Cerimedo, la crisis y la responsabilidad de la Asamblea: Bolivia no puede quedarse sin Estado

Bolivia atraviesa una tormenta que ya no puede tratarse como una suma de problemas aislados. La escasez de diésel, la falta de dólares, la depreciación del boliviano, la inflación, la tensión entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa (ALP) y el escándalo de Fernando Cerimedo comienzan a formar un mismo problema: la pérdida de confianza en la capacidad del Estado para gobernar la crisis.

El caso Cerimedo debe investigarse hasta las últimas consecuencias, pero sin convertir una investigación penal en un juicio político basado en denuncias. Paz reconoció que fue asesor de campaña y colaboró al inicio del Gobierno, aunque negó contrato o representación oficial. La pregunta de la ALP no es si es culpable —eso corresponde a la Justicia—, sino qué acceso tuvo al Estado y si hubo uso de recursos o información pública en beneficio de intereses particulares.

La gravedad aumentó porque la Fiscalía abrió una tercera línea por presuntos vínculos con narcotráfico, tras las investigaciones por tentativa de feminicidio y enriquecimiento ilícito: son acusaciones en investigación, no hechos probados, pero si involucraran a funcionarios públicos el problema adquiriría otra dimensión. La ALP no puede mirar hacia otro lado ni usar el escándalo como revancha política: debe ser garante de que la verdad salga a la luz.

Bolivia necesita recuperar la confianza internacional en un momento delicado: el acuerdo técnico con el FMI por unos 1.900 millones de dólares sigue pendiente de pasos institucionales, además de paquetes comprometidos del BID (hasta 4.500 millones para 2026-2028) y la CAF (3.100 millones). El caso no es un simple episodio policial: Bolivia necesita miles de millones de financiamiento externo justo cuando su credibilidad institucional está siendo puesta a prueba.

El peligro no es que el FMI suspenda automáticamente el préstamo; no hay evidencia de ello. El peligro es más sutil: que el caso aumente las dudas sobre la capacidad del Gobierno para ejecutar reformas. Se agrava porque el Gobierno acaba de perder a su ministro de Economía tras una censura de la ALP, justo cuando necesita ejecutar un programa delicado. La combinación es peligrosa: crisis económica, política y de confianza.

Aquí aparece la primera responsabilidad de la Asamblea: no puede limitarse a censurar ministros y disputar con el Ejecutivo; debe ejercer control político sin destruir la capacidad del Estado. El país no puede darse el lujo de un Ejecutivo debilitado y una Asamblea que solo bloquea, ni de un Ejecutivo que gobierne al margen del Legislativo.

Bolivia necesita un pacto institucional de emergencia económica y transparencia, con cinco medidas. Primero, una comisión especial multipartidaria de la ALP para investigar la relación de Cerimedo con el Estado, con plazo para resultados, que indague la dimensión política, administrativa y patrimonial —sin sustituir a la Fiscalía— y verifique los reportes sobre su participación como asesor en decretos y una ley. Segundo, una auditoría independiente de contratos y consultorías vinculados con Cerimedo y su entorno desde la campaña. Tercero, garantizar la independencia de la Fiscalía y la Justicia. Cuarto, convocar al Gobierno y a los organismos multilaterales a una mesa de transparencia, pues el FMI, el BID, el Banco Mundial y la CAF necesitan garantías institucionales, no explicaciones políticas. Quinto, y más urgente: aprobar las leyes necesarias para el financiamiento, vinculándolas a mecanismos estrictos de control. No es un cheque en blanco, sino exigir que cada dólar tenga destino y rendición de cuentas.

Bolivia no puede resolver su crisis de combustible sin divisas, ni estabilizar el boliviano sin reconstruir reservas, ni contener la inflación sin estabilidad cambiaria. El programa internacional no es un lujo, sino parte de la emergencia nacional. Pero financiamiento no es solución: los créditos compran tiempo, las reformas compran futuro. Ningún organismo multilateral puede reemplazar la responsabilidad del Estado de ordenar sus cuentas, reformar YPFB y combatir la corrupción.

El caso puede tener consecuencias más profundas de lo que parece: si se limita a delitos personales y el Gobierno coopera con la Justicia, el impacto debería ser manejable; pero si hay pruebas de influencia clandestina sobre decisiones gubernamentales, se transforma en un problema de gobernanza. El activo que Bolivia necesita recuperar no son solo los dólares: es la credibilidad. Sin ella, cada dólar cuesta más y cada rumor provoca una corrida hacia el dólar.

La ALP debe entender que su responsabilidad histórica no es derribar al Gobierno ni ser su abogado defensor, sino evitar que Bolivia se derrumbe institucionalmente en su peor crisis en décadas: oposición que fiscaliza, oficialismo que transparenta, Justicia que investiga, Ejecutivo que informa y Asamblea que legisla. Ese debería ser el nuevo pacto político.

Si Paz pretende preservar su mandato, debe abrir los archivos relacionados con Cerimedo, cooperar con la Fiscalía y separar a cualquier funcionario comprometido. Una denuncia no equivale a una prueba, pero por eso el Gobierno debería ser el primero en exigir que todas las pruebas sean conocidas, y la ALP debe abandonar la tentación de usar cada crisis como guerra política. Bolivia está demasiado cerca del límite y no puede conseguir el financiamiento que necesita si el Estado aparece como una estructura disputada por operadores, asesores y grupos de poder.

El caso debe investigarse hasta el final, pero la respuesta no debe ser más improvisación ni confrontación: debe ser más institucionalidad. La Asamblea puede demostrar que fiscalizar no significa bloquear, que controlar no significa gobernar y que oposición no significa sabotaje. Su tarea inmediata: investigar a Cerimedo, proteger la independencia de la Justicia, garantizar transparencia sobre los recursos públicos y exigir al Ejecutivo un programa verificable para combustible, reservas, inflación y déficit fiscal.

Si la ALP lo consigue, el escándalo puede convertirse en una oportunidad para reconstruir las instituciones. Si fracasa, Cerimedo será apenas el detonante de algo más grave: una crisis de gobernabilidad.

Bolivia no necesita que la Asamblea gane una pelea contra el Gobierno. Necesita que el Estado gane la pelea contra la crisis.