Abogado de la familia Sandóval: “La muerte de Richard no debe ser en vano, por eso se encara este proceso”

País
Publicado el 26/04/2020 a las 0h00

La Paz

“A nuestro criterio, Richard Sandóval no murió de coronavirus, a él lo dejaron morir”. Así, Guido Calle Villca, uno de los abogados de la familia del fallecido gerente de AXS refleja una de las premisas que sustenta la denuncia por homicidio contra los “autores” de lo ocurrido.

El caso, desde un principio, estuvo rodeado de una serie de cuestionamientos sobre la atención médica al paciente y la capacidad de la clínica y del hospital que lo atendieron.

Todo apunta, dice Calle Villca, a que si Sandóval hubiera tenido atención médicoclínica idónea y, por sobre todo, sin ser trasladado al hospital La Portada, no habría fallecido el 30 de marzo de 2020 a causa,  según informa el reporte oficial, de una neumonía y deficiencia respiratoria originada por la Covid-19.

El ejecutivo de la telefónica había llegado de Nueva York el 17 de marzo y al día siguiente sintió molestias por lo que guardó reposo aislado y solo en su domicilio. El lunes 23 la familia solicitó al Servicio departamental de Salud (Sedes) la realización de la prueba Covid-19. La entidad tomó la muestra el 25 en el domicilio de Sandóval.

En la mañana del 26 el paciente fue recibido e internado en la Clínica del Sur y horas después, el Sedes entregó los resultados del análisis a este centro médico. Al día siguiente, la clínica solicitó a la Alcaldía paceña retirar al paciente, quien fue trasladado en una ambulancia al hospital municipal La Portada.

Eso, según Calle Villca, no debió suceder, ya que el estado de Sandóval “imponía su inamovilidad y peor aún que sea trasladado a un hospital de segundo nivel”, que no poseía los equipos necesarios para tratar a un paciente con coronavirus. “Lo sacaron de una clínica privada, donde estaba internado, para llevarlo a un hospital donde no tenían nada. Tuvimos que comprar hasta las máscaras para el oxígeno, los medicamentos; no había internista, no tenían UCI, no ayudaron en su pronto traslado para ponerlo en un respirador artificial. Nos cerraron todas las puertas, no les interesa salvar vidas, todo es palabrería”, escribió uno de sus familiares el día del deceso.

Ante el agravamiento de la salud, Sandóval tuvo que ser trasladado al hospital del Norte en El Alto donde sí había el equipamiento. Antes, la familia, con las limitaciones de circulación impuestas por la cuarentena, trataba que el paciente sea recibido nuevamente en la Clínica del Sur, pero recibieron una negativa de parte de los responsables. Acudieron también a otros médicos y centros clínicos, sin éxito.

Así, el 29 de marzo, cuando era trasladado en una ambulancia desde el hospital La Portada al del Norte en El Alto, Richard, de 49 años, esposo y padre de dos hijos, murió. Ahora su familia busca la sanción penal a los culpables y que la muerte de Sandóval no sea en vano, explica el abogado Calle Villca en una entrevista con Los Tiempos

 

Pregunta (P). ¿Cuál es el avance de las investigaciones por la muerte de Richard Sandóval?

Respuesta (R). Lastimosamente el caso no ha merecido el impulso que hubiéramos esperado como toda la ciudadanía, dada la delicadeza y la pertinencia que tiene el mismo con la pandemia mundial y la cuarentena que vivimos.

La última declaración pública del fiscal Coordinador Departamental, Sergio Bustillos, fue el 6 de abril, ante varios medios de comunicación, e indicó que se abriría una investigación de oficio por parte del Ministerio Público y que se mantendría a la opinión pública informada al respecto, lo que lastimosamente no se cumplió, no se han desarrollado actos investigativos que sean de conocimiento público; sin embargo, gracias a la presión que están ejerciendo la familia y sus asesores, entendemos que en este momento el Ministerio Público está ya en desarrollo de la investigación penal.

Hubiéramos querido que, desde luego, mereciere mayor atención, debiendo haber sido oportuna y acelerada, tal como indicó que iba a ser el Fiscal Coordinador Departamental.

 

P. ¿Por qué cree que no hubo esta celeridad?

R. Yo creo que debido a dos factores fundamentalmente. Al estado de situación que hay en el país, debido que estando vigentes las medidas de excepción y por tanto las actividades públicas como privadas no (están) permitidas, salvo casos excepcionales, al Ministerio Público le falta apoyo logístico y recurso humano y está todavía concentrado en atender casos que actualmente atiende con prioridad, casos con relación a flagrancia y con aprehendidos, lo que no es menos evidente, en cuanto a que debiere también atender casos considerados como graves, según lo que el propio instructivo de trabajo vigente del Ministerio Publico establece y consideramos que este es un caso muy grave, habida cuenta de su impacto en la sociedad por su conexitud a la pandemia que nos golpea.

Otro particular que consideramos incidió en la ausencia de celeridad y grado de oportunidad en las investigaciones del Ministerio Público es que está operando con fiscales de turno y no fiscales especializados. No quisiéramos pensar que existen otros motivos, como incluso los que se mencionaron y de los que fue acusado el Ministerio Público en las redes sociales. 

 

P. ¿Cuáles son las denuncias que han presentado?

R. La denuncia, arguye el porqué consideramos existen antecedentes y hechos de relevancia penal que deben investigarse. Se solicita que luego de agotada una investigación transparente y exhaustiva que sea pública, continua y de conocimiento de la opinión pública y de la población en general, se imponga la correspondiente sanción penal a quien o a quienes la merezcan, puesto que consideramos que hay personas que no solamente son responsables por actos negligentes, sino, que, a nuestro criterio técnico, son personas que han incurrido en dolo preterintensional o de segundo grado.

Vale decir, que presuponiendo que iba a haber una determinada consecuencia con la realización de ciertos actos, incurrieron en dichos actos que derivaron en esa consecuencia. En el caso, precisamente es la muerte del señor Richard Sandoval.

Usted recordará que en diciembre de 2017 se promulgó la ley del nuevo sistema penal y que fue abrogada el 18 de enero de 2018. En esa norma se pretendía sancionar la mala práctica médica, no como una forma culposa, sino como una forma dolosa. Esa norma fue abrogada, por lo que el día de hoy, el mal actuar médico, se encuadra y se limita en el país, a un delito culposo y no doloso.

Entonces, como primer pilar o vertiente de esa denuncia, es impulsar al Ministerio Público para que se averigüe la verdad y que la sociedad entera en Bolivia tome conocimiento de lo desprotegidos que estamos, no solamente en lo que pudiera ser la desorganización, la falta de recursos, la infraestructura de los centros hospitalarios públicos, sino, en lo que es la atención y la responsabilidad médica privada, tal y como según el caso que nos ocupa, se deja ver.

Esta clínica privada, me refiero a la Clínica del Sur, que inclusive publicitó que tenía un área para atención de resguardo en lo que era una primera fase para el coronavirus, no cumplió con su obligación que, antes de la aplicación de cualquier protocolo que además aplicó en el momento que le dio la gana, debió cumplir con el mandato hipocrático médico, sobre resguardar y cuidar la vida como interés y bien jurídico supremo.

Un segundo pilar o segundo criterio de motivación, es el hecho en cuanto a que los responsables sean sometidos a la ley y paguen su culpa como las leyes mandan. Reitero, no ha habido a criterio nuestro no solo técnico, sino, desde todo punto de vista, conductas meramente negligentes. Puede ser que hubo personas negligentes. Sin embargo, consideramos que en el caso ha habido más allá que simples negligencias. Aquí hubo la comisión de por lo menos un delito. Consiguientemente, la administración de justicia, consideramos que está en la obligación de devolvernos a la ciudadanía nuestra credibilidad en la misma.

Este caso no puede ser pasado por alto ni ser desapercibido, en cuanto a la ilicitud penal que contiene.

De lo que particularmente, los abogados hemos podido indagar, estamos convencidos, así como la familia, que hay personas negligentes y que también hay alguien que ha incurrido en por lo menos la comisión de un delito, no obstante sea culposo, según nuestra nomenclatura e ingeniería legal actual y con el agravante que establece el tipo penal, relativo a que se genere la muerte a consecuencia y por emergencia del ejercicio de una profesión.

 

P. ¿Contra quiénes es la denuncia?

R. La denuncia es contra los autores. En este momento no hay una denuncia contra alguien en particular y menos una querella. Solicitamos al Ministerio Público que recabe fundamental información y documentación, imprescindible a nuestro criterio y que recabe las declaraciones en la vía informativa de varias personas: la neumóloga, que fue la primera persona que vio al señor Sandóval; el alcalde de la ciudad de La Paz Luis Revilla, con relación a sus declaraciones públicas en cuanto al sistema que cómo iba a funcionar, y que desde luego no funcionó, por lo que dijo no era una realidad; al Secretario Ejecutivo de la Alcaldía, que al día siguiente de las declaraciones del alcalde hizo hincapié y dio información a la ciudadanía que a nuestro criterio tampoco correspondía a la verdad; obviamente a la directora médica de la Clínica del Sur y presidenta del directorio, doctora Patricia Callisperis; al segundo en el directorio, que es otro médico, el doctor Carrasco; a los médicos que estuvieron cuando recibieron e internaron al señor Richard Sandóval y al médico que estaba de turno cuando lo sacaron y lo desalojaron de la Clínica del Sur cuando no tenía un alta médica; al responsable o a la responsable del Hospital de La Portada por la zona Tembladerani de la ciudad de La Paz; al director técnico del Sedes y a otras personas más que son varias.

Reitero que la acción se ampara y va en concomitancia a lo que el Ministerio Público ha abierto, una investigación contra quienes resulten responsables. Después de los primeros actos investigativos nosotros como asesores técnicos y la familia, con gran probabilidad, vamos a formalizar querella contra quien consideremos directamente responsable penalmente.

 

P. ¿Además del dolor por la pérdida de Richard Sandóval, cómo la familia ha tomado lo sucedido?

R.  La familia cree que la muerte de Richard Sandóval no debe ser en vano. Por ello está encarando este proceso, fundamentalmente, para que la ciudadanía tome las previsiones y conozca cómo es cierto y evidente que a Richard Sandóval no se le dio la  atención médica indispensable no solo para regular sus niveles vitales, sino, para evitar que muera. Conocemos de casos que están internados en clínicas privadas y que en esos otros centros médicos, los pacientes están siendo atendidos debidamente y por antes de cualquier protocolo que hasta puede resultar no aplicable en contraposición a particulares situaciones que antes que nada ameritan, al cumplimiento al deber y a la obligación del médico, de cuidar y preservar la salud y la vida.

Deseamos vehementemente, que la ciudadanía tome conciencia que el paciente número seis de coronavirus se dirigió a una clínica privada y en una clínica privada no quisieron mantenerlo ni atenderlo y que por ello murió. En ese entendido es que estamos absolutamente desamparados.

Esperamos que sea la propia sociedad civil y la ciudadanía en general, la que valore y a la que se mantenga informada. De tal forma, que la muerte del señor Sandóval tenga y cumpla un propósito social, puesto que los hechos están dados y sólo depende de los operadores y de los administradores de justicia, cumplir con su deber, a los fines indicados y que desde luego son de interés de toda la población, expuesta al contagio de este terrible virus.


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