Bolivia incumple recomendaciones y la CIDH pasa el caso de Juan Carlos Flores a la Corte
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de desaparición forzada de Juan Carlos Flores Bedregal de Bolivia, por el incumplimiento de las recomendaciones para resarcir los daños y esclarecer el hecho que se encuentra en la impunidad.
"La Comisión Interamericana sometió el caso a la jurisdicción de la Corte el 18 de octubre de 2018, porque consideró que Bolivia no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo", se lee en el comunicado de la CIDH.
El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada de Juan Carlos Flores Bedregal, dirigente del Partido Obrero Revolucionario y diputado nacional, y "la impunidad en la que se encuentran estos hechos". Su desaparición tuvo inicio de ejecución en el marco del golpe de Estado de julio de 1980 por fuerzas militares.
La Comisión determinó que aunque se adelantaron procesos que culminaron con sentencias condenatorias, "hasta la fecha no ha existido un esclarecimiento completo de lo sucedido a la víctima, incluyendo el paradero de sus restos mortales, situación que ha obedecido a la activación de múltiples mecanismos de encubrimiento".
La CIDH señaló que la existencia de indicios sobre la muerte de Juan Carlos Flores Bedregal no modifica la calificación jurídica de desaparición forzada, ya que "después de 38 años de su desaparición, los familiares no cuentan con información ni acceso a los restos mortales para tener certeza de cuál fue su destino".
Además, la CIDH determinó que "ni el juicio de responsabilidades realizado en 1993, ni la sentencia condenatoria dictada en 2007, han sido recursos efectivos para lograr el esclarecimiento de la verdad sobre lo ocurrido con la víctima".
Informe de Fondo
En el Informe de Fondo, la Comisión recomendó a Bolivia "investigar de manera completa, imparcial y efectiva el paradero de Juan Carlos Flores Bedregal, y adoptar las medidas necesarias para identificar y entregar a sus familiares los restos mortales según sus deseos".
La CIDH solicitó llevar a cabo los procedimientos internos relacionados con las violaciones a los derechos humanos declaradas en el informe de fondo, de manera imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable, con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar a todos los responsables e imponer las sanciones que correspondan.
Asimismo, la Comisión recomendó a Bolivia "la reparación adecuada de las violaciones a derechos humanos declaradas en el informe de fondo tanto en el aspecto material como moral, incluyendo una justa compensación".
El Estado también debía adoptar "medidas de satisfacción para la recuperación de la memoria histórica de la vida y rol de Juan Carlos Flores Bedregal como líder social y político".
Las medidas de satisfacción debían incluir un "acto público de reconocimiento de responsabilidad", así como las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de los familiares declarados víctimas de manera concertada.
Finalmente, la CIDH recomendó a Bolivia cumplir con sus "obligaciones en materia de acceso a la información a los archivos estatales, incluidos los militares", relacionados con las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Luis García Meza.
Especialmente, adoptar políticas dirigidas a obtener, producir, analizar, reconstruir, organizar y facilitar la información contenida en dichos archivos.
Sin embargo, al no ver ningún avance ni voluntad de parte del Estado Boliviano, "la Comisión Interamericana sometió el caso a la jurisdicción de la Corte el 18 de octubre de 2018, porque consideró que Bolivia no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo".