Falta planimetría y reconstrucción a un mes del enfrentamiento

Las investigaciones por las muertes y los hechos de violencia por el conflicto poselectoral en Cochabamba no avanzan por diferentes motivos. En el caso de la tragedia de Huayllani, en Sacaba, donde ocurrieron nueve de las 12 muertes, la Fiscalía no pudo tomar las declaraciones y recabar los datos para el informe de planimetría porque sólo cuatro familiares de las víctimas asistieron a declarar.  Tampoco se realizó la reconstrucción de los hechos. Los familiares rechazaron estas denuncias y aseguraron que la Fiscalía no está realizando con esmero su trabajo.

El fiscal departamental de Cochabamba, Óscar Terrazas Chacón, explicó que son varios los procesos que se han iniciado por los hechos violentos que ocurrieron en Cochabamba.

Aseveró que se han enviado requerimientos a varias instituciones para recabar datos, pero que en el caso de Huayllani, si bien se tiene el informe de balística, no se ha avanzado en el de planimetría, porque no se tiene el registro exacto de los lugares donde fueron hallados los cadáveres. 

El reporte de planimetría es fundamental para saber el ángulo y la distancia de las balas. El informe de balística señaló que la causa de muerte de los nueve fallecidos fue por impacto de arma de fuego.  La autopsia forense determinó que ocho de los nueve fallecidos tenían orificio de entrada y salida de proyectil de arma de fuego. Seis cuerpos tenían impacto en el tórax y  tres en la cabeza. Se recuperaron dos proyectiles: de 5.56 y 38 milímetros, que son de armas de fuego largas.

Las FFAA y la Policía aseveraron que su armamento reglamentario no es de ese tipo de calibres.

El fiscal de materia de Sacaba, Richard Villaca, que forma parte de la comisión investigadora, explicó que se abrieron varios procesos. Uno por los nueve muertos en Huayllani, otro por los heridos, un caso más por la destrucción de las oficinas de Tránsito de la Policía de Sacaba y otro por el saqueo y destrucción de la Estación Policial Integral de Huayllani. También hay un proceso, abierto a pedido de la II Brigada Aérea, por los impactos de bala en la tanqueta de las FFAA, durante la jornada del 15 de noviembre.

 Aseveró que la investigación sobre las muertes está paralizada porque no se puede tomar declaraciones para el informe de planimetría, pues los familiares y principales testigos de los hechos viven en el trópico, zona que se quedó sin presencia policial tras lo sucedido en Huayllani. 

“No podemos ingresar porque no tenemos las garantías necesarias de seguridad, el trópico está reticente, no permite ingreso de funcionarios policiales y de cierta manera eso entorpece la investigación, en el caso de los muertos no podemos realizar el peritaje de planimetría, justamente porque no tenemos los datos de dónde es que esta persona ha fallecido (...), pero no quieren prestar la colaboración necesaria”, indicó.

El abogado de las víctimas, Ricardo Leclere, desmintió las acusaciones de la Fiscalía y aseveró que los familiares están dispuestos a colaborar con la investigación.

“El que es director de la investigación es el fiscal, él debe proponer las diligencias investigativas que vea conveniente y hasta el día de hoy no conocemos ninguna diligencia de que él ordene para poder investigar, tampoco hemos recibido la notificación de alguna inspección de alguna reconstrucción”, apuntó.

Dijo que los familiares son los primeros interesados en que se sepa qué ha ocurrido y que asistirán a las convocatorias del Ministerio Público en cuanto se les notifique.

Respecto al Decreto Supremo 4100 que otorga una indemnización de 50 mil bolivianos a los fallecidos, el abogado y los familiares aseveraron que no es suficiente, pues  hay varias viudas que quedaron con sus hijos huérfanos y que será muy difícil que se repongan a corto plazo. 

“A nivel informativo sólo se conoce que hay nueve fallecidos, pero lo que no se ha declarado es que hay esposas que quedaron viudas, hijos en orfandad, hay hermanos, hay una familia que está atrás y eso implica un problema social profundo. No es nomás agarrar y darles dinero, dónde está la parte psicológica, cómo van a sobrellevar este trauma en el tiempo”, dijo.

Indicó que los próximos días se realizará en el trópico un levantamiento de datos para conocer a detalle cuántas familias quedaron afectadas por estos sucesos.

Huayculi y la zona sur, en proceso

Además de Huayllani, ocurrieron tres muertes en Cochabamba durante las protestas en Sacaba, la zona sur y en Huayculi, Quillacollo. El caso de Limberth  Guzmán, un joven de 20 años, que murió en el puente Huayculi en medio de los enfrentamientos entre sectores del MAS y colectivos que denunciaban fraude electoral, sigue en investigación . Se sabe que se imputó a cuatro personas, pero tres fueron liberadas con medidas sustitutivas y una fue  separada del caso.

En el caso de  Juan José Mamani Larico, miembro de la Resistencia Juvenil cochala, que falleció tras ser golpeado por una turba en la zona sur el 12 de noviembre, se sabe que se abrió un caso. Otra muerte ocurrió en Sacaba, el 11 de noviembre, que también está en proceso.