Impacto de la economía ilícita en Bolivia

La Fundación Milenio ha presentado recientemente el estudio titulado “Bolivia: La economía política de los mercados ilícitos y la criminalidad transnacional. Zonas de penumbra y vulnerabilidad del Estado”, una investigación que advierte sobre el crecimiento de las actividades ilegales, su creciente peso en la economía nacional y la amenaza que representan para la seguridad del Estado y la estabilidad democrática del país.

El ensayo constituye una advertencia valiosa y valiente sobre un tema que casi no ocupa el debate público y que, peor aún, no se conoce ni se comprende en su verdadera magnitud. El riesgo mayor está en su impacto sobre la estabilidad democrática de Bolivia: grupos criminales han logrado ejercer dominio efectivo sobre importantes áreas del territorio nacional, desafiando incluso a las fuerzas de seguridad, que en los hechos han quedado excluidas de esas zonas.

En una conversación reciente con Henry Oporto, uno de los autores del estudio junto con Ricardo Calla, me señalaba que la combinación de narcotráfico, minería ilegal —particularmente del oro—, contrabando y corrupción estatal ya podría representar alrededor de un tercio del Producto Interno Bruto nacional, con una estimación situada entre USD 12.000 y 15.000 millones.

En este cálculo sobresalen la minería ilegal del oro, con aproximadamente USD 4.000 millones; el narcotráfico, con USD 3.500 millones; y el contrabando, con USD 2.750 millones. A estas cifras habría que añadir otros componentes, como la corrupción pública, el lavado de dinero y el tráfico de armas. No se trata, además, de actividades aisladas: por lo general, estos circuitos se entrelazan y se refuerzan entre sí.

Con semejantes volúmenes de dinero, la cooptación de distintas instancias del Estado por redes criminales deja de ser una posibilidad remota y se convierte en una amenaza concreta. Como destacan los autores, esta infiltración en órganos e instituciones del poder público no se limita a espacios como la Policía Nacional, el sistema judicial o el Ministerio Público; también alcanza a dirigencias sindicales y políticas, con lo cual se socavan las bases mismas del Estado de derecho.

Asimismo, este gigantesco movimiento económico, originado en fuentes ilícitas, se ha convertido en uno de los principales factores dinamizadores de la economía informal, que absorbe alrededor del 80% de la demanda de empleo de la población nacional. Por ello, su impacto no es solo económico: también adquiere una dimensión social y política, al fortalecer capacidades de movilización y control territorial.

No solo eso. Como ya ha sucedido en otros países, existe el serio riesgo de que estos grupos se conviertan en financiadores relevantes de candidaturas en distintos niveles de gobierno, distorsionando la representación pública y desvirtuando la legitimidad de las autoridades electas. Con ello, la democracia queda debilitada y se acentúa el círculo vicioso entre corrupción, delincuencia e impunidad.

Como es evidente, la conjunción de todos estos factores constituye una seria amenaza para la seguridad, la soberanía y la gobernabilidad. En palabras de los autores, “la expansión de estos mercados ilícitos no es un hecho aislado, sino que responde a la creación de zonas de penumbra donde la legalidad y la ilegalidad coexisten bajo un Estado frágil”.

 En las conclusiones, los investigadores plantean que el país requiere con urgencia formular una estrategia de seguridad integral que incluya una reforma policial profunda, el rescate del sistema judicial de su captura política y una cooperación internacional renovada.

Vivimos una época en la que, como advertía Mario Vargas Llosa, predomina la civilización del espectáculo. El debate público se ha vuelto superficial y muchos de quienes participan en él buscan notoriedad fácil, sin conocer ni informarse adecuadamente sobre los problemas de fondo de la sociedad: precisamente aquellos que constituyen las verdaderas amenazas a nuestras libertades y derechos fundamentales.

Mientras algunos se quedan en la repetición de eslóganes y otros solo procuran la viralización del insulto y la provocación, los temas de los que dependen el desarrollo y la democracia quedan relegados u opacados. Sin embargo, no por ello dejan de agravarse y profundizarse, alejando las soluciones y elevando el precio que la sociedad deberá pagar para superarlos.

En países como Colombia y México hemos visto lo que ocurre cuando las sociedades y los Estados no enfrentan oportunamente los problemas de inseguridad y criminalidad: la violencia se descontrola y las pérdidas se vuelven incalculables e interminables.

Estudios como el de Milenio deben servir de base para una reflexión nacional profunda y constituirse en una llamada de atención para que quienes ejercen responsabilidades públicas actúen antes de que Bolivia llegue a extremos que después resulten mucho más costosos de revertir.

El autor ha sido senador y ministro de Estado