Salvatierra y Núñez cruzan palabras sobre remisión de Ley de Garantías al TCP
El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, informó hoy que el Gobierno analiza enviar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la Ley de Garantías Constitucionales antes de que sea analizada por la Cámara de Senadores.
La ley, entre otras determinaciones, exige la "entrega inmediata" de salvoconductos a exautoridades, dirigentes y personas particulares que tengan asilo, además de "viabilizar su inmediata salida". De acuerdo al legislador, Oscar Ortiz, esta norma sólo obedece a las instrucciones de Evo Morales y Álvaro García, que buscan una protección adicional porque saben la responsabilidad que tienen en "promover la violencia entre los bolivianos".
"Estamos viendo la posibilidad de hacer una consulta previa de constitucionalidad al TCP. Consideramos que este proyecto de Ley no es necesario, no corresponde dar garantías cuando ya lo establece la Constitución y las leyes de nuestro país", aseveró Núñez.
Ante las declaraciones de Nuñez, la senadora Adriana Salvatierra, a través de su cuenta de Twitter, "aconsejó" al ministro que lea el artículo 134 de la Ley 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional "que contradice sus deseos".
Al parecer Salvatierra no ha comprendido lo que significa la supremacía de la CPE.Frente a las demás normas. Sería bueno que lea el art.202 num. 7 de la CPE. La cual establece el camino expedito para que la Presi consulte sobre la constitucionalidad de cualquier proyecto de ley.
— Yerko Núñez Negrette (@yerko_nunez) December 9, 2019
El artículo 134 señala que la "Presidenta o el Presidente del Estado Plurinacional, cuando se trate de proyectos de ley de iniciativa del Órgano Ejecutivo".
Inmediatamente la autoridad de Gobierno respondió que "Salvatierra no ha comprendido la supremacía de la Constitución Política del Estado".
De acuerdo a la aclaración, la CPE establece que "las consultas de la Presidenta o del Presidente de la República, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal Agroambiental sobre la constitucionalidad de proyectos de ley. La decisión del Tribunal Constitucional es de cumplimiento obligatorio".
La aprobación de esta norma fue parte de los pedidos expuestos en resolución de los sectores sociales del trópico, afines al MAS, como condición para un cuarto intermedio en las movilizaciones que se desataron a partir de la salida del poder del exmandatario Evo Morales.
