Cambiar el rumbo: el desafío del tercer siglo de Bolivia

A 201 años de nuestra independencia, los bolivianos enfrentamos una paradoja. Por un lado, soportamos una de las crisis más complejas de nuestra historia reciente, y por el otro, tenemos una oportunidad excepcional para redefinir el futuro.

El inicio del tercer siglo de vida republicana nos ofrece la posibilidad de abandonar la lógica de las soluciones coyunturales y construir un nuevo paradigma basado en la democracia plena, la producción, la inversión, la innovación y la unidad.

Nuestro porvenir no puede depender únicamente de superar la crisis presente, sino de sentar las bases de una sostenida prosperidad para las próximas generaciones.

Si el primer siglo de nuestra historia de país independiente estuvo marcado por la consolidación de la soberanía y la organización territorial, y el segundo por la búsqueda de un modelo de crecimiento, el tercero debería ser el siglo de la institucionalidad, la competitividad y la construcción de una Bolivia moderna, inclusiva y plenamente integrada al mundo.

En primer lugar, necesitamos recuperar la capacidad de pensar y construir nuestro futuro como un proyecto colectivo, a partir de una visión nacional compartida que trascienda los intereses sectoriales, los períodos gubernamentales y las reivindicaciones regionales.

No se trata de alcanzar uniformidad ideológica, sino de lograr consensos básicos sobre los objetivos permanentes del país y los principios que deben orientar el desarrollo durante las próximas décadas.

Una visión compartida implica definir los valores que encaminarán la convivencia nacional: la democracia, el respeto a la Constitución, la independencia de poderes, la igualdad ante la ley, la transparencia, la meritocracia en la administración estatal, la responsabilidad, la tolerancia y el diálogo deben convertirse en pilares permanentes de la convivencia social.

En segundo lugar, es indispensable modernizar el Estado para hacerlo más eficiente y orientado al ciudadano. Esto no significa simplemente reducir su tamaño ni privatizar sus funciones. Significa transformarlo para que cumpla su rol de garantizar el Estado de derecho, brindar seguridad y justicia, ofrecer servicios públicos de calidad, modernizar la gestión, regular con eficiencia, proteger a los sectores más vulnerables y crear condiciones para el bienestar colectivo.

En tercer lugar, resulta imprescindible transformar el modelo que ha sostenido el crecimiento económico desde nuestra fundación. Bolivia ya no puede confiar su futuro exclusivamente a la explotación de recursos naturales.

El reto consiste en pasar de una economía rentista a una economía basada en la productividad, la innovación y la creación de valor. La diversificación productiva debe convertirse en una política de Estado, y en el centro de una estrategia de crecimiento que promueva inversión, innovación, infraestructura y apertura de mercados.

En el mundo actual, el principal factor de competitividad ya no es la abundancia de recursos naturales, sino la capacidad de las personas para crear conocimiento, innovar, emprender y adaptarse a las transformaciones constantes.

Por ello, el cuarto desafío es elevar significativamente la calidad de nuestro capital humano, colocando a la educación en el centro de la estrategia nacional de desarrollo.

Debemos comprender que la educación no es un gasto, sino la inversión de mayor rentabilidad social y económica; no una política sectorial más, sino el fundamento sobre el cual descansan los demás esfuerzos para vencer todos los retos.

El quinto desafío es recuperar la inversión privada. Ninguna economía puede crecer de manera sostenida sin inversión suficiente para ampliar la capacidad productiva, incorporar nuevas tecnologías, mejorar la competitividad, generar empleo formal y aumentar los ingresos de las familias.

Para atraer capitales privados es necesario, ante todo, reconstruir la confianza y garantizar la seguridad jurídica. Esto implica mucho más que proteger la propiedad privada.

Seguridad jurídica significa garantizar el cumplimiento de los contratos, asegurar la independencia del sistema judicial, respetar los derechos adquiridos, ofrecer mecanismos eficaces para la resolución de controversias y evitar cambios regulatorios arbitrarios que alteren las condiciones bajo las cuales se invirtió.

Bolivia no puede esperar otro ciclo de bonanza ni confiar en soluciones circunstanciales. Lo que requiere es la decisión colectiva de emprender una transformación profunda que fortalezca sus instituciones, libere su capacidad productiva, forme el talento de su gente y genere un entorno de confianza para la inversión y la innovación.

A los 201 años de independencia, el desafío ya no es únicamente preservar nuestra soberanía, sino darle un nuevo sentido histórico. Nuestro futuro debe cimentarse en la libertad responsable, la institucionalidad democrática, la competitividad y la reconciliación nacional.

Si somos capaces de construir una visión compartida de futuro y convertirla en políticas de Estado, Bolivia dejará de administrar sus crisis para comenzar, finalmente, a construir su desarrollo.

El autor es industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia