¿Bolivia rumbo a la estabilización?

Bolivia se encuentra en una encrucijada histórica, tras años de acumular un abultado déficit fiscal, ver caer la producción de gas y agotar sus reservas de divisas, conocemos en este septiembre como el Gobierno pactó un programa de 36 meses y  $1.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Entonces, bailar con el "diablo" no responde a un capricho ideológico, sino al acto desesperado de un país que se quedó sin oxígeno financiero y realmente necesita ganar tiempo para evitar un colapso mayor.

Para entenderlo en sencillo, la situación se parece a la de una familia que durante años gastó por encima de sus ingresos, financiando la gasolina barata y sus consumos con tarjetas de crédito mientras los ingresos del hogar caían en picada. Al quedarse sin liquidez, acude al banco (el FMI) por un préstamo de emergencia, pero este impone condiciones severas, en el caso de Bolivia será apretarse el cinturón, apagar la máquina de hacer deudas, retirar los subsidios y pagar los combustibles a precio real de mercado.

La receta pactada es tan cruda como exigente, con una consolidación fiscal de 8,5 puntos del PIB hasta 2029, una emisión cero del Banco Central de Bolivia para cubrir al Tesoro, flotación del tipo de cambio, eliminación de topes a las tasas de interés y la supresión total de la subvención a los combustibles en 2027. Todo apunta que el costo inmediato será amargo, con una mayor inflación a corto plazo —proyectada en un 14% para fines de 2026—, encarecimiento del transporte y alimentos, y una economía que, agárrense bien, tocará fondo en 2027.

Pero, ¿era necesario pactar con el FMI? Desde el análisis político, rechazar el auxilio financiero no evadiría el ajuste, solo garantizaría que este ocurra de forma violenta y desordenada mediante una hiperinflación, recesión y escasez. Y es que, el FMI no provocó el agujero fiscal ni secó las reservas; simplemente nos ofrece una cuerda de rescate, que viene amarrada a un estricto esquema de fiscalización trimestral.

Sin embargo, la pregunta del millón, ¿realmente saldremos de la crisis? La respuesta honesta es que el dinero por sí solo no salvará a Bolivia. Los $1.900 millones de dólares no son una donación ni un cheque en blanco para seguir gastando, sino un puente temporal. Y es que, ahí viene el zoquetazo en la nuca, el préstamo no descubrirá nuevos campos de gas, ni volverá eficientes a las empresas públicas, ni elevará la productividad por arte de magia.

Bolivia no camina hacia una prosperidad inmediata, eso está claro, sino hacia una estabilización quirúrgica de alto riesgo donde el costo social puede ser explosivo. Aceptar el crédito nos permitirá comprar tiempo para bordear el abismo, pero salir de la crisis dependerá exclusivamente de las reformas estructurales que el país sea capaz de ejecutar antes de que la música del rescate deje de sonar. Todo viene junto, en una misma salsa, las herramientas y quienes sepan usarla, es decir, las acciones que acompañen por parte del gobierno y los bolivianos.