Gobierno confirma que Conare rechazó solicitud de refugio a Battisti y decidió expulsarlo
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó hoy que la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) rechazó la solicitud de refugio presentada por el ultraizquierdista italiano Cesare Battisti, con sentencia de cadena perpetua en su país de origen, y por eso el Ejecutivo decidió expulsarlo del país con el argumento de que ingresó al país de manera irregular.
"El 21 de diciembre (de 2018) se había solicitado (el refugio), y el 26 de diciembre se respondió con la denegación de la solicitud", dijo Romero en contacto con los medios de comunicación.
Al habérsele negado el refugio a Battisti, Romero dijo que para expulsarlo del país y entregarlo a las autoridades italianas, "simplemente hemos aplicado un procedimientos migratorio, dado que no se había registrado un ingreso legal al país".
"Considerando que el Conare había rechazado una solicitud de refugio, y habiendo una alerta roja de la Interpol, lo que se ha hecho es aplicar el procedimiento correspondiente", señaló Romero.
La decisión del Gobierno fue tomada en contra de lo que señala el artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto del refugiado, que indica: "Los Estados Contratantes no impondrán sanciones penales, por causa de su entrada o presencia ilegales, a los refugiados que, llegando directamente del territorio donde su vida o su libertad estuviera amenazada en el sentido previsto por el artículo 1, hayan entrado o se encuentren en el territorio de tales Estados sin autorización, a condición de que se presenten sin demora a las autoridades y aleguen causa justificada de su entrada o presencia ilegales".
La decisión del Gobierno fue criticada por autoridades, exautoridades y hasta militantes de la línea dura del partido Movimiento al Socialismo, quienes lamentaron, entre otras cosas, la vulneración de derechos del italiano.
Según el artículo 6 del Reglamento a la Ley Nº 251 de Protección a Personas Refugiadas, aprobada por el gobierno, la expulsión de personas refugiadas o solicitantes de tal condición "procederá única y excepcionalmente por razones de seguridad del Estado o de orden público".
Además, en atención al debido proceso, en forma previa, "la CONARE convocará a la persona refugiada o solicitante de tal condición a una audiencia, a fin de que pueda presentar pruebas exculpatorias, declaraciones, aclaraciones o justificativos que considere convenientes".
Evaluado el caso, agrega, se emitirá la resolución correspondiente, que será debidamente fundamentada y "pasible de recurso de impugnación ante la Comisión de Impugnación".
En caso de que procediera la expulsión, se lee en el reglamento, "se otorgará al refugiado un plazo razonable para gestionar su admisión legal en un tercer país, donde no peligren su derecho a la vida, libertad y seguridad".
