Fiscal impulsará un censo en las cárceles del país

El nuevo fiscal general del Estado, Juan Fausto Lanchipa, fijó como uno de sus principales retos de su gestión “ejecutar un censo en todos los recintos penitenciarios de Bolivia para determinar “si realmente la detención preventiva de los presos es correcta” y, sobre todo, analizarla situación jurídica de los privados de libertad.

Lanchipa que será posesionado en el cargo mañana en la Vicepresidencia del Estado en reemplazo de Ramiro Guerrero, señaló que trabajará bajo la consigna de reducir la carga procesal, el cambio de los fiscales departamentales, el resguardo de los derechos de sectores vulnerables, la implementación de un nuevo modelo, además de plantear la reforma del Código Penal que incorpore delitos nuevos.

“El martes va a ser la posesión del nuevo Fiscal que ya fue elegido por la Asamblea (Legislativa) y estamos invitando a todos a la Vicepresidencia a las 10:00”, informó en su momento el vicepresidente Álvaro García Linera.

La flamante autoridad asume luego de superar un proceso de selección y evaluación a 53 aspirantes al cargo. “Debemos trabajar en función de la carga fiscal que existe en el Ministerio Público. Hay un 25 por ciento de los delitos que son por orden patrimonial y casi el 26 por ciento de delitos de violencia. En estos casos se debe aplicar salidas alternativas. En la Fiscalía vamos a tener esa carga permanente y tenemos que trabajar en que se disminuya. Debemos aplicar con objetividad la investigación y establecer elementos en contra de los imputados y hay que garantizar en todo momento los derechos de las personas, víctimas y los implicados”, refirió en un contacto con los medios.

Asimismo, dijo que la última circunstancia, medida, razón debe ser la “aplicación un proceso penal”, por lo que se hace necesario tomar decisiones para reducir el índice de detenidos, toda vez que el 78 por ciento de los presos está con detención preventiva.

“Como principal reto que tenemos es realizar un censo en todos los recintos penitenciarios de Bolivia para determinar si realmente la detención preventiva de los presos es correcta y sobre todo ver la situación jurídica”, manifestó en su momento Lanchipa.

Sectores vulnerables

Por otra parte, durante la última etapa de selección, en la fase de entrevista, al ser consultado sobre la aplicación de las normas en casos de personas discapacitadas, manifestó que es un sector “muy vulnerable” de una sociedad, por lo que se debe adoptar una “política de proteger el desempeño, desarrollo, que son limitados, para el disfrute de sus derechos”.

“El Ministerio Público debe resguardar los derechos y garantías de todos, pero en particular de estos sectores vulnerables”, afirmó durante la entrevista.

Respecto al planteamiento de reformas al sistema penal, el abogado explicó que estas normas que establecen las conductas delictivas se encuentran desactualizadas por lo que se debe realizar cambios estructurales.

La nueva autoridad sostuvo que el Código Penal fue rebasado por otras normas, que en su texto incluyen tipos penales y que por lo tanto éste ya no responde a la realidad.

“Hay que garantizar en todo momento los derechos de las personas, víctimas y los implicados”.

CONCLUYE SEIS AÑOS DE GESTIÓN

Ramiro Guerrero, exconstituyente del MAS y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia durante la transición nombrado por ley del presidente Evo Morales, fue posesionado el 23 de octubre de 2012, tras un proceso de selección en la Asamblea Legislativa.

MÁS CAMBIOS DE PERSONAL

El nuevo fiscal general, Ramiro Guerero, Juan Lanchipa, también adelantó la remoción de los nueve fiscales departamentales debido a que “ninguno es institucionalizado”, además dijo que las nuevas autoridades deben responder a un nuevo modelo de administración de la Fiscalía General del Estado.

“Vamos a buscar personas que estén acorde a este nuevo plan modelo de gestión fiscal, que conozcan y tengan el objetivo nuestro y la mente clara sobre los cambios que amerita la institución”, sostuvo.

GUERRERO DEJA PENDIENTE 16 CASOS DE RELEVANCIA

ANF

El saliente fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, deja 16 casos de relevancia nacional sin resolver, la mayoría de conflictos sociales y casos de corrupción vinculados con el Gobierno.

Después de cumplir su mandato de seis años, Guerrero dejará el cargo sin lograr esclarecer plenamente y sin sentencia al menos 16 casos de interés nacional que marcaron la agenda política y social en el país y que se generaron en su gestión.

En un recuento se identificó que de los 16 casos más simbólicos que le tocó indagar al Ministerio Público a la cabeza de Guerrero se encuentran: Fondo Indígena, caso LaMia, crisis del agua en La Paz-EPSAS, atracos a Brinks y a Eurocrhonos, asesinato de Rodolfo Illanes y muerte de cooperativistas.

En la lista también se encuentran los casos: taladros, desfalco millonario al Banco Unión, caso bebé Alexander, explosiones en Oruro, Bolivia TV, irregularidades en la ABC, muertes en La Asunta, conflicto de la Universidad Pública de El Alto con un muerto, irregularidades en Dircabi y caso Zapata.