Evo ordenó en 2012 patrullajes conjuntos de la Policía y FFAA

El patrullaje conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, con fines de seguridad ciudadana, no es un hecho inédito en el país; hace ocho años el gobierno del expresidente Evo Morales ordenó que ambas instituciones realicen patrullajes en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto, para reducir los índices de inseguridad ciudadana.

Este pasado 16 de enero, el gobierno de Jeanine Añez, a la cabeza de los ministerios de Gobierno y Defensa ordenó que efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA) realicen operativos de patrullaje conjunto; la decisión fue asumida después que el Movimiento al Socialismo (MAS) advirtiera que la resistencia pacífica en contra del gobierno de transición terminaba este 22 de enero.

La medida ha sido objeto de críticas de los partidarios del MAS, sin embargo, en 2012, el gobierno de Morales también instruyó la salida de efectivos de ambas instituciones para hacer frente a la delincuencia. En ambos casos, el argumento principal ha sido garantizar la seguridad de la ciudadanía, hace ocho años afectados por la delincuencia y ahora, ante las amenazas de movilizaciones que pueden derivar en violencia.

El ministro de Defensa, Fernando López, respecto al operativo dijo que se trata de una acción de prevención, “Estas acciones son simplemente para resguardar, para dar la tranquilidad que se merece el pueblo boliviano, nada más, es un tema de prevención”, argumentó la pasada semana.

Sin embargo, el expresidente Morales desde Buenos Aires, así como otros voceros del MAS calificaron como un “estado de sitio de facto” y un acto de provocación; la medida fue asumida luego que el vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, dijera “estamos en un momento de resistencia pacífica contra el fascismo. El 22 de enero, fecha límite, termina de acuerdo a nuestra Constitución, la gestión de gobierno de cinco años, se tomarán algunas medidas”, advirtió.

“Con la militarización de las ciudades más importantes de Bolivia rige un estado de sitio de facto que ha suspendido derechos y garantías constitucionales del pueblo, una prueba más de la dictadura de Añez que gobierna el país”, criticó Morales.

La diputada Sonia Brito (MAS) cargó contra el gobierno señalando “repudiamos una nueva vulneración a los derechos humanos en Bolivia, las tropas militares, tanques y aviones sobrevolando, atemorizando al pueblo. No se dictó estado de sitio, no puede salir el ejército a reprimir. Este gobierno apela a la fuerza de las armas porque no es legítimo”, afirmó. De otra parte, la diputada Betty Yañiquez (MAS) señaló que solicitará la "desmilitarización", bajo lo señalado en el art. 10 de la Constitución Política, asl ser Bolivia un "país pacifista".

No obstante, de acuerdo a la información reflejada en la prensa, en marzo de 2012, las autoridades de ese entonces también ordenaron patrullajes combinados debido a los altos índices de inseguridad ciudadana que se presentaban en el país. Luego de los hechos de violencia resgitrados a consecuencia del conflicto político y social derivado del fraude electroal y la renuncia de Evo Morales, entre octubre y noviembre de 2019, el actual gobierno habría dispuesto la medida para precautelar posibles acciones similares, instuyendo en pasados días que militares y policías sean desplegados por todas las ciudades.

“Estamos preparados para cualquier tipo de acción, lógicamente en este caso que es contra la delincuencia, la policía es la que tiene que llevar adelante todos los trabajos y nosotros estamos coadyuvando y colaborando en los patrullajes que iniciamos hoy (viernes)”, afirmó el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Tito Gandarillas, en marzo de 2012.

Ese año, los ministros de Defensa y de Gobierno eran Rubén Saavedra y Carlos Romero, respectivamente. Fueron los responsables de diseñar el plan de trabajo conjunto entre ambas instituciones, toda vez que en la ciudad de Santa Cruz donde se implementó de manera inicial, los resultados fueron “alentadores”.

El país estuvo sumido en fuertes hechos de violencia, fruto de la crisis en 2019, la que estuvo acompañada de enfrentamientos entre civiles, así como de situaciones en las que la policía se vio rebasada. Varios sectores criticaron, también, el uso excesivo de la fuerza para la represión y aún no se han esclarecido los hechos de muertes y heridas en enfrentamientos con policías y militares en Senkata y Sacaba, como tampoco se han conocido las responsabilidades en la emboscada que sufrió una delegación de mineros y estudiantes, en noviembre, en la carretera que conecta Potosí, Oruro y La Paz.

Una facción del Movimiento al Socialismo desconoce el proceso de transición en el que se encaminó el país hasta la elección de nuevas autoridades: presidente, vicepresidente y asambleístas nacionales; sin embargo, otra fracción ha viabilizado con el gobierno de Añez este momento político.

El ala radical del partido que gobernó durante más de 13 años y sus organizaciones, como los productores de coca del trópico de Cochabamba, anunciaron movilizaciones supuestamente pacíficas en rechazo a la ampliación de mandato de Añez, lo que ha alertado no sólo a las autoridades, sino a sectores de la población.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, insistió que la medida de sacar a efectivos de la institución castrense y policial sólo tiene como objetivo “precautelar la tranquilidad”.

La evaluación del denominado plan de “Operaciones Bolivia Segura” en 2012 fue positiva debido a las atenciones de casos que se realizaron para hacer frente a la delincuencia. Luego de los primeros operativos, acompañaron a los mismos miembros del Órgano Judicial y del Ministerio Público.

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el despliegue de las Fuerzas Armadas para ser parte de acciones conjuntas coordinadas por la Policía Boliviana. “(Ambas) deben enmarcar sus intervenciones en los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, precautelando los derechos a la vida, integridad, salud y dignidad de la población y considerando que cualquier exceso cometido es pasible de generar responsabilidad penal individual para sus autores y responsabilidad internacional al Estado Boliviano”.