ABT cometió 5 irregularidades que incidieron en crisis de la Chiquitanía

País
Publicado el 05/09/2019 a las 3h11

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) incurrió los últimos tres meses en al menos cinco irregularidades que de alguna manera incidieron en el incendio que hasta la fecha arrasó 1,5 millones de hectáreas en la Chiquitanía.

La tardía reacción al incendio forestal, la emisión de permisos de quema hasta el 10 de agosto, la ampliación del plazo de planes de desmonte y quemas emitido el 27 de agosto, la reducción de las multas por quemas a partir de la Ley 741 y la falla en los controles de los chaqueos ilegales son las irregularidades que la ABT cometió y que, según expertos, agravaron la situación en las zonas afectadas por el fuego.

A esto se suman investigaciones de corrupción como la que se ventiló en junio pasado, cuando se denunció a una red de exfuncionarios que vendían permisos de desmonte ilegal, por lo que ocho extrabajadores están investigados.

Según el presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz, Evert Durán, la ABT reaccionó tarde al incendio forestal, ya que los primeros focos de calor fueron reportados en Roboré, San Rafael, San Miguel, San Ignacio y San Matías a fines de julio e inicios de agosto.

“Normalmente se tiene el programa de alerta temprana, pero ellos han visto que empezó el incendio y no han hecho nada. Otra irregularidad más terrible es que ellos han seguido entregando permisos de chaqueo y desmonte”, dijo.

La ABT comunicó el 10 de agosto la suspensión de los permisos para las quemas, tres días después de que la Gobernación de Santa Cruz emitiera la alerta roja por los fuertes incendios.

El dirigente forestal denunció que la entidad que regula los bosques y tierras siguió entregando autorizaciones de chaqueo hasta al menos el 15 de agosto.

“El chaqueo y desmonte se otorga después de la primera lluvia, porque así el fuego no se expande y es controlable; porque cuando está seco, el bosque es como gasolina. Ése fue su primer gran error de la ABT”, indicó.

De manera contradictoria, el 27 de agosto, la ABT emitió una ampliación del plazo para la presentación de planes de desmonte y autorizaciones de quemas en Santa Cruz, a pesar de que el mismo presidente Evo Morales había declarado esa misma fecha una “pausa ecológica” en toda la Chiquitanía.

Otra de las irregularidades que el dirigente hizo notar fue que la ABT, basándose en las disposiciones adicionales de la Ley 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas, emitió el 12 de agosto, en plena crisis por los incendios, una resolución para que las personas naturales y jurídicas que tienen multas pendientes por quemas ilegales puedan acogerse a la reducción de las mismas, que además serán canceladas sin las sanciones acumulativas por retrasos.

José Serrate, presidente cívico del bloque chiquitano, que aglutina a los nueve municipios de esa región boliviana, aseveró que el problema de los asentamientos autorizados por el INRA y la ABT también incidieron en la propagación de las quemas, porque los colonos que generalmente llegan del occidente del país no conocen las formas de chaqueo controlado, lo que genera incendios de gran magnitud.

El dirigente mencionó que también hay muchas denuncias de tráfico de madera, ya que se ven muchos camiones que sacan este producto de la Chiquitanía y que ninguna autoridad local sabe si están autorizados.

 

1,5 millones de hectáreas afectaron los incendios en la Chiquitanía, tras un mes de fuego que incluso llegó a arrasar miles de hectáreas de las áreas protegidas.

 

DESMONTE ILEGAL POR $US 6 MILLONES

En junio pasado, se conoció que una red de exfuncionarios de la ABT autorizó entre 2015 y 2018 más de 2 mil resoluciones ilegales para desmontar 22 mil hectáreas de bosque en San Ignacio de Velasco. Se estima que esta red recaudó más 6 millones de dólares por esta actividad irregular. La justicia investiga a ocho exfuncionarios, entre ellos a dos exjefes de la ABT.

 

DETALLES

Cívicos denuncian que hay mil comunidades. Los cívicos de la Chiquitanía denunciaron que, entre 2006 y 2018, el Gobierno emitió autorizaciones para asentamientos de más de mil nuevas comunidades en esa región.

MAS ve discriminación. El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, aseguró que el Gobierno seguirá autorizando asentamientos porque son importantes para la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria. Además, dijo que no aceptar a comunarios del occidente sería discriminatorio.

¿Cómo se hace una quema controlada?. El presidente del bloque cívico chiquitano, José Serrate, explicó que los campesinos locales chaquean un máximo de dos hectáreas y para ello cortan en pedazos las maderas y luego la juntan en un sector, esperan la primera lluvia y luego inician la quema poniendo un perímetro controlado. Aseveró que los “colonos” que llegan de otras zonas sólo prenden fuego y luego se van.

 

PIDEN LA RENUNCIA DEL DIRECTOR DE LA ABT

El presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz, Evert Durán, y el dirigente cívico del bloque chiquitano, José Serrate, señalaron que, ante las constantes irregularidades que cometió la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), se pedirá la renuncia del director ejecutivo de esta institución, Cliver Rocha.

“La ABT no tiene gente calificada. Para mí, empieza el fuego con la entrega de (autorizaciones de) quema y desmonte, es el primer fósforo, y ahí se da cuando el clima no está acompañando, pero ellos tienen un sistema de información y no lo han visto, ellos sabían del clima, pero no tienen gente calificada para ese sector”, dijo Durán.

A esto se suma que la ABT facilitó al entrega de asentamientos a colonos que no conocen los usos tradicionales de la quema, según el dirigente cívico chiquitano.

La ABT no es la única institución que fue cuestionada por los dirigentes, pues el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) también fue duramente criticado por su labor en la entrega de asentamientos en zonas que no son aptas para la producción del agro.

Ambas instituciones pertenecen al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que está dirigido por César Cocarico.

Los Tiempos buscó la versión de la máxima autoridad de la ABT, Clíver Rocha, pero el directivo señaló que estaba en reunión y que luego respondería.


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