Madres de Plaza de Mayo de Argentina envían un grupo para analizar la situación en Bolivia
BUENOS AIRES |
La Asociación de Madres de Plaza de Mayo anunció hoy en Argentina que envían una delegación a Bolivia para recorrer los hospitales del país y entrevistarse con las víctimas de lo que consideran un "golpe de Estado".
La organización de derechos humanos, fundada por madres cuyos hijos fueron hechos desaparecer durante la última dictadura argentina (1976-1983), tendrá en Bolivia un "pequeño equipo" formado por un abogado, un cura y "otro compañero que va a filmar", explicó la titular de la asociación, Hebe de Bonafini.
"Como ya no podemos viajar nosotras mandamos a compañeros que nos representan", explicó.
De Bonafini aseguró que van con "mucho respeto" y "con las cosas muy bien hechas y muy organizadas", y confió en que los compañeros de la asociación que envían puedan realizar el trabajo sin complicaciones.
"Llevamos algunos contactos para que no sea lo que ellos (el Gobierno interino) quieren, porque una dictadura no puede llamar a elecciones y vamos a hacer lo posible para que el partido de Evo (Morales) se reconstruya", sostuvo la presidenta de una de las dos facciones de las Madres de Plaza de Mayo.
El conflicto desencadenado en Bolivia desde las pasadas elecciones del 20 de octubre costó la vida en actos violentos a 34 personas, según datos de la Defensoría del Pueblo.
Entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han enviado delegaciones a Bolivia para estudiar la situación en el país, tras denuncias de muertes de civiles por disparos en operativos policiales y militares.
Las protestas comenzaron al día siguiente de las elecciones, en rechazo al fraude electoral a favor de Evo Morales, que fue luego declarado vencedor para un cuarto mandato consecutivo.
El pasado 10 de noviembre la Organización de Estados Americanos advirtió de "graves irregularidades" en los comicios y Morales anunció su renuncia para salir al día siguiente hacia México, donde está asilado.
La renuncia de Morales ha sido calificada como "golpe de Estado" por varios Gobiernos y políticos latinoamericanos.
