¿Todos los caminos conducen a Marset?

En Bolivia empiezan a cruzarse demasiados nombres y demasiadas historias alrededor del narcotráfico. Sicarios, ajustes de cuentas, cocaína, el PCC, el Comando Vermelho, funcionarios señalados desde Estados Unidos y una violencia que ya no necesita presentación.

Cada día aparece una pieza nueva y el rompecabezas se vuelve más incómodo. No sabemos todavía dónde termina cada camino, pero todos pasan por el mismo territorio: un país donde el narcotráfico ha echado raíces, ha dejado muertos y, al parecer, también ha aprendido a caminar por los pasillos del poder.

No necesariamente porque exista una conexión demostrada entre todos ellos, sino porque cada nuevo capítulo trágico agrega una pieza y, de tanto acumular piezas, uno termina mirando el tablero con cierta desconfianza.

El país está patas arriba. El narcotráfico ya no parece una palabra reservada para los informes policiales ni para los discursos de ocasión. Está en las noticias de todos los días, en el sicariato, en los ajustes de cuentas, en las disputas entre organizaciones, en el avance de estructuras criminales brasileñas como el PCC y el Comando Vermelho, en las investigaciones sobre cocaína, en los nombres de funcionarios y exfuncionarios que aparecen bajo la lupa de organismos extranjeros y en esa sensación cada vez más incómoda de que el Estado conoce una parte de lo que ocurre, pero otra parte se mueve por debajo, con dinero, armas y códigos propios.

Entonces aparece otra vez el factor Marset. No como respuesta, sino como pregunta.

Sebastián Marset dejó hace tiempo de ser solamente el nombre del narcotraficante uruguayo que estuvo escondido en Bolivia. Su nombre quedó adherido a uno de los episodios más desconcertantes del narcotráfico reciente en el país y ahora vuelve a aparecer alrededor de asuntos que, en principio, podrían no tener relación alguna.

La investigación sobre aquella red dejó demasiadas preguntas abiertas sobre protección, dinero, contactos y capacidad operativa, mientras el fenómeno del crimen organizado continúa creciendo en una región donde las fronteras sirven cada vez menos para detener el movimiento de drogas, armas y dinero.

Y justo ahora Washington pone a Róger Mariaca Montenegro, fiscal general del Estado boliviano, en el centro de un huracán de categoría cinco.

El Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a Mariaca de haber solicitado y aceptado sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia.

Mariaca rechazó las acusaciones y el Gobierno boliviano anunció que solicitará información y elementos probatorios. Es decir, existe una acusación formal de Washington y existe una respuesta boliviana que la niega.

Lo que corresponde ahora es que los elementos que sustentan esa acusación sean conocidos, contrastados y sometidos a las instancias que correspondan.

Pero ahí queda el hilo. Y junto a ese hilo aparecen otros. Estados Unidos ha venido utilizando restricciones de visa, investigaciones criminales, cooperación entre agencias y procesos judiciales para perseguir redes de narcotráfico y corrupción transnacional. No se trata solamente de una oficina mirando un expediente.

En sus investigaciones participan organismos como el Departamento de Justicia, la DEA, el FBI y otras agencias, según la naturaleza de cada caso. En marzo de este año, por ejemplo, el exjefe de la FELCN Maximiliano Dávila fue condenado en Estados Unidos a 25 años de prisión por conspiración para introducir cocaína y por un delito relacionado con armas, después de una investigación que involucró a la DEA y otras instancias federales.

Por eso conviene detenerse un momento antes de convertir todo esto en una novela de culpables y cómplices.

Una investigación de crimen organizado no se construye de la noche a la mañana. Mucho menos de un mes a otro. Puede tomar años reunir testimonios, movimientos financieros, comunicaciones, documentos, operaciones encubiertas, declaraciones de colaboradores, registros de viajes y otros elementos que permitan sostener una acusación ante un tribunal. El trabajo de las agencias estadounidenses consiste precisamente en seguir esas huellas hasta encontrar responsables y convertir sospechas en pruebas que puedan resistir una acusación judicial.

En la lógica de The Departed, la oscarizada película de Martin Scorsese, el objetivo del infiltrado nunca fue alimentar el rumor, sino llegar hasta el culpable. Dar con el objetivo. Saber quién es quién. Y para eso hacen falta tiempo, paciencia y pruebas.

Por eso, si Washington señala a Mariaca y a otros ciudadanos bolivianos, la cuestión verdaderamente importante no es la indignación de unos ni la celebración de otros. Es conocer qué evidencias tiene Estados Unidos, cómo fueron obtenidas, qué alcance tienen y si pueden ser verificadas y sostenidas en un proceso judicial. La acusación estadounidense merece ser tomada con seriedad, precisamente porque una acusación de ese nivel no debería reducirse a un titular ni convertirse en una condena anticipada. Si existen pruebas contundentes, tendrán que aparecer. Si existen elementos que comprometen a otras personas, tendrán que conocerse. Y si las acusaciones no pueden sostenerse, también habrá que decirlo.

Lo demás lo decidirá el tiempo, pero sobre todo la justicia.

Y ahí aparece el gran problema boliviano, el verdadero elefante dentro de la habitación. La Hidra de Lerna, con sus múltiples cabezas: ¿qué justicia?

Porque llevamos años hablando de una reforma judicial que nunca termina de llegar. La hemos reclamado hasta el cansancio porque un país que pretende enfrentar al narcotráfico, al crimen organizado, la corrupción y la violencia no puede hacerlo con una justicia cuestionada, sometida a intereses políticos o atrapada en sus propias miserias. Cada investigación que llega desde Estados Unidos vuelve a recordarnos esa fragilidad institucional. No porque Washington deba convertirse en nuestro juez, sino porque Bolivia necesita demostrar que puede investigar y juzgar sus propios casos con independencia, rigor y credibilidad.

Mientras eso no ocurra, cualquier expediente importante quedará bajo sospecha. Y el problema no es solamente Mariaca. El problema es un sistema entero que necesita ser desmontado y reconstruido con otras reglas, otros controles y otros protagonistas. Una justicia creíble, institucional e independiente, integrada por personas cuya conducta profesional y ética pueda ser avalada por sus antecedentes y por sus decisiones, no por sus vínculos ni por sus lealtades.

Entonces volvemos al principio. ¿Todos los caminos conducen a Marset? Tal vez no, tal vez sí. Tal vez algunos apenas pasan cerca. Tal vez estamos juntando piezas que todavía no deberían juntarse. Pero mientras aparecen nuevos nombres, nuevas acusaciones, nuevas organizaciones criminales y nuevos episodios de violencia, la pregunta seguirá flotando sobre este país como una mosca difícil de espantar.

Quizá el nombre sea Marset. Quizá los verdaderos nombres sean otros. Lo que ya no puede seguir siendo el mismo es el de una justicia que nadie termina de creer.

El autor es comunicador social.