Indicios: asentados trafican tierra y madera y no cumplen función social

Aunque el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, aseguró que las comunidades asentadas en la Chiquitanía garantizan la provisión de alimentos para el país, surgen denuncias de que éstas incumplen la Función Económica Social (FES) y que, contrariamente, están envueltas en la venta ilegal de tierras y madera.

Según datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), hay cerca de 1.000 comunidades asentadas en la Chiquitanía y, a decir de Cocarico, los asentamientos continuarán para garantizar la producción de alimentos.

Sin embargo, el presidente del Comité Cívico de Concepción, José Serrate, aseguró que en su mayoría las comunidades sólo producen pequeñas cantidades de maní y que su principal actividad es el desmonte y venta ilegal de madera y tierras.

“Lo que encuentra uno al visitar las comunidades son montes talados, porque les han sacado la madera y las han vendido, y sólo hay tres o cuatro personas de las 40 que tenían que haber”, indicó Serrate, a tiempo de mencionar que la madera extraída tiene como destino Santa Cruz, adonde llega sin impedimento alguno pese a ser ilegal.

El líder cívico indicó, además, que el tráfico de tierra es otra actividad recurrente. Y es que sólo en Concepción, hace tres años, se colectó un total de 80 denuncias de venta de tierras comunitarias que habían sido repartidas por el INRA. De acuerdo a Serrate, el Concejo Municipal de Concepción envió las 80 denuncias documentadas al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, al de Gobierno y a las cámaras de Diputados y Senadores, pero hasta la fecha las denuncias no prosperaron.

Según el investigador del Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones Sociales (Cejis), Leonardo Tamburini, se ha constatado que desde el año 2010, cuando empezó la dotación de tierras en la Chiquitania, hasta el 2017 parte de las comunidades beneficiarias no habitaban esos predios y que sólo “habían hecho algunos trabajos especulativos para demostrar algún tipo de función social”. Señaló, además, que parte de esas tierras fueron comercializadas a empresarios brasileños, argentinos y uruguayos.

Con la puesta en vigencia de la Ley 741, en 2015, el tráfico no sólo fue de tierra sino también de madera. Según el investigador, esta ley permite desmontar y quemar tierras de vocación forestal y ejercer el aprovechamiento forestal de manera gratuita.

“Mucha gente que ha sido beneficiada ha cortado toda la madera, no ha pagado ningún impuesto y ha comercializado la madera”, añadió. Los Tiempos buscó la versión del INRA respecto a la situación de las comunidades asentadas en la Chiquitanía, pero el director nacional de Distribución de Tierras, Roly Yujra, dijo que todavía se trabaja en el tema y que en los próximos días se darán detalles.

Sin embargo, el pasado 27 de marzo, el entonces director nacional del INRA, Juan Carlos León, admitió que existe tráfico de tierras en las comunidades asentadas en la Chiquitanía y que por ello había (hasta esa fecha) 99 denuncias penales a comunarios, exdirigentes y empresarios.

“Hay gente que inclusive ha falsificado papeles, documentos y certificaciones de las comunidades y nosotros hemos iniciado demandas”, indicó.

Las primeras comunidades llegaron a la Chiquitanía desde el occidente del país en los años 90 y 2000, según Cipca

IMPONEN MODELO AGROEXPORTADOR

Según el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, la actividad predominante en las comunidades asentadas en la Chiquitanía es la producción de soya y carne bovina con fines de exportación, no así la producción de alimentos para el mercado interno.

“No son productores de alimentos. Sabe todo el mundo en Santa Cruz que estas tierras se proveen para la producción de soya y ganadería de exportación. Entonces ese es el tipo de agricultura que presiona sobre la frontera agrícola”, dijo y mencionó que el modelo agroexportador no es rentable.

COMUNIDADES “ANTIGUAS” ACLARAN QUE PRODUCEN ALIMENTOS EN LA CHIQUITANÍA

Las comunidades que llevan más de 10 años asentadas en los diferentes municipios de la Chiquitanía producen alimentos como chía, maní, sésamo, maíz, carne bovina, ovina, entre otros, declaró Dionisio Ortega Flores, miembro de la comunidad Tierra Hermosa conformada hace 12 años en el municipio San Ignacio de Velasco.

El comunario, que hasta el año pasado era dirigente, indicó que muchas comunidades de esa zona, conformadas por familias de Cochabamba, Chuquisaca y Oruro, siguen una práctica rigurosa de desmonte y quemas controladas para evitar incendios forestales.

El desconocimiento para la realización de quemas controladas en los nuevos asentamientos es catalogado como una de las causas de los incendios en la Chiquitanía.

Ortega declaró que la actividad agrícola actualmente se centra en la producción de chía. Cada familia siembra entre tres y cuatro hectáreas.

De allí, las familias obtienen una producción promedio de 900 kilos por hectárea y comercializan la totalidad del producto a una empresa en Santa Cruz a un precio que oscila entre 7 y 9 bolivianos por kilo.

El dirigente señaló que la producción de maní ha cesado en la zona, puesto que el precio de este producto bajó de 500 a 200 bolivianos por quintal, monto que no  cubre el costo de producción.

Pérdidas a causa de la sequía

La producción agrícola y ganadera en las comunidades asentadas en la Chiquitanía está deprimida a raíz de la sequía.

Desde el  mes de marzo no llovió en la zona, lo que generó la pérdida de cultivos como chía, maní y maíz, además de la pérdida de peso del ganado.