Decreto exime de responsabilidad penal a FFAA en conflictos sociales
El Gobierno de la presidenta Jeanine Añez aprobó el Decreto Supremo 4078 que autoriza a las Fuerzas Armadas de Bolivia a realizar operaciones que buscan el restablecimiento del orden público, y, en caso de necesidad de asumir medidas extremas, estarán al margen de cualquier responsabilidad penal.
La medida fue criticada por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional (AI), además de representantes del Movimiento Al Socialismo (MAS).
El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, en una conferencia de prensa, dijo que la exención de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas sólo se aplica para casos de “legítima defensa o estado de necesidad”. “No significa que las FFAA tengan licencia para matar”, indicó.
El artículo tercero del decreto establece que “el personal de las FFAA que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúen en legítima defensa o en estado de necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el art. 11 y 12 del Código Penal, Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal”.
Este artículo causó preocupación en instancias que velan por los derechos humanos, como la CIDH, que calificó la norma como “grave”, debido a que “desconoce los estándares internacionales de derechos humanos”.
Además, por su estilo, “estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos”, se pronunció la CIDH en Twitter.
Por su parte, Amnistía Internacional señaló que, con este decreto, Bolivia “estaría violando estándares internacionales de derechos humanos al dar vía libre a las FFAA para actuar en los operativos de restablecimiento del orden interno sin riesgo de tener que responder penalmente por sus actos”.
“El personal de las FFAA que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y la estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”, dice la norma.
La Policía y las Fuerzas Armadas realizan operativos conjuntos desde el pasado lunes para mantener el orden, tras el caos en que se sumió el país después de que el día antes Morales anunciara su renuncia.
MANIFIESTO
Justificaciones del decreto
Entre las argumentaciones del decreto, se señala que Bolivia vive un estado de caos y convulsión social, debido a la manipulación del voto popular en las elecciones del 20 de octubre de 2019.
Además, la situación tiende a agravarse, incluso con el riesgo de llegar a una guerra civil, lo que debe ser evitado por todos los medios legales y legítimos en la búsqueda definitiva de la pacificación de la sociedad boliviana.
En su primer artículo, la norma autoriza la participación de las FFAA en la defensa de la sociedad y conservación del orden público, en apoyo a las fuerzas de la Policía, a fin de reafirmar y consolidar la unidad y pacificación del país.
