Defensoría del Pueblo observa demora en aplicación del indulto
La Defensoría del Pueblo observó que a dos semanas de haberse aprobado el Decreto Presidencial No. 4226 de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias, no existe ninguna persona privada de libertad beneficiada, por lo que demandó a las instancias competentes, celeridad y en la implementación.
La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, recordó al Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía General, Dirección General de Régimen Penitenciario, Servicio Plurinacional de Defensa Pública, Servicio de Registro Cívico y el Servicio General de Identificación Personal, la responsabilidad que tienen para dar cumplimiento a lo que establece el Decreto.
El que tiene como fin incidir en la reducción del hacinamiento en los centros carcelarios a fin de evitar la propagación del COVID-19.
“La situación en las que se encuentran las y los privados de libertad en el país requiere que estas instancias de manera urgente cumplan con lo que establece ese decreto, tomando en cuenta los altos índices de hacinamiento que, según cifras oficiales, en enero de este año mostraban la existencia de 18.126 personas privadas de libertad, lo que representa una sobrepoblación penitenciaria que alcanza al 219%”, manifestó Cruz.
Primeros casos
Se refirió a la situación alarmante que atraviesan los penales a nivel nacional, lo que se refleja en lo ocurrido en Palmasola, donde fallecieron cuatro internos, uno de ellos habría dado positivo a la prueba del Covid-19.
También el caso del policía de seguridad de la carceleta de Bahía en Puerto Suárez que también dio positivo y tuvo contacto con los internos de ese recinto.
“Estos extremos han generado un estado de emergencia en la población carcelaria a nivel nacional, exigiendo la atención médica inmediata y la realización de pruebas, además de la dotación de implementos de protección personal y fundamentalmente celeridad en sus procesos judiciales”, manifestó.
En ese marco, la Defensoría del Pueblo demandó al Tribunal Supremo de Justicia, la implementación inmediata y coordinada con las instancias competentes para viabilizar el indulto y la amnistía.
