El Gobierno y el MAS chocan en seis frentes y cruzan acusaciones
La tensión entre el Gobierno transitorio y el Movimiento Al Socialismo (MAS) sube cada día a medida que se acercan las elecciones del 6 de septiembre. El Ejecutivo realizó tres nuevas acusaciones contra la cúpula del partido azul y éste respondió con acciones en la Asamblea Legislativa y denuncias.
El Gobierno implicó al MAS en el caso respiradores, presentó una denuncia contra el candidato del MAS, Luis Arce, por presuntas irregularidades en la adquisición de un software para la Gestora Pública y acusó al partido azul de iniciar una “campaña internacional” de desinformación con fines de desestabilización.
El MAS, por su parte, respondió aprobando con su mayoría legislativa dos normas que fueron vetadas por el Gobierno, como son la ley para regular estados de excepción y la ley de emergencia por coronavirus que prohíbe despido de funcionarios, y anunció que presentará una denuncia internacional contra el Gobierno porque estaría buscando prescribir la sigla del MAS con el objetivo de que no participe en las elecciones.
Al respecto, el candidato del MAS dijo que “este tipo de hechos no nos amedrentan. Nosotros seguiremos trabajando así vengan dos, tres, cuatro, 50 juicios. Van a tener que hacerlo porque no les queda de otra, porque no hay ideas que combatan con las nuestras”.
La Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo presentó una denuncia penal en contra de Arce y otros funcionarios del MAS por un supuesto daño económico ocasionado al Estado por la presunta contratación irregular de software que se debió utilizar para la migración de datos de los aportes de los trabajadores en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Arce explicó que, durante su gestión en la Gestora Pública, se contrató una empresa para que instale un software, pero no se pudo concretar porque la misma falló y le iniciaron un proceso por tal razón. Indicó que posteriormente se contrató a otra empresa que estaba haciendo realidad el sistema, pero que el gobierno de la presidenta Jeanine Áñez paró el contrato.
El expresidente Evo Morales, desde Argentina, se sumó a la defensa de Arce y denunció que “a dos meses de elecciones en Bolivia, el gobierno de facto inició una estrategia judicial con fines políticos para inhabilitar a nuestro candidato Luis Arce y al MAS e impedir nuestra participación electoral”.
La pulseta también se siente en estratos judiciales. El Ministerio de Justicia pidió a la Fiscalía ampliar las investigaciones contra el expresidente Morales, los exministros Carlos Romero y Gabriela Montaño y otras 14 personas, quienes habrían sostenido contactos con implicados en el caso de la compra con presunto sobreprecio de 170 respiradores.
Las 17 personas son sindicadas por haber sostenido comunicación con el exdirector jurídico del Ministerio de Salud Fernando Valenzuela y el denominado “testigo clave” Fernando Humerez.
La presidenta del Senado, Eva Copa (MAS), aseveró que esta denuncia es una cortina de humo para tapar la corrupción del gobierno de Áñez.
La Cancillería también se metió en la pugna y publicó una denuncia sobre seis acciones que el MAS está desarrollando para desestabilizar al Gobierno. Entre estas acciones, está la ley de estado excepción, que, según el Ejecutivo, “ata de manos” a las fuerzas de orden público y permite que las organizaciones del MAS causen violencia.
Otra acción sería la ley para ayudar en la lucha contra la Covid-19, que prohíbe los despidos de funcionarios, y que según el Gobierno, busca resguardar a los funcionarios afines al MAS que están saboteando la gestión. A esto se suma la paralización en el Senado del ascenso de grado en las FFAA.
La Presidenta del Senado afirmó que “es lamentable que el Gobierno de transición siga llenando nuestro país de desempleados (...) El MAS ha cumplido y ha dado seis años de economía estable a nuestro país y gracias a eso se han dado bonos; no es culpa del MAS que haya sido tan tardía las reacciones del Gobierno (actual). Es lamentable que ahora quieran echar toda la culpa al MAS por tanto desacierto”.
El diputado Gonzalo Barrientos denunció que el MAS, con sus dos tercios en la Asamblea Legislativa, aprobó “una ley de protección a los funcionarios masistas”.
Las elecciones generales están fijadas para el 6 de septiembre.
CAMACHO ATACA A JUNTOS Y A CC
El candidato a la presidencia por la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, calificó a Carlos Mesa —postulante presidencial por Comunidad Ciudadana (CC)— como el “representante de la vieja clase política” en el país y le acusó de ser “vocero del MAS”. El exdirigente cívico también aseveró que Juntos, que postula a la presidenta Jeanine Áñez, es cómplice de que el expresidente Evo Morales siga “gobernando Bolivia” y dominando el espacio político desde su exilio en Buenos Aires.
MESA DICE QUE EL MAS ES RESPONSABLE DEL COLAPSO
El candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, aseveró ayer que el gran responsable del colapso sanitario es el MAS, que en 14 años de gestión sólo despilfarró recursos que bien podrían haber sido invertidos en la construcción de un sistema de salud fuerte para el país.
“El país está inmerso en un momento muy difícil de miedo e incertidumbre por la evidencia de un sistema de salud colapsado. Reflexionar sobre quién tiene la responsabilidad de esta situación. 14 años de fraude del MAS, de promesas que nos e han hecho realidad, de museos, de viajes, de masistas con carnet que reciben beneficios del Gobierno, 14 años que no se han construido hospitales ni centros adecuados, es el resultado que estamos viviendo”, dijo el postulante presidencial en sus redes sociales.
