Voto popular, gobierno oligárquico: bonapartismo y parálisis

A siete meses del gobierno de Paz/Lara, el país atraviesa un deterioro económico, un quiebre institucional y una fractura social que socavan la cohesión. La ruptura anunciada respecto al ciclo anterior se manifiesta, en los hechos, como una reproducción degradada. En ausencia de un horizonte político capaz de contenerla, dicha parálisis encuentra cauce en la movilización social, como expresión de una insatisfacción acumulada.

Esta situación no deriva de un desfase entre promesa y gestión. Responde a una contradicción estructural: un gobierno que, en medio de la crisis, pretende encarnar un proyecto nacional sin base social que lo sustente. El problema, por tanto, no es técnico ni comunicacional, sino político. Es la imposibilidad de gobernar desde el vacío social, figura que Marx denominó “bonapartismo” al analizar el régimen de Luis Bonaparte, 1848-1851.

Bonaparte llegó al poder como actor externo, impulsado por campesinos y sectores medios sin proyecto propio, en medio de un “empate catastrófico” en el que burguesía y proletariado se neutralizaban. Carente de base social propia y de apoyo parlamentario estable, el régimen adquirió la apariencia de “flotar por encima de la sociedad”, según la fórmula de Marx. Esa autonomía, sin embargo, fue relativa, pues en un pacto de supervivencia mutua el Estado se subordinó a la clase dominante. Por ello, como advirtió Marx, “gobernó para para la burguesía, a pesar de ella”.

Imposibilitado de gobernar por los canales de la política burguesa, el régimen se sostuvo en la burocracia y en el decreto. De la contradicción entre un poder que ejecutaba sin deliberar y un parlamento que deliberaba sin ejecutar, emergió un bloqueo institucional que solo pudo resolverse por la fuerza, con el golpe del 2 de diciembre de 1851 y la disolución de la Asamblea. Al renunciar al consenso, el bonapartismo quedó reducido a la coerción y, por su fragilidad constitutiva, precipitó su colapso en Sedán, en 1870.

Si bien el “bonapartismo clásico” culminó con la proclamación de Luis Bonaparte como Emperador Napoleón III y su institucionalización imperial, dicho esquema constituye una lente analítica útil para leer el presente boliviano, donde no se configura en su forma plena, sino como una variante de “bonapartismo de crisis”.

El gobierno de Paz/Lara accedió al poder en un contexto de “crisis orgánica” cuya expresión política inmediata fue un “empare catastrófico”, resultante, por un lado, de la implosión del “bloque popular”, que perdió autonomía frente al Estado, subordinó la transformación social a la reproducción de un proyecto personalista y renunció a un programa estratégico; y por otro, de la incapacidad del “bloque oligárquico” que, aun disponiendo de recursos materiales y discursivos, no logró articularlos en interpelación política ni constituirse en alternativa frente al descontento.

En ese vacío se impuso un tercero: Paz/Lara. Sostenido en el descontento y en una coyuntura electoral, con autonomía aparente, reivindicó una posición supra-ideológica: “ni izquierda ni derecha”. No obstante, dicha autonomía resultó “relativa” desde el inicio, pues su naturaleza lo condujo a descargar el peso de la crisis sobre “los de abajo” y a blindar los privilegios de “los de arriba”. Esto se tradujo en la eliminación del impuesto a las grandes fortunas, el recorte de subsidios a alimentos y carburantes y la flotación del tipo de cambio, que al quedar sujeto a la libre oferta y demanda incentiva la especulación, agudiza la escasez y su alza, y traslada el costo de la devaluación a ingresos, salarios y al ahorro en bolivianos.

Su correlato institucional fue la hipertrofia del Ejecutivo y la degradación de la Asamblea a órgano ratificador. De ello emanó un gobierno por decreto, no por vacío parlamentario, sino por subordinación constitucional. Dos decretos condensan esa lógica: el DS 5503 inauguraba el ciclo privatizador bajo el pretexto de eliminar la subvención; y el DS 1515 consumó el quiebre al violentar el Art. 169 de la CPE y suprimir la suplencia del Vicepresidente para instaurar la “presidencia en conectividad”: figura inédita que no contempla ninguna de las constituciones vigentes de los 193 Estados miembros de la ONU: el ejercicio remoto del poder presidencial.

Así pues, lo que se presentó como ruptura fue la profundización del ciclo de crisis. En lugar de resolver la herencia recibida, el gobierno la administró y la degradó: entre una crisis estructural heredada y una crisis política provocada; entre un proyecto de poder sin base social y la apelación al descontento como único sustento; entre el beneficio concentrado para “los de arriba” y la descarga de costos sobre “los de abajo”; entre la hipertrofia del Ejecutivo y el vaciamiento de la Asamblea; y entre la preeminencia del mercado y la retirada del Estado de sus funciones regulatorias, lo que evidencia que no hubo refundación, sino reproducción agravada del ciclo anterior; escenario que al confluir con el rechazo al DS 1720, la crisis de combustibles y los escándalos de corrupción y narcotráfico, esa reproducción estalló en una protesta nacional que paralizó al país por más de 50 días y que el gobierno, por debilidad de origen, no pudo desactivar.  

De ello se desprende que la salida al conflicto no provino del Ejecutivo, sino de la propia COB, actor que clausuró la fase de movilización e impuso la vía del diálogo. Sin embargo, dicho pacto coyuntural no resolvió la crisis, sino que la desplazó hacia un nuevo “empate catastrófico”: un escenario de suma cero donde nadie gana y todos pierden. Así, el tiempo opera en contra de un Estado que, al no resolver los conflictos, se degrada precisamente por la vía de su preservación.

De ahí la pertinencia de la categoría bonapartismo: un poder personalizado que emerge del “empate catastrófico”, carente de base social propia y, por tanto, incapaz de refundar el país desde abajo. A diferencia del “bonapartismo clásico”, esta variante no resuelve las contradicciones estructurales, sino que las reproduce en forma degradada. No obstante, su límite no está dado necesariamente por un desenlace catastrófico. Puede, antes bien, cronificarse en protestas dispersas y desarticuladas, hasta que el “bloque popular” atraviese una “catarsis política” y se constituya en sujeto histórico capaz de producir sentido de país. Solo entonces estará en condiciones de decidir la continuidad o el fin de un poder sin base social.

De lo contrario, la lógica bonapartista, al no resolver su debilidad de origen, tiende a la reproducción de la crisis. Cada conflicto irresuelto se traduce en una nueva degradación del Estado, hasta cronificarse como parálisis. Se desplaza entonces el eje de la disputa: deja de ser el “como” se gobierna para volverse el “para quién” y “desde dónde” se ejerce el poder.