Demanda ante CIDH y paro nacional suben presión contra la repostulación

Una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y un paro cívico nacional el 21 de febrero cierran el cerco de protestas contra la sentencia 0084 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que habilita la repostulación indefinida del presidente Evo Morales.

Los exdefensores del Pueblo, Rolando Villena y Waldo Albarracín, y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) anunciaron ayer que presentarán hoy una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) contra el Estado Plurinacional de Bolivia, para que se respete los resultados del 21F.

De acuerdo con la explicación, la determinación del TCP es “atentatoria” en contra del derecho adquirido de más de 2,5 millones de personaras que votaron No a la repostulación y que lograron superar el 51 por ciento de sufragios en el referendo del 21 de febrero de 2016.

El abogado de la Apdhb, Franco Albarracín, señaló que una denuncia normal tal vez tardaría años en la CIDH, pero se optó por presentar un caso de violación masiva de derechos humanos, porque el reglamento de la Comisión permite tratar con prioridad ese tipo de demandas.

El jurista agregó que la CIDH, al advertir la naturaleza de la denuncia, podría pedir una interpretación del Pacto de San José a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), cuya decisión es vinculante para el Estado boliviano.

Indicó que con esta demanda se están denunciando múltiples vulneraciones a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y transgresiones a la Carta Democrática Interamericana.

En tanto, el exdefensor Villena agregó que la habilitación de Morales no sólo vulnera los derechos humanos del pueblo boliviano, sino la propia democracia.

“Se han dicho cosas que no tienen ni pies ni cabeza, por ejemplo, que se estaría violando el derecho del Presidente a ser reelegido. Por eso estamos activando este mecanismo para defender los derechos humanos del pueblo, no para aquellos que ejercen el poder”, señaló.

Paro cívico

Por otra parte, la reunión nacional de Comités Cívicos, ayer en Cochabamba, determinó ratificar el paro nacional de 24 horas con bloqueo de caminos para el 21 de febrero .

Estuvieron presentes lo comités cívicos de Santa Cruz, Potosí, La Paz, Beni, Tarija, Oruro y el comité cívico de Juan Flores por Cochabamba.

“Hemos estado siete departamentos, además nos comunicamos con Pando y Chuquisaca y señalaron que se someterán a esta resolución. El pueblo boliviano lo pide y vamos a acatar hasta que se revierta la decisión abusiva que es no respetar el 21F, y si el Gobierno no cambia, vamos a seguir con protestas” dijo el presidente cívico cruceño Fernando Cuéllar.

Por su parte, el dirigente tarijeño Juan Carlos Ramos aseguró que todas las instituciones de su región acatarán el paro.

21F. MAS y colectivos se alistan. Oficialismo y colectivos alistan movilizaciones, unos a favor y otros en contra de la repostulación.

MÉRIDA ENVIARÁ CONSULTA A LA OEA

El alcalde de Quillacollo, Eduardo Mérida, dijo los próximos días enviará una carta de consulta a la Organización de Estado Americanos (OEA) acompañada de más de 100 mil firmas que recolectó en todo el país, para solicitar a este organismo internacional una interpretación sobre el artículo 23 de la Carta Americana de Derechos Humanos (CADH), que fue la base del fallo del TCP que habilitó al presidente Evo Morales a una nueva repostulación.

“No es sólo una carta de consulta, está en el marco del artículo 64 de la OEA, ellos nos dirán si el TCP nos engañó o no, porque en ningún lugar el artículo 23 dice que la repostulación es un derecho de los gobernantes”, explicó la autoridad edil.

OPINIONES

"El paro será masivo porque el pueblo boliviano está cansado de que se vulneren sus derechos políticos y ciudadanos". Fernando Cuéllar. Comité Cívico Santa Cruz

"Pretendemos que la instancia internacional haga respetar nuestros derechos humanos". Waldo Albarracín. Exdefensor del Pueblo

"El 21F, día de la mentira, vamos a mostrar la unidad de los movimientos sociales en torno al proceso de cambio". Leonardo Loza. Dirigente cocalero

EL  GOBIERNO DESCONOCE A MITMA Y LA COB RECHAZA

Para el ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, ya es un “exdirigente” de la entidad matriz de los trabajadores, toda vez que su gestión culminó en enero pasado y se está a la espera de que un nuevo congreso elija a la nueva dirigencia sindical.

En tanto, la COB instruyó a las organizaciones afiliadas acatar el paro nacional movilizado convocado para este jueves 1 de febrero en defensa y desagravio de la institucionalidad orgánica del ente matriz de los trabajadores y en respaldo a Mitma.

La COB denunció que es víctima de dirigentes afines al Gobierno que buscan dividir al ente de los trabajadores, y acusó a personeros de la oficialista Conalcam de “injerencistas” y de buscar que la Central Obrera sea sumisa al MAS.

ANÁLISIS

José Antonio Rivera. Constitucionalista

“El TCP violó el derecho de millones de bolivianos que votaron No”

La denuncia presentada por la violación del derecho de votar y el respeto de la voluntad política expresada a través del voto, pues el TCP al expedir la sentencia 0084 sobre la base de una incorrecta interpretación de los alcances del derecho a ser elegido, lo que ha hecho es violar el derecho de los millones de bolivianos que votaron por el No el 21F.

Lo que han presentado los exdefensores es una denuncia contra el Estado boliviano y la violación de este derecho y se lo hace ante la CIDH, esa comisión tiene que investigar el asunto y, una vez que admita, verá si es que corresponde y hará un informe preliminar para ver si es que existe la violación del derecho y, si es así, hará las recomendaciones al Estado boliviano para que repare y en caso de no hacerlo tomará la decisión de emitir el informe definitivo o presentar la demanda ante la a CorteIDH para que se inicie una demanda contra el Estado. Para el caso de que todo prospere que puede llevar años, la corte dictará una sentencia, si establece la veracidad de la denuncia instituirá un conjunto de medidas de reparación integral.

La otra posibilidad es que a uno de los órganos de la OEA, ya sea el Comité Jurídico, la CIDH o el mismo Secretario General, cualquier autoridad presente una consulta ante la CIDH para que realice una interpretación de alguna de las normas de la convención, que en este caso sería sobre el artículo 23, sobre los alcances del derecho a ser elegido, entonces la Corte Interamericana hará una interpretación sobre este punto. Este proceso es más corto y puede llevar entre ocho a 10 meses.