Democracia bajo asedio narcoterrorista: la hora de recuperar la autoridad del Estado

Bolivia ha llegado a un punto en el que ya no basta con administrar crisis: es necesario resolverlas. Los bloqueos de carreteras dejaron de ser mecanismos ocasionales de protesta para convertirse en instrumentos capaces de paralizar la economía nacional e interrumpir el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos. Más de ochenta puntos de bloqueo han aislado regiones enteras. Diversas fuentes reportan al menos trece fallecidos vinculados directa o indirectamente a los bloqueos y decenas de heridos. Detrás de estas cifras hay familias que perdieron seres queridos, pacientes que no pudieron recibir atención médica oportuna y ciudadanos atrapados durante semanas en carreteras convertidas en escenarios de confrontación.

El riesgo más grave no es únicamente humanitario o económico. El verdadero peligro radica en la progresiva erosión de la autoridad estatal. Cuando las carreteras permanecen bloqueadas sin solución efectiva, la ciudadanía pierde confianza en la capacidad del Estado para garantizar la libre circulación y la seguridad personal. Esa pérdida de confianza alimenta una dinámica peligrosa: la aparición de grupos ciudadanos dispuestos a asumir por cuenta propia tareas que corresponden exclusivamente a las instituciones públicas. La experiencia boliviana demuestra que cuando los conflictos se convierten en enfrentamientos entre bolivianos, el riesgo de violencia se multiplica. La crisis de 2019 es una advertencia suficientemente clara.

La situación se agrava con denuncias sobre la presencia de grupos armados dentro de algunos sectores movilizados. Imágenes en redes sociales muestran individuos encapuchados portando armas de fuego y amenazando a policías, militares y autoridades. Durante los enfrentamientos en San Julián, varios efectivos policiales y civiles resultaron heridos por impactos de bala. La Defensoría del Pueblo informó sobre indicios de actores paraestatales, grupos de choque, armas de fuego y explosivos. Si estas denuncias se confirman, Bolivia ya no enfrentaría únicamente una protesta social radicalizada, sino una amenaza directa al monopolio legítimo de la fuerza que corresponde al Estado.

Las declaraciones del presidente Rodrigo Paz adquieren así especial importancia. Al denunciar intereses narcoterroristas que buscan desestabilizar la democracia, el Gobierno eleva el conflicto a una dimensión de seguridad nacional. Esa afirmación exige pruebas e investigaciones rigurosas, pero también obliga a reconocer una realidad incómoda: durante años el narcotráfico ha fortalecido su capacidad financiera, logística y territorial, aprovechando las debilidades institucionales y las limitaciones operativas de las fuerzas de seguridad.

El Gobierno debe actuar. La Constitución contempla mecanismos excepcionales, como el Estado de Sitio, para enfrentar situaciones que amenacen gravemente el orden público. Su eventual aplicación debe realizarse dentro del marco constitucional, bajo control judicial y supervisión legislativa. Pero el problema de fondo no se resolverá solo con medidas de emergencia. Bolivia necesita una reforma institucional que permita coordinar eficazmente a la Policía Boliviana, la Felcn, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y los organismos de inteligencia bajo una estrategia nacional integrada. Hoy estas instituciones operan de manera fragmentada, reduciendo su eficacia.

El deterioro material del Estado es igualmente preocupante: de aproximadamente 35 helicópteros de las Fuerzas Armadas, apenas dos estarían operativos; más del noventa por ciento de la flota aérea permanece inmovilizada por falta de mantenimiento, limitando severamente la capacidad de vigilancia en el Chapare, la Amazonía y las fronteras. La Policía enfrenta carencias graves en equipamiento, movilidad y comunicaciones. La reciente transferencia gubernamental de cerca de 68 millones de bolivianos para material antidisturbios es necesaria, pero insuficiente frente a problemas estructurales acumulados durante años.

La reconstrucción de las capacidades estatales exigirá una inversión considerable. Considerando la recuperación de helicópteros, adquisición de drones, radares móviles, sistemas de inteligencia electrónica y entrenamiento especializado, Bolivia podría necesitar entre 500 y 1.000 millones de dólares en los próximos cinco años, parcialmente financiables mediante el programa estadounidense de Foreign Military Financing (FMF). La cifra parece elevada, pero es modesta frente a las pérdidas provocadas por bloqueos recurrentes, contrabando y narcotráfico. Estados Unidos, Brasil y Colombia son socios estratégicos indispensables. La cooperación con la DEA aporta inteligencia estratégica, análisis financiero y capacitación. Brasil, por la extensión de la frontera compartida, y Colombia, por sus décadas de experiencia, pueden acelerar la transferencia de capacidades operativas. La prioridad tecnológica —drones, radares, monitoreo satelital, inteligencia criminal, análisis financiero— refleja una verdad central: la lucha moderna contra el narcotráfico depende menos de la fuerza física y más de la información y la capacidad de seguir el rastro del dinero.

Bolivia enfrenta una decisión histórica. Puede continuar reaccionando de manera improvisada ante cada crisis, o construir una estrategia nacional que combine firmeza institucional, modernización tecnológica, cooperación internacional e inversión en capacidades operativas. Ninguna medida aislada resolverá el problema, pero juntas pueden permitir que el Estado recupere el control efectivo de su territorio y garantice un futuro más seguro para todos los bolivianos.