La Fiscalía puede acusar o rechazar la denuncia contra Carlos Mesa
En 26 días, la Fiscalía debe pronunciarse aceptando o rechazando la proposición acusatoria presentada por la Procuraduría General del Estado contra el expresidente Carlos Mesa y tres de sus exministros por el proceso de arbitraje internacional entre el Estado y la empresa chilena Quiborax, por el que ahora Bolivia debe pagar 48,6 millones de dólares.
En tanto, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, confirmó que la Sala Penal de esa instancia recibió la denuncia contra Mesa por el caso Quiborax.
Según el artículo 14 de la Ley para el Juicio de Responsabilidades en Bolivia, la fiscal o el fiscal general del Estado, “en base a la proposición recibida y con los antecedentes que pudiera acumular, en el plazo máximo de 30 días hábiles, deberá formular el requerimiento acusatorio o, en su caso, el rechazo de la proposición acusatoria dictaminando el archivo de obrados por falta de tipicidad y de materia justiciable”.
La proposición acusatoria contra Mesa fue presentada oficialmente el pasado 22 de mayo. Desde esa fecha corre el plazo de 30 días hábiles que dicta la norma.
Este proceso contra Mesa y tres de sus exministros fue iniciado por la Procuraduría General del Estado, que en un principio pidió a la Fiscalía abrir una investigación.
El procurador Pablo Menacho dijo que la denuncia fue presentada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica tras la aprobación del Decreto Supremo 27589.
En el procedimiento se detalla además que en caso de existir materia justiciable, la fiscal o el fiscal general del Estado requerirá ante el TSJ el enjuiciamiento, requerimiento que, previa consulta a su Sala Penal, será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), pidiendo su autorización expresa para proceder.
Posteriormente, la ALP, por decisión de al menos dos tercios, concederá la autorización de juzgamiento y remitirá todos los antecedentes al TSJ. Con este paso se inicia la etapa preparatoria.
Revilla aclaró que la Sala Penal del TSJ debe analizar los antecedentes fácticos y la subsunción legal de ese proceso.
Aseguró que, en los actos iniciales de investigación, el TSJ cumplirá con los plazos procesales correspondientes. “El proceso fue presentado ante el TSJ el 23 de mayo”.
Explicó que, a partir de esa fecha, corren los plazos procesales para que el Ministerio Público indague y comience a tomar las declaraciones y los involucrados, entre ellos Mesa y sus colaboradores.
La controversia comenzó durante la administración del expresidente Carlos Mesa, a raíz de la emisión del Decreto Supremo 27589, del 23 de junio de 2004, que dispuso la revocatoria y pérdida de las 11 concesiones mineras obtenidas por la empresa boliviana Non Metallic Minerals S.A. y el pago de más de 48 ,6 millones de dólares por el Estado boliviano.
En una declaración anterior, el exmandatario Carlos Mesa aseguró que la denuncia del Gobierno se apega a una “campaña de demolición” de su imagen y aseguró que Bolivia fue defendida de manera “desastrosa” ante la demanda de arbitraje de Quiborax.
48,6 millones de dólares es lo que Bolivia debe pagar a la empresa chilena Quiborax tras haber perdido un laudo arbitral en la Ciadi.
VERSIONES
"La PGE ha presentado una denuncia o querella penal contra el expresidente Carlos Mesa y algunos de sus exministros, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones". José Antonio Revilla. Presidente del TSJ
"En julio, apenas un mes después de la revocación de las concesiones, la empresa Quiborax ya le anunció a Mesa (que hará una demanda) y se lo volvió a reiterar en octubre de ese año". Pablo Menacho. Procurador
MESA ASEGURA QUE HAY CONTRADICCIÓN
Para el expresidente de Bolivia Carlos Mesa, el Gobierno incurre en “una mentira flagrante” y una contradicción cuando sugiere la ilegalidad del Decreto Supremo 27589, cuando es la propia Procuraduría la que, en el laudo de apelación presentado ante Ciadi en 2015, defiende la legalidad de la norma. Como prueba, cita textualmente un documento de la Procuraduría.
EL EXPRESIDENTE DECLARA HOY POR CASO ODEBRECHT
El expresidente de Bolivia Carlos Mesa declarará hoy ante la comisión paralela que investiga el caso Odebrecht en Bolivia, informó ayer el senador (UD) Arturo Murillo.
La semana pasada, Mesa aceptó brindar información ante la comisión paralela que la oposición creó en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), para investigar denuncias de sobornos en contrataciones estatales de empresas brasileñas.
Según Murillo, la intervención del exmandatario será muy útil para despejar varias dudas respecto a su participación en la contratación de la empresa Camargo Correa que ejecutó el proyecto observado Roboré-El Carmen.
En tanto, el martes pasado, la presidenta de la Comisión Especial Mixta que investiga los sobornos a funcionarios públicos bolivianos por la compañía Odebrecht, la diputada Susana Rivero (MAS), anunció que indagará 22 viajes que realizó Mesa a Lima en su época como Jefe de Estado.
Anteriormente, el Gobierno advirtió que la comisión paralela, que conformaron representantes de la oposición política en la ALP para investigar los presuntos vínculos de constructoras brasileñas con Bolivia, no podrá requerir información por canales oficiales.
Sin embargo, la oposición considera que es necesario revisar todos los contratos con empresas brasileñas vinculadas por el caso Odebrecht.