Un país enclaustrado no puede depender de un horario administrativo

La reciente restricción horaria en el paso fronterizo Pisiga-Colchane vuelve a poner en evidencia una realidad que Bolivia conoce desde hace más de un siglo: su comercio exterior continúa dependiendo de decisiones administrativas adoptadas fuera de sus fronteras.

Aunque la medida fue justificada por trabajos de mantenimiento, sus efectos son inmediatos. Cientos de camiones permanecen detenidos, aumentan los costos logísticos, se retrasan exportaciones e importaciones y la competitividad del país vuelve a verse afectada.

Lo preocupante no es solo la contingencia, sino la fragilidad estructural que revela. Ninguna economía debería quedar condicionada al horario de funcionamiento de una oficina pública extranjera. El Tratado de Paz y Amistad de 1904 garantiza a Bolivia el más amplio y libre tránsito por territorio chileno hacia el océano Pacífico.

Ese compromiso no puede reducirse a la existencia de carreteras o puertos. El libre tránsito debe ser efectivo, continuo y oportuno. Si la carga permanece inmovilizada durante horas o días por restricciones administrativas, ese principio pierde contenido práctico.

No se trata de desconocer que cualquier Estado puede realizar obras de mantenimiento o adoptar medidas para mejorar sus servicios fronterizos. Sin embargo, cuando esas decisiones afectan de manera directa el comercio de un país enclaustrado, corresponde aplicar mecanismos de coordinación bilateral que minimicen el impacto y garanticen la continuidad del tránsito internacional. Esa es la esencia de una relación basada en el cumplimiento de los tratados y la buena fe entre los Estados.

Bolivia tampoco puede limitarse a reaccionar frente a cada contingencia. Es momento de fortalecer una política de Estado que coloque la logística internacional como una prioridad estratégica, impulsando mecanismos permanentes de coordinación fronteriza y exigiendo que las facilidades de tránsito reconocidas en los instrumentos internacionales se traduzcan en condiciones reales de operación. El libre tránsito debe medirse por su eficacia y no únicamente por su reconocimiento jurídico.

Bolivia no pide privilegios; exige el cumplimiento de un tratado internacional vigente. Para un país sin litoral, cada demora en frontera representa mayores costos para productores, exportadores, transportistas y consumidores.

Es un obstáculo adicional que limita el desarrollo económico. La integración regional exige algo más que discursos. Requiere que los compromisos internacionales se traduzcan en operaciones fronterizas eficientes y permanentes.

Un país enclaustrado no puede depender del reloj de una oficina administrativa para ejercer un derecho reconocido por el derecho internacional. El libre tránsito no debe tener horarios.

El autor es analista de políticas públicas