Imputan a Morales por caso audio y el MAS ve persecución política
El expresidente Evo Morales Ayma fue imputado por el caso audio. Autoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS) ven persecución judicial no sólo contra la persona, sino todo lo que representa este partido político.
La Comisión de Fiscales Anticorrupción recibió y llevó adelante la investigación del caso audio desde noviembre de 2019. Una vez cumplida la primera etapa de investigación preliminar del proceso, se emitió la imputación formal contra Morales por los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo.
Morales presuntamente incurrió en estos delitos, luego de su renuncia el 10 de noviembre de 2019, por haber coordinado con el dirigente cocalero Faustino Yucra mediante llamadas telefónicas y a través de órdenes que atentaban contra la seguridad alimentaria de los bolivianos.
En el audio se escucha a Morales instruir el cerco a las ciudades para dejarlas sin alimento. El video en el que se ve a Yucra hablando con el expresidente se hizo viral y fue tomado como un atentado a la vida de los pobladores de las capitales del país.
Las investigaciones evidenciaron que el exjefe de Estado y el coimputado Faustino Yucra mantuvieron comunicación mediante llamadas telefónicas, el 14 de noviembre de 2019, desde la ciudad de México hasta El Torno, Santa Cruz. En esa conversación, Morales habría instruido al dirigente cocalero cometer actos ilícitos durante los hechos violentos registrados en el país a partir del 10 de noviembre de 2019.
La Comisión explicó que de acuerdo al reporte de triangulación de llamadas a las líneas telefónicas de ambos imputados, realizado por el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (ITTCUP), Morales y Yucra se habrían comunicado en dos ocasiones más.
Además, a través de una pericia informática, en el celular del hijo de Faustino Yucra se encontró el video.
La pericia en audiología forense relacionada al audio Morales-Yucra, que se solicitó al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) del Ministerio Público de Colombia, determinó que las muestras tienen alta probabilidad de identificación de la voz de Morales.
La Comisión de Fiscales dijo que la imputación responde a estos elementos de convicción. Además, se solicita la detención preventiva de Morales. El expresidente tildó de “ilegal e inconstitucional” la imputación en su contra.
“De manera ilegal e inconstitucional, la Fiscalía de La Paz pretende imputarme por terrorismo con un audio alterado y sin ser notificado, una prueba más de la sistemática persecución política del Gobierno de facto”, publicó en su cuenta de Twitter.
La senadora del MAS, Carola Arraya, considera que se trata de una persecución judicial, pero no contra Morales, sino lo que representa. “Veo que durante este tiempo vamos a vivir este tipo de cosas. Denuncias, procesos rápidos, imputaciones y vulneraciones al debido preciso”, señaló.
Lamentó que en medio de una pandemia se tengan un ambiente politizado. “Esto lleva a que se judicialice la crisis en el departamento de Cochabamba o K’ara K’ara (...). Pero la pregunta principal no es por qué la imputación, sino a quién va a beneficiar”, dijo.
“Hermano, que no entre comida a las ciudades. Vamos a bloquear, cerco de verdad”, se escucha en el audio.
GOBIERNO RETOMARÁ EL CASO DE CHAPARINA
EFE
El Gobierno informó que retomará las investigaciones por la represión a indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis), registrado en septiembre de 2011, en la localidad de Chaparina, conocida como la “Represión de Chaparina”. El fin es hallar a los “directos responsables” de la agresión.
“Vamos a retomar a todas las investigaciones y procesos que fueran necesarios contra los directos responsables de la violación de derechos humanos y principalmente de la brutal represión que hubo en Chaparina”, aseguró el viceministro de Justicia, Huberth Vargas.
En 2011, indígenas del Tipnis protagonizaron la Gran Marcha Indígena por la defensa de su territorio y en rechazo de la construcción de una carretera que pretende pasar por el corazón de la región.
El 25 de septiembre de ese año, efectivos de la Policía ingresaron con gases lacrimógenos al campamento de los indígenas, en Chaparina, y detuvieron a hombres y mujeres, con sus niños. Varios de los marchistas fueron golpeados, maniatados y amordazados.
A ocho años de ese hecho, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) orgánica denunció en 2019 que aún no se identificaron a los responsables.
La organización señaló que el expresidente Evo Morales y su gabinete de ministros son los culpables.
