Bloqueos con olor a indulto: cuando la patria es el prontuario de un caudillo

La nostalgia por el entrañable enemigo “neoliberal y vendepatria” cotiza en la bolsa de valores de la coartada política más alto que el dólar paralelo. Cada vez que la justicia nacional –esa que a veces bota chispas y otras se hace la distraída– o el calendario electoral recuerdan a Evo Morales que la reelección indefinida no es un derecho humano, el manual de agitación rescata la misma épica de barricada.

La convocatoria a paralizar carreteras bajo la consigna de “salvar al pueblo” del capitalismo despierta, no obstante, una duda elemental: cuesta creer en la resurrección de la conciencia antiimperialista cuando el objetivo en disputa es archivar el prontuario personal.

Resulta irritante presenciar cómo la defensa de la soberanía se confunde con la urgencia de prescribir expedientes judiciales. El repertorio de la victimización revolucionaria incluye una ingeniería jurídica tan avanzada que ya envidiarían los abogados de Harvard: un líder acorralado por graves denuncias de estupro y múltiples ilegalidades muta, por obra y gracia del bloqueo sindical de carreteras, en un sufrido perseguido político del “imperio” (romano, por lo visto, tal cual alguna vez intentó colar en el imaginario de sus “hermanos”).

Las leyes de la física y de la gravedad penal desaparecen cuando se movilizan los sindicatos cocaleros, transformando cualquier tribunal ordinario en una modesta sucursal del golpismo internacional.

Convertir el Código Penal en una conspiración neoliberal exige una creatividad interpretativa superior a la de descubrir el ombligo de Adán. Sus tropiezos con la justicia no son el resultado de actos irresponsables, claro que no: son una taimada treta oligárquica para evitar que el insustituible “salvador” regrese al poder a arreglar lo que él mismo desvencijó.

Al final del día, las marchas no buscan más soberanía, ni salarios dignos, ni industrialización de cartón; aspiran a un indulto callejero en formato de ley corta, donde el bienestar colectivo equivale a firmar la amnesia judicial ajena.

Hay que poseer una audacia circense –digna de triple salto mortal sin red– para exigir revoluciones purificadoras mientras se confeccionan atajos legales a la estricta medida de un caudillo. Convertir el asfalto en un tribunal de indultos revela una patología cívica de difícil pronóstico, donde el altar de la patria termina degradado a la triste categoría de felpudo para limpiar expedientes manchados por delitos comunes.

Se agita el poncho con la furia desatada de los desposeídos para terminar, en un giro dramático, defendiendo los fueros de un intocable que confunde la soberanía nacional con su ‘derecho humano’ al botín político y a la impunidad.

Por supuesto, esta dinámica de chantaje permanente encuentra un terreno abonado por la debilidad del actual Ejecutivo. Rodrigo Paz está haciendo méritos suficientes y acelerados para acortar su mandato presidencial, aunque ahora intente maquillar su naufragio con el socorrido libreto del “golpe de Estado en marcha”.

Después de apenas diez meses de gestión, los errores no forzados, la pérdida de brújula y el escándalo Cerimedo-Beller terminaron por pulverizar lo que quedaba de su capital político. El Gobierno quedó flotando en el vacío: sin confianza, sin autoridad, sin un ápice de legitimidad y aferrado a la única épica que le queda, que es la de victimizarse frente a los bloqueadores.

Pero no se preocupen, que lo que viene promete ser peor. Los últimos meses de bloqueos de rutas podrían parecer, en retrospectiva, un ensayo general de la convulsión que se avecina, mientras el Palacio se consume en denuncias diarias de conspiraciones inminentes.

La asfixia económica, la escenografía de colas por diésel y la presión de una oposición con doctorado en movilización callejera configuran un cóctel explosivo que ningún discurso sobre "golpes agazapados" va a desactivar.

Si Paz no decide abandonar voluntariamente el solio presidencial, la presión de las calles tomadas por huestes airadas –o su propia parálisis– terminará por expulsarlo por la ventana.

Para los ciudadanos críticos y libres pensantes, el dilema democrático es un dolor de cabeza mayúsculo. El Gobierno de Paz es una profunda y costosa desilusión, pero la defensa de la institucionalidad republicana debería estar por encima de los personalismos de turno. La vía civilizada y legal para despedirlo sin fracturar la frágil democracia es el revocatorio a mitad de mandato; sin embargo, la bronca de los hechos reales amenaza con desbordar cualquier salida institucional.

Una eventual caída presidencial no significará, ni por asomo, la solución a la crisis sistémica, sino el pistoletazo de salida para un nuevo ciclo de rapiña por la captura del Estado. En ese lodazal, Evo Morales intentará por todos los medios ser de nuevo el “candidato del pueblo”, chocando con las limitaciones que estipula la Constitución.

Fiel a su estilo de catequista de la ley, él “le mete nomás”, ignorando cualquier valla legal; y de esa frenética cruzada por burlar los candados republicanos es que después le sobrevienen sus recurrentes y tan inoportunos problemas de estupro, que sus bases catalogan inmediatamente de persecución política o racismo cósmico.

Lo que asoma en el horizonte es la continuación de la crisis profunda que heredamos del masismo. La caída de Rodrigo Paz –con la asistencia de sus propios desaciertos– será apenas el primer acto de una obra de teatro sangrienta por el poder, donde las calles recuperarán el papel protagónico y dejarán a Bolivia, una vez más, fracturada y polarizada: ganarán, como siempre, los que gritan más fuerte y patean mejor. Y Bolivia, tal cual escribió el poeta, seguirá tan sola en su agonía. Vale.

El autor es economista y filósofo