Diversificación energética: la última oportunidad

Bolivia enfrenta la peor crisis energética de su historia. El país que durante 20 años vivió del gas natural hoy hace filas de días en los surtidores, raciona el diésel en el campo, declara emergencia energética y social, y retira la subvención a los carburantes.

Las cifras retratan el derrumbe: cerca del 90% de la demanda energética nacional está ligada a los combustibles fósiles. Importamos el 88% del diésel y cerca del 56% de la gasolina que consumimos. Más del 80% de la industria utiliza combustibles fósiles para funcionar y el 70% de la electricidad depende de termoeléctricas que consumen gas natural.

Y el gas se está acabando: su producción cayó más del 56% en la última década; y el Gobierno advirtió que con el nivel de reservas actuales no se podrá cubrir ni siquiera el mercado interno en los próximos años. No estamos ante un problema de precios o de modelo económico: se trata de un asunto de seguridad nacional, de supervivencia económica y de estabilidad social que debe enfrentarse con urgencia, responsabilidad y eficiencia.

Sería un error concluir que la solución está en descubrir nuevos campos gasíferos. La exploración de este combustible debe continuar, pero el verdadero salto estratégico consiste en acelerar la transición energética. La pregunta ya no es solo cómo producir más energía, sino qué energía producir.

En América Latina existe un ejemplo particularmente ilustrativo. Hace 15 años Uruguay dependía de combustibles fósiles importados. Hoy genera el 97% de su electricidad mediante energías hídrica, eólica, biomasa y solar. Lo consiguió sin disponer de enormes recursos naturales ni de grandes reservas fiscales.

El éxito uruguayo se basó en tres pilares: acuerdo político duradero, subastas competitivas que abarataron los contratos y alianzas público-privadas de largo plazo que dieron certidumbre a los inversionistas.

Bolivia posee condiciones naturales incluso más favorables que esa nación hermana. Cuenta con los niveles de radiación solar más altos del planeta, especialmente en el Altiplano; importantes corredores de viento en Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí, un enorme potencial hidroeléctrico, biomasa agrícola y forestal, potencial geotérmico, importantes reservas de gas para respaldar la transición y una de las mayores reservas mundiales de litio, recurso estratégico para el almacenamiento.

La prioridad inmediata debe centrarse en tecnologías que pueden implementarse con mayor rapidez y menor costo. La energía solar es la mejor oportunidad inmediata: plantas de escala media se construyen en uno a dos años, con costos globales competitivos frente a las termoeléctricas.

La eólica puede ser un complemento eficiente en plazos de dos a tres años. Los estudios gubernamentales elaborados con apoyo de organismos internacionales ya identifican proyectos factibles que pueden entrar en operación con rapidez si se asegura financiamiento.

La biomasa, que los ingenios cruceños ya generan con bagazo de caña, es la tercera prioridad de corto plazo. El biogás, el etanol y el biodiésel pueden sustituir carburantes importados, aliviando la balanza comercial y beneficiando al agro.

La hidroelectricidad es otra opción disponible, pero requiere cuatro a ocho años y estudios ambientales sólidos. La geotermia ofrece energía las 24 horas, aunque su fase exploratoria toma de cinco a diez años.

El litio debe convertirse en la base de un ecosistema industrial que incorpore refinación, fabricación de baterías y almacenamiento para la red eléctrica.

El hidrógeno verde debe asumirse como una apuesta estratégica para la próxima década, cuando Bolivia disponga de suficiente generación renovable para producir un combustible competitivo destinado a la minería, la industria pesada y eventualmente la exportación.

La tecnología ya no es la barrera. Bolivia necesita estabilidad jurídica, reglas claras para la inversión que permitan contratos de compra de energía de largo plazo, asociaciones público-privadas transparentes, apertura al financiamiento internacional, eliminación plena de los subsidios a los carburantes, reestructuración de ENDE, una profunda modernización regulatoria, y una nueva generación de ingenieros, técnicos e investigadores especializados.

La crisis actual ofrece una oportunidad excepcional para abandonar definitivamente el modelo basado en un único recurso y construir una matriz diversificada que combine el gas como transición con el extraordinario potencial del sol, el viento, el agua, la biomasa, la geotermia y el litio.

Para ello, debemos enterrar los sueños del mar de gas, las disputas estériles y los diagnósticos interminables. Ninguna transición será posible mientras la política continúe sustituyendo a la planificación técnica.

Si el país logra convertir sus ventajas naturales en políticas públicas coherentes, inversiones productivas e instituciones sólidas, la soberanía energética dejará de ser una aspiración para convertirse en uno de los principales motores del desarrollo económico de las próximas décadas.

El autor es industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia