Afirman que Evo y Romero acusaron y amenazaron a defensores de derechos humanos críticos

País
Publicado el 13/06/2019 a las 20h21
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LA PAZ |

Un informe de Amnistía Internacional (AI) establece que el presidente Evo Morales y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, acusaron y amenazaron de forma pública a personas y organizaciones de derechos humanos, debido a sus críticas a las políticas gubernamentales.

"Es lamentable que en Bolivia el mismo Presidente y sus ministros acusen y amenacen públicamente a quienes dedican sus vidas a proteger las libertades y derechos de las personas más vulnerables", afirmó la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara.

Guevara dijo que el Mandatario debería reconocer de forma pública la labor de estas personas, además de garantizar un espacio libre y seguro para trabajar en defensa de los derechos humanos.

El informe "Bolivia: Hostilidad contra personas defensoras de derechos humanos" fue publicado hoy y preparado para el Examen Periódico Universal (EPU) de Bolivia, al que se someterá el país en noviembre de 2019, ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El documento expone el uso de tácticas de intimidación y estigmatización contra los defensores de derechos humanos y la situación de riesgo y censura que esto ha producido en el país, en un contexto en que el presidente Morales busca la presidencia por cuarta vez.

Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de personas que trabajan en favor del respeto y la protección de los derechos humanos.

La organización evalúa la aplicación de las recomendaciones formuladas a Bolivia en su anterior examen sobre varios temas, entre ellos las amenazas y ataques contra defensores de los derechos humanos.

El informe destaca que en los últimos dos años el trabajo de los defensores de los derechos humanos conlleva más riesgos y su situación se ha deteriorado. Dice que las declaraciones por algunas autoridades como Morales y Romero, que ponen en entredicho el trabajo realizado por organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil, suscitan dudas respecto al compromiso de Bolivia de proteger y asegurar el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión específica.

Asimismo, establece que la organización recibió información sobre las políticas gubernamentales empleadas para obstaculizar el legítimo trabajo de organizaciones de derechos humanos y deslegitimarlos.

Entre dichas amenazas están las registradas, entre agosto y septiembre, en las que autoridades del Gobierno acusaron de forma pública a la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, por los delitos "comisión y crimen organizado". Las acusaciones a Carvajal se hicieron en un contexto de violencia, tras las operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), en marzo de 2018, realizadas por policías y militares, para erradicar cultivos de coca en el municipio paceño de La Asunta.

Entonces, los campesinos de la comunidad y la Asamblea denunciaron que en esos operativos se produjeron casos de detención arbitraria y su excesivo de la FTC.

En tanto, en diciembre de 2018, el Gobierno identificó a 43 personas, incluida Carvajal, como promotoras de "violencia y racismo", durante las protestas del 6 de diciembre de 2018 en contra una nueva repostulación de Morales.

Ante esto, Amnistía Internacional recomienda al Gobierno abstenerse de amenazar y atacar a organizaciones y defensores de derechos humanos que se muestren críticos con las políticas y opiniones del Gobierno, así como fomentar un entorno en que dichos defensores puedan realizar de forma libre su legítima labor.

En dicho documento también se destacan los pedidos al Gobierno boliviano de garantizar el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre proyectos que puedan afectarlos, además de fortalecer las capacidades de la Comisión de la Verdad para avanzar en sus investigaciones sobre los crímenes de derecho internacional cometidos durante las dictaduras militares (1964-1982) y llevar ante la justicia a las personas sospechosas de responsabilidad penal.

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