El tortuoso camino para reformar la Constitución

Desde hace algunas semanas, los líderes políticos nacionales han iniciado el debate sobre una reforma a la Constitución Política del Estado (CPE), luego de constatar que la modificación de leyes fundamentales puede verse limitada por los mandatos de esta norma suprema.

La iniciativa no solo es oportuna sino necesaria, ya que, luego de 17 años de vigencia, la Constitución actual se ha convertido en una barrera que impide facilitar la inversión privada y la actividad productiva; garantizar independencia del sistema judicial; asegurar la vigencia plena del Estado de derecho y posibilitar la unidad nacional.

El debate dejó de ser declarativo y ya ha producido dos propuestas: la del expresidente Jorge Quiroga y la del asambleísta de la Alianza Unidad, Carlos Alarcón, a las que se han sumado el presidente del Senado y el propio mandatario Rodrigo Paz.

El tema también generó la protesta de la debilitada izquierda nacional y de Evo Morales quien, pese a que en 2023 abogó por realizar cambios en la CPE, hoy ha expresado su rechazo.

Más allá del debate, lo cierto es que el camino para concretar este proyecto es complejo e incierto, en parte porque el mecanismo diseñado por la actual Constitución para modificar su contenido puede convertirse en el principal obstáculo.

El primer conflicto que enfrentará la iniciativa será su alcance. Una reforma parcial puede terminar convirtiéndose en una disputa artículo por artículo, donde cada modificación sea interpretada como una batalla ideológica.

Una reforma demasiado amplia, por su parte, puede ser interpretada como un intento de desmontar integralmente el modelo de Estado Plurinacional y provocar una reacción de los sectores que consideran a la CPE como parte esencial de su identidad política.

Además, la iniciativa debe alcanzar consensos sobre la dimensión de la propuesta. La Carta Magna regula con excesivo detalle materias económicas y sectoriales que, en otros países, corresponden principalmente a leyes.

Aunque esa tendencia protege determinadas políticas frente a cambios coyunturales, en los hechos reduce la capacidad de adaptación del Estado y limita la posibilidad de realizar ajustes necesarios en las políticas de gobierno. Por eso, uno de los acuerdos más importantes será determinar qué debe estar en la Constitución y qué debe quedar en el ámbito de la ley.

Aquí entra también el clima de opinión pública al momento de llevar la reforma a un referéndum. La propuesta puede fracasar electoralmente si se convierte en un plebiscito político sobre el Gobierno o sobre un liderazgo, incluso cuando formalmente la consulta se refiere a una disposición específica.

Una derrota de la consulta no sería simplemente el rechazo de un proyecto reformista: podría producir un congelamiento político que hará imposible volver a plantear inmediatamente nuevas reformas.

Un segundo problema será jurídico. El artículo 411 de la CPE distingue entre reforma total y parcial, aunque es imprecisa respecto a la diferencia. También establece una serie de límites y condiciones, incluyendo la realización de una Asamblea Constituyente, la aprobación de una ley con dos tercios del Parlamento y la realización de referéndums ratificatorios.

Por su parte, la normativa específica también incorpora al Órgano Electoral que debe aprobar las preguntas del referéndum, y al Tribunal Constitucional que debe avalar todo el proceso: un entramado jurídico complejo que necesita de acuerdos y consensos difíciles de alcanzar.

Bolivia no puede permitirse que la reforma termine dividiendo nuevamente al país ni confundir un cambio de reglas con la solución automática a sus problemas.

Es evidente que se necesita modificar la Constitución, pero si el proceso se convierte en una batalla ideológica, puede terminar haciendo imposible incluso aquellas reformas que son indispensables.

El desafío no es simplemente cambiar algunos artículos. Es construir un nuevo acuerdo nacional sobre las reglas que deben ordenar el poder, la economía y la convivencia democrática.

Bolivia no necesita otra confrontación política: necesita un pacto democrático y territorial que apueste por un ajuste constitucional gradual, técnicamente fundado y políticamente acordado, acompañado de una profunda transformación legislativa e institucional.

El autor es industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia