ANP y gremio periodístico rechazan restricciones a libertad de expresión
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) y las asociaciones de periodistas mostraron ayer su preocupación y rechazo ante un nuevo intento de la administración gubernamental de restringir la libertad de expresión con normas que penalizan la información.
El Gobierno emitió ayer el Decreto Supremo 4231 que, a nombre de la pandemia de la Covid-19, determina sancionar cualquier tipo de información que atente contra la salud pública.
La ANP “hace pública su profunda preocupación por el contenido del Decreto 4231 que amplía restricciones a la libertad de expresión contenidas en los decretos 4199 y 4200, aplicados en tiempos de pandemia”, refiere un comunicado institucional.
El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, llamó a los periodistas y medios estar tranquilos porque el DS 4231 no les afecta, ya que están sometidos a la Ley de Imprenta.
“(Al DS ) se someten las personas que vayan a violentar o confundir al pueblo boliviano, tratar de enfrentarles en un momento que se está cuidando la vida de los bolivianos”, dijo.
El DS 4231 en su disposición final única, que modifica los parágrafos II de los artículos 7 y 13 de las leyes 4199 y 4200, respectivamente refiere de manera textual: “II. Las personas que inciten el incumplimiento del presente DS o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.
En ese contexto, el comunicado agrega que “siempre consecuente con sus principios, la ANP es firme defensora del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que reconoce a toda persona el derecho a la libertad de expresión y de opinión”.
El artículo señala expresamente que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”
Las normas modificadas hacían referencia a la desinformación, contrariamente a lo que especifica el DS 4231 promulgado el 7 de mayo pasado, porque se establece la penalización de la “difusión de información”.
Los parágrafos modificados señalan: “Las personas que inciten el incumplimiento del presente DS o desinformen o generen incertidumbre a la población serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”. La sanción penal ya no va a la desinformación, con el cambio es a la “información de cualquier índole (…) que afecten a la salud pública”.
En este contexto, la ANP también expresa su inquietud por “aquellas corrientes políticas que han puesto en duda la existencia del Covid-19 generando un alto riesgo a la salud pública”.
En el año 2018 cuestionó el contenido de la abrogada ley del Código Penal que sancionaba diferentes formas de expresión del ciudadano, ahora la ANP espera una modificación de la norma adicional única del decreto 4231 para preservar los derechos fundamentales y no lesionar la vigencia y pleno ejercicio de la libertad de expresión.
LAS ASOCIACIONES RECHAZAN DS 4231
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) rechazaron el decreto supremo que restringe la libertad de expresión en el arco de la lucha contra la pandemia del coronavirus.
Ambas asociaciones “rechazan la disposición adicional única del Decreto Supremo 4231 promulgado el 7 de mayo de 2020, debido a que establece una severa restricción, inconstitucional e inconvencional, al penalizar el derecho humano y fundamental a la libertad de expresión, y piden que sea eliminada”, según afirma un comunicado emitido el lunes. Los gremios de otros departamentos también mostraron su preocupación por esta norma.
