Ministra López a Mesa: "Deje de hacer política en la plaza y defiéndase en el juzgado"
La ministra de Comunicación, Gisela López, escribió hoy en su cuenta de Twitter que el expresidente Carlos Mesa, "confunde adrede los datos" en el caso Quiborax. Pidió que "deje de hacer política en la plaza" y que se defienda en el juzgado.
Mesa confunde adrede los datos. El juicio que le inició la Fiscalía no es por el 21F, es por los 42M de dólares que nuestro país perdió por su aberrante violación de normas que benefició a una empresa chilena. Deje de hacer política en la plaza y defiéndase en el juzgado
— Gisela López Rivas (@giselalopez68) 10 de julio de 2018
El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, presentó ayer un Requerimiento Acusatorio de Juicio de Responsabilidades en contra de Mesa por el caso Quiborax.
La acción fue realizada ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la ciudad de Sucre al límite del plazo establecido.
De acuerdo a procedimiento, si la Asamblea Legislativa determina el inicio de juicio de responsabilidades, el Ministerio Público comenzará con la etapa de investigación correspondiente.
Los cargos por los que se instauró la denuncia son resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Mesa criticó la determinación de la Fiscalía General del Estado de ratificar la denuncia propuesta por la Procuraduría. Dijo que la decisión es solo un "adelanto de lo que va a pasar" y que se siente "condenado".
"No me sorprenderá que hasta fin de agosto esté yo ya acusado por la Asamblea (Legislativa Plurinacional) y ésta le pasará al Tribunal Supremo de Justicia la acusación para que se me abra el proceso penal correspondiente", manifestó.
La empresa chilena Quiborax, representada por el estudio Bofill Mir & Álvarez Jana, comenzó a operar en Bolivia hace más de 16 años con exploración del mineral no metálico de ulexita en el Salar de Uyuni, en Potosí, a través de una sociedad con Non-Metallin Minerales SA.
Sin embargo, en 2004, tras la emisión del Decreto Supremo 27589 durante el Gobierno de Mesa, se determinó revertir las concesiones mineras que tenía Quiborax en esa región potosina.
En 2006, al no lograrse acuerdos de compensación con el Gobierno, la empresa chilena demandó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) a Bolivia por 66 millones de dólares.
En septiembre de 2015, Ciadi falló a favor de Quiborax, estableciendo en 48,6 millones de dólares el monto de indemnización. Bolivia apeló de inmediato; sin embargo, el 18 de mayo de 2018, Ciadi desahució el laudo nacional y a través de un fallo confirmó los montos establecidos en 2015.
El Gobierno boliviano cumplió con el fallo que dictó Ciadi y acordó un pago de 42,6 millones de dólares a la empresa chilena, tras un acuerdo con la misma.
