Caso seguros: encarcelan a tres funcionarios de YPFB y anuncian que citarán al ministro Zamora
El Juez Quinto Anticorrupción de La Paz, William Rodríguez, dispuso hoy la detención preventiva de tres funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y medidas sustitutivas para otros cuatro, todos investigados por presunta elaboración de una resolución administrativa que autoriza, de manera irregular, contrataciones directas de bienes y servicios durante la emergencia sanitaria. La Fiscalía anunció que convocará a declarar al ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, por este caso.
Tres de los sindicados cumplirán la detención preventiva en el penal de San Pedro. Mientras los otros cuatro funcionarios deben cumplir el arresto domiciliario sin salidas laborales, arraigo y prohibición de acercarse a predios de YPFB.
Antes de la audiencia, el fiscal Alexis Vilela informó que estas siete personas son investigadas por los delitos de "incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes".
Los siete funcionarios fueron aprehendidos el miércoles, luego de declarar por este caso. Vilela dijo que tres de ellos tienen mayor implicancia por lo que se pidió la detención preventiva, en cambio, los otros cuatro tienen un grado de participación mínima.
Los sindicados trabajan en el área jurídica de la estatal petrolera y se presume que, mediante un grupo de WhatsApp y reuniones de trabajo, habrían elaborado la Resolución Administrativa N° 78/2020, para posteriormente ser emitida por el expresidente de YPFB, Herland Soliz.
Esa resolución autoriza realizar contrataciones directas durante la cuarentena, hecho que iría en contra de las normas de contrataciones y el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la estatal petrolera.
Según las investigaciones, uno de los contratos observados por la Unidad de Transparencia de YPFB es la contratación directa sin licitación y en plena cuarentena del servicio de "seguros generales" para casos de incendio, preservación de maquinaria, responsabilidad civil, interrupción de negocios y otros para el periodo 2020-2021, por un valor aproximado de 49 millones de bolivianos.
El fiscal dijo que analizan todos los contratos directos realizados en la cuarentena y otros que fueron cancelados tras conocerse denuncias públicas.
Anunció que el ministro Zamora será citado a declarar en calidad de testigo por este caso.
"Existen algunas declaraciones referentes al directorio de YPFB, sin embargo, el Ministerio Público a través de la comisión de fiscales va a considerar (...) hacer la convocatoria al Ministro para que también pueda declarar", manifestó Vilela.
