Sin Estado de Sitio, Bolivia seguirá secuestrada

Bolivia atraviesa una crisis que ya dejó de ser una simple protesta social para convertirse en un abierto desafío al Estado y al orden constitucional. Mientras decenas de carreteras permanecen bloqueadas, regiones enteras viven parcialmente aisladas, el abastecimiento comienza a deteriorarse y la economía pierde millones de dólares diariamente, el gobierno de Rodrigo Paz continúa atrapado en una política de indecisión, diálogo estéril y temor político. El país observa con creciente indignación cómo grupos organizados paralizan la nación sin enfrentar consecuencias reales, mientras el Ejecutivo insiste en actuar como mediador pasivo en lugar de ejercer la autoridad que la Constitución le otorga.

Las pérdidas económicas son enormes. Sectores productivos y empresariales calculan daños de decenas de millones de dólares diarios, afectando transporte, exportaciones, comercio, turismo y abastecimiento nacional. También existen muertos, heridos, enfrentamientos, ambulancias retenidas y ciudadanos atrapados durante días en rutas tomadas. Pero el problema central ya no es solamente económico o humanitario. El problema real es político e institucional: el Estado está perdiendo control territorial frente a organizaciones radicalizadas que han decidido imponer sus objetivos mediante coerción, miedo y asfixia nacional.

Los bloqueos actuales no son espontáneos ni aislados. Forman parte de una estrategia de desgaste impulsada por el evismo y sectores sindicales radicales que buscan derrocar al gobierno que carece de capacidad para gobernar el país. Cada carretera tomada, cada ciudad cercada y cada jornada de parálisis transmite un mensaje extremadamente peligroso: en Bolivia la presión corporativa y la violencia política pueden colocarse por encima de la Constitución, de las leyes y de los derechos de millones de ciudadanos.

Frente a semejante situación, la pregunta ya no es si corresponde actuar con firmeza, sino por qué el gobierno continúa negándose a utilizar las herramientas constitucionales necesarias para recuperar el orden interno. La Constitución contempla claramente el Estado de Sitio o Estado de Excepción precisamente para escenarios en los que la seguridad interna, la libre circulación y el funcionamiento del país se encuentran gravemente amenazados. Si un gobierno no utiliza esos mecanismos cuando las carreteras nacionales están tomadas, la Policía es sobrepasada y la economía comienza a paralizarse, entonces cabe preguntarse para qué existen dichas facultades constitucionales.

Rodrigo Paz parece gobernar condicionado por el miedo al costo político y a la presión internacional, olvidando que la principal obligación de un jefe de Estado es garantizar el funcionamiento de la nación. Su estrategia de diálogo permanente solo ha fortalecido a los sectores radicales, que interpretan cada señal de moderación como debilidad. Mientras el gobierno convoca reuniones y emite discursos conciliadores, los bloqueadores consolidan posiciones, amplían el conflicto y erosionan cada vez más la autoridad estatal.

La realidad es evidente: la Policía por sí sola ya no tiene capacidad suficiente para restablecer el orden en determinadas regiones conflictivas. Continuar fingiendo que el problema puede resolverse únicamente mediante negociación es prolongar innecesariamente el sufrimiento del país y profundizar la percepción de ausencia de autoridad. Por ello, la declaración inmediata de un Estado de Sitio regionalizado y estrictamente focalizado en las zonas críticas se vuelve no solo constitucionalmente viable, sino políticamente indispensable.

Ese Estado de Sitio debería tener objetivos concretos y limitados: recuperar carreteras estratégicas, garantizar abastecimiento, proteger infraestructura crítica, restablecer la libre circulación y neutralizar a los grupos responsables de la paralización nacional. No se trata de militarizar el país ni de suspender indiscriminadamente derechos ciudadanos, sino de restaurar el monopolio legítimo de la fuerza que corresponde al Estado democrático.

Pero recuperar el control territorial no basta. El gobierno también debe actuar judicialmente contra quienes dirigen y financian esta operación de desestabilización. Evo Morales no puede seguir apareciendo como articulador político de bloqueos y cercos mientras el Estado mira hacia otro lado. Del mismo modo, los principales dirigentes sindicales y operadores responsables de paralizar carreteras, impedir el abastecimiento y promover el colapso nacional deben enfrentar procesos penales inmediatos por atentado contra la seguridad interna, interrupción de servicios esenciales y daño económico al Estado.

En cualquier país donde el Estado funcione mínimamente, organizar bloqueos nacionales prolongados que afectan millones de personas tendría consecuencias judiciales severas. Sin embargo, en Bolivia se ha consolidado una cultura de impunidad política en la que determinados líderes parecen situarse por encima de la ley. Esa impunidad es precisamente la que ha permitido que los bloqueos se conviertan en una herramienta recurrente de chantaje político y territorial.

El gobierno de Rodrigo Paz parece no comprender que la democracia también se destruye cuando el Estado pierde autoridad y permite que grupos organizados paralicen indefinidamente al país. Gobernar no significa únicamente evitar confrontaciones; significa proteger a la población, garantizar el orden constitucional y hacer cumplir la ley. Cuando un gobierno renuncia a ejercer autoridad por temor político, abre las puertas a que la calle sustituya al Estado y la coerción sustituya a las instituciones.

La historia boliviana demuestra que la debilidad estatal suele terminar alimentando crisis aún mayores. Cada día que pasa sin decisiones firmes fortalece al evismo, debilita la confianza ciudadana y transmite la sensación de que Bolivia se encamina nuevamente hacia un escenario de desgobierno crónico. El país no necesita discursos ambiguos ni mesas de diálogo interminables. Necesita que el gobierno recupere autoridad, restablezca el control territorial y demuestre que la Constitución todavía tiene vigencia frente a quienes pretenden imponer sus objetivos mediante el bloqueo y la paralización nacional.

Hoy el mayor peligro para Bolivia no es solamente el conflicto social. El mayor peligro es un Estado que parece haber olvidado que su primera obligación es gobernar.