Un informe alerta de la tendencia vulneratoria de derechos humanos en Bolivia
Un informe alerta que los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en Bolivia son vulnerados, por lo que pide al Estado priorizar su protección, según un reporte presentado hoy por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y la ONG Unitas.
Susana Eróstegui, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), sostuvo que el "Estado boliviano ha mantenido una tendencia vulneratoria" de derechos este año, en la presentación del informe en la sede de la asamblea en La Paz.
"Es imperante que el Estado se enfoque en el mejoramiento de las políticas para la protección de los derechos, considerando que las tres libertades (asociación, reunión pacífica y expresión) son las bases fundamentales de una sociedad democrática", expresa el reporte que leyó Eróstegui.
De acuerdo a ese diagnóstico, que fue presentado conmemorando el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se vulnera la libertad de expresión "contra quienes investigan, critican o se oponen a la gestión gubernamental".
"En varias ocasiones altas autoridades públicas han descalificado las opiniones, el trabajo y las capacidades de medios de prensa, instituciones, organizaciones políticas y plataformas ciudadanas, menoscabando su derecho a impartir información y opiniones", manifestó.
La directora expuso que "hay limitaciones a la libertad de asociación", principalmente por "una burocracia estructural que se ha intensificado en los últimos años".
Eróstegui citó los "procedimientos largos y engorrosos" para los partidos políticos, que se arriesgan a no ser reconocidos por procesos poco respetuosos con los estándares internacionales.
De la misma forma, detalló algunos casos que reflejan que existe "retardación de justicia" y un sistema judicial que no es efectivo, además del abuso de la detención preventiva.
También manifestó que existe un "debilitamiento de las instituciones estatales" y nombró al Tribunal Supremo Electoral, que está basado "en las preferencias de una mayoría política".
El informe expresa que la independencia de esa institución y del Estado en general "se ha puesto en tela de juicio por su accionar irregular".
