A 13 años del MAS, los cambios profundizaron la crisis en la justicia

Bolivia cumple este 22 de enero nueve años con la denominación de Estado Plurinacional y 13 años bajo la gestión del MAS. ¿Se ha construido la institucionalidad? ¿Se ha consolidado el Estado? ¿Qué hitos lo marcan? Analistas, especialistas y políticos dan algunas luces sobre este aspecto, comenzando por el sistema judicial.

El gran fracaso del Gobierno del MAS es el sistema de justicia, admitió a inicios de 2018 el vicepresidente Álvaro García Linera. Un año después, la situación no ha cambiado. Ni las elecciones judiciales, las nuevas leyes ni la renovación de instituciones de formación han logrado cambiar la triste y malograda imagen de este órgano del Estado, que tiene en la cooptación y la falta de independencia sus dos mayores lastres, coincidieron especialistas del área.

La exmagistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, explicó que la crisis judicial no es sólo de este Gobierno, pero aseguró que antes de la administración del MAS había un proceso de consolidación e institucionalización del Órgano Judicial que, si bien no estaba completo y no era una “panacea”, tenía avances relevantes como la puesta en funcionamiento del mismo Constitucional en 1999.

“Hace muchos años que la justicia adolece de dificultades, pero creo que todos esos problemas se han agudizado con este Gobierno”, indicó Seleme.

Detalló que entre 1999 y 2005 se avanzó en la institucionalización de ese órgano pero que desde 2006 el MAS “atacó” a la justicia pensando que era “causante de todos los males” y se dedicó a desprestigiar y desestructurar todas las instituciones, nombrando autoridades interinas y presionando a jueces, fiscales y magistrados hasta hacerlos renunciar, con la promesa de que se iniciaría una nueva etapa de transformación judicial.

“Hicieron creer a la ciudadanía que las elecciones judiciales podrían cambiar esto, pero 13 años después fue todo un fracaso”, indicó.

Aseveró que la cooptación de las principales autoridades judiciales se ha profundizado hasta poner en riesgo la misma democracia, ya que la justicia es pieza central para el funcionamiento del Estado de derecho.

Por su parte, el abogado constitucionalista José Antonio Rivera indicó que las consecuencias de esta total cooptación de las instituciones judiciales es que no hay contrapesos entre poderes lo que elimina el control el ejercicio del poder.

“La justicia está en su peor momento, estamos transitando de un Estado de derecho a uno autocrático caracterizado por la no vigencia de los órganos de poder y de la Constitución y en estos 13 años al justicia ha entrado en una profunda crisis terminal”, aseveró.

El ejemplo “más triste” es la Sentencia Constitucional 84/17 que habilitó a Evo Morales para repostular indefinidamente, por encima del referendo del 21F y la Constitución.

El jurista caracterizó la crisis por la corrupción, la mala calidad, el mal trato, la retardación (juicios duran en promedio dos años), la excesiva penalización, el hacinamiento en cárceles (18 mil privados de libertad, 70 por ciento con detención preventiva), poca capacitación, deficiente infraestructura y poco personal.

La encuesta del Foro Regional —formado por Ciudadanía, Ceres y Los Tiempos— señala que la desconfianza en el sistema de justicia de los encuestados en las tres regiones metropolitanas del eje es de 65,8 por ciento (ver infografía).

El salto al Estado Plurinacional 2.0

Para el politólogo Marcelo Arequipa, la reflexión sobre el recorrido de una década del Estado Plurinacional no se trata de hacer un recuento histórico de fechas, sino de un par de puntualizaciones que marcaron este país para bien o para mal. En estos 10 años de Estado Plurinacional se arrancó con un fuerte componente de atención a la solución de problemas sociales de sectores más vulnerables de la sociedad: mujeres, adultos mayores, y niños.

Empero, el argumento principal no es tanto la evaluación del impacto económico del tema, sino si estos emprendimientos estatales están acompañados de la construcción y fortalecimiento de institucionalidad formal en el país. Es ahí donde veo serias críticas, porque si algo es notable en el gris estatal de hoy es sin duda que vivimos en mínimos institucionales. Si la agenda social emprendida en estos 10 años hubiera estado de la mano de la construcción institucional formal se aseguraría que las políticas públicas tengan ese largo aliento.

Hemos perdido una oportunidad de oro para dirigir ese consenso social que mayoritariamente suscribimos en el país y que lo llamamos Estado Plurinacional, para tener un Estado moderno: uno que en siente las bases institucionales mínimas e imposibles de modificar y, en segundo lugar, se hable de derechos en general; es hora de dar el salto al Estado Plurinacional 2.0.

Critican a la Fiscalía por ser “brazo perseguidor”

Tanto Silvia Seleme como José Antonio Quiroga coincidieron en que el Ministerio Público no escapa a la crisis y más bien se ha convertido en un “brazo perseguidor” del Gobierno contra sus competidores políticos.

“La Fiscalía ha servido para desatar una persecución judicial con fines políticos contra quienes el Ministerio Público hace un trabajo eficiente, pero no es así cuando se trata de casos que tocan al Ejecutivo”, dijo Rivera.

Seleme concordó en que la Fiscalía hizo una gestión bochornosa y aplicó el “derecho del enemigo” contra los opositores al Gobierno. Aclaró que su crítica es a la gestión de Ramiro Guerrero.

Por otra parte, las observaciones también llegaron a la Contraloría y la Procuraduría. Sobre la primera, Seleme dijo que “es una vergüenza. Debería ser como la conciencia del funcionario público, pero también se ha convertido en el brazo ejecutor del Gobierno contra funcionarios de oposición”.

Respecto a la Procuraduría, indicó que “fue creada para defender los intereses del Estado, pero tuvo un manejo vergonzoso en casos de gran importancia. No digo que haya corrupción, pero sí una total falta de preparación”.

Rivera, por su parte, aseveró que ni la Contraloría ni la Procuraduría cumplen los roles para los que fueron creados y eso es porque el MAS cooptó la totalidad de las instituciones y nombró en las direcciones a personas afines políticamente dejando de lado los méritos y la capacidad.