Cruz y Cox exigen al Gobierno cumplir con medidas de protección otorgadas por la CIDH
La Defensoría del Pueblo exigió hoy al Gobierno cumplir con las medidas de protección que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó a favor de la defensora, Nadia Cruz; el representante defensorial en Cochabamba, Nelson Cox, y la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce.
"El hostigamiento que se sufre, particularmente en Cochabamba, no ha cesado. Hay grupos delincuenciales articulados que constantemente generan hostigamiento. El Estado no ha asumido una medida, ni una garantía mínima", expresó Cruz en conferencia de prensa.
La CIDH solicitó al Estado boliviano adoptar medidas para proteger la vida e integridad de Cruz y Cox, además de garantizar que desempeñen sus actividades “sin que sean objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia”.
Según la CIDH, en el caso de Cruz y Cox, sus oficinas fueron objeto de intentos de tomas o cierres a mano de terceras personas, lo que ha implicado serios obstáculos e impedimentos para que los funcionarios que trabajan en tales oficinas pudiesen realizar sus labores debidamente y que personas que buscan ser atendidas por la Defensoría pudiesen acercarse o ingresar con normalidad.
“El hostigamiento ha sido incesante en contra mía (...). Fueron acciones beligerantes en mi contra, a tal punto que han sido dos semanas que no nos han dejado entrar a la oficina”, manifestó Cox.
El pasado 27 de noviembre varios sectores iniciaron una vigilia para pedir el alejamiento de Cox de la Defensoría en Cochabamba, porque consideran que su actuación fue parcializada con los sectores afines al MAS durante el conflicto poselectoral por la denuncia de fraude.
Los manifestantes interpusieron una denuncia contra Cox por presunto incumplimiento de deberes.
Alcaldesa de Vinto
La CIDH también determinó otorgar medidas cautelares (de protección) a la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, y sus hijos en Bolivia, debido a que se encuentra en situación de riesgo.
El 6 de noviembre, Arce fue retenida por horas a manos de un grupo, tras haberse atacado y quemado la Alcaldía que ella preside. Por ello, la CIDH pidió a Bolivia que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad de Arce.
