que las reformas económicas de este tipo fracasan no por su lógica macroeconómica, sino por la ausencia de mecanismos creíbles de protección social durante la transición.

Una estrategia realista y fiscalmente responsable para mitigar estos efectos debería partir de un principio clave: no revertir el ajuste, sino redistribuir una parte de sus beneficios. Si el Estado destinara entre el 20 % y el 30 % del ahorro generado por la eliminación de subsidios —es decir, entre 400 y 700 millones de dólares anuales— a un paquete de protección social focalizado, el impacto negativo sobre los sectores más vulnerables podría reducirse de manera sustancial sin comprometer la sostenibilidad fiscal. Este paquete debería incluir transferencias monetarias (bonos temporales) y bien focalizadas a los hogares de menores ingresos, bonos/voucher específicos para transportistas urbanos y pequeños productores agrícolas, y un refuerzo de los programas de apoyo alimentario para estabilizar los precios de la canasta básica.

Estas medidas, concebidas como transitorias y condicionadas a la evolución de la inflación y la pobreza, permitirían amortiguar el shock inicial mientras la economía se ajusta a un nuevo equilibrio de precios relativos. Complementariamente, una comunicación clara y transparente sobre el uso de los recursos ahorrados y un fortalecimiento de los sistemas de identificación de beneficiarios serían fundamentales para sostener la legitimidad social del proceso. Solo así Bolivia podrá transformar un ajuste doloroso pero necesario en una oportunidad para sentar las bases de una economía más equilibrada, menos distorsionada y socialmente más justa.