Proliferan grupos irregulares y se exponen hasta 30 años de cárcel

País
Publicado el 12/08/2020 a las 6h13

Los últimos días, el país fue testigo de la aparición de al menos cuatro grupos irregulares, algunos con la exhibición de armamento “en franca provocación al Estado de derecho y en desmedro de los derechos constitucionales”, que de acuerdo con el Código Penal los promotores de estos actos ilícitos se enfrentan a una pena de 30 años de cárcel, aseguran juristas. Ante estas manifestaciones, la Policía y las Fuerzas Armadas están en apronte.

Grupos de Jóvenes Revolucionarios en Yapacaní, Motoqueros por la Democracia en el trópico de Cochabamba, jóvenes de Warisata, del lado del Movimiento Al Socialismo (MAS), y la Resistencia Juvenil Cochala son algunos de los grupos irregulares que aparecieron en este último conflicto.

En principio, los grupos irregulares afines al MAS demandaban que los comicios generales se realicen el 6 de septiembre, fecha que fue diferida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el 18 de octubre debido a la propagación acelerada de la Covid-19. Ahora, su demanda va más allá e incorporan que renuncie la presidenta Jeanine Áñez.

“Desde Yapacaní avisamos que sí o sí exigimos la renuncia de Áñez y sus ministros”, señala un joven portando un arma, en un video que se difundió en redes sociales. Similar discurso se escuchó en una decena de motociclistas en el trópico.

Para el exmilitar y abogado Omar Durán, la normativa prohíbe el uso de armas para intimidar civiles.

“La norma prohíbe totalmente el manejo de armas para grupos civiles, cuando el armamento es de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Esta situación amerita juzgamiento”, afirmó.

Agregó que el hecho de que los grupos de civiles es´ten armados es una provocación para los efectivos militares, vale decir que éstos están entrenados para responder ante la presencia de personas que estén armadas.

“Van a actuar conforme a lo que establece el Código Penal, que refiere a la proporcionalidad. Es decir, si ellos tienen armamento, lógicamente un militar agarra y está cumpliendo su misión, los elimina, los da de baja. Creo que están actuando con desconocimiento de las normas”, sostuvo.

En pasadas horas, se difundieron imágenes de grupos irregulares armados, entre ellos, los denominados Ponchos Rojos en la región del altiplano, otros en el trópico de Cochabamba. Asimismo, grupos armados que se trasladaban a la región cruceña de Yapacaní.

Por otra parte, se vio a la Resistencia Cochala interviniendo un punto de bloqueo en Cochabamba. Este grupo no es nuevo pero reapareció en el último conflicto.

El accionar de estos elementos irregulares es tipificado de acuerdo con el Código Penal, en “alzamiento armado”.

“Está penado con 30 años de cárcel, además de que incurren en sedición. Son grupos de personas, no es una sola persona que está manejando de manera individualmente, ellos van a sufrir muchas consecuencias”, indicó Durán.

Patricia Velasco, politóloga, mencionó que este escenario se asemeja a lo que sucedió en octubre y noviembre pasado, cuando, luego de la renuncia de Morales, grupos de personas se dedicaron a sembrar terror en diferentes regiones.

“En las redes sociales hay filmaciones y fotografías de personas y grupos con armamento; eso es terrorismo y eso afecta directamente a la seguridad interna del Estado, que es penado por ley”, refiere.

El ministro de Defensa y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Luis Fernando López y Sergio Orellana, respectivamente, advirtieron que no se dejarán amedrentar y que se tiene la responsabilidad de preservar el Estado de derecho.

“No se equivoquen, porque con las amenazas, el amedrentar al pueblo boliviano, el envalentonarse, mostrando un armamento que es bastante antiguo, no van a lograr hacer daño al pueblo boliviano”, afirmó el titular de Defensa.

Agregó es una campaña de atemorización al pueblo boliviano, “no crean en todo lo que ven. Además, tenga fe y confianza en sus Fuerzas Armadas, les garantizo que Bolivia va a estar tranquila”.

A su vez, Orellana indicó que “eso es terrorismo y afecta a la seguridad del Estado y tenemos la responsabilidad de controlar eso. No se puede permitir que en un Estado de derecho existan personas o grupos de personas con armamento”.

El Gobierno no permitirá bloqueos en las ciudades y decide resguardarlas

El viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, informó que el Gobierno no permitirá que organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) trasladen el bloqueo de vías a las ciudades, por lo que ya se desplegó un cordón policial y militar alrededor de los principales centros urbanos.

Desde “ el (lunes) se militarizó el eje central, estamos patrullando con policías y militares. Los bloqueadores pretendían entrar a las ciudades, nosotros no vamos a permitir. Ayer (martes) se cumplió la primera acción”, manifestó la autoridad, según ABI.

Agregó que el cordón de uniformados busca evitar excesos en las ciudades, en medio de la pandemia de Covid-19, que necesita una atención prioritaria porque se trata de cuidar la salud de la población boliviana.

Los sectores sociales afines al MAS, convocados por la Central Obrera Boliviana (COB), iniciaron el pasado 3 de agosto un bloqueo indefinido de carreteras en demanda de que las elecciones generales se realicen el 6 de septiembre y no el 18 de octubre, como determinó el Tribunal Supremo Electoral.

Sin embargo, “varios han decidido ya no participar de estos bloqueos, van a replegarse y muchos de estos sectores van a convencer a los sectores movilizados que depongan su actitud (…), nosotros no queremos confrontación”, agregó.

Entre tanto, los sectores afectados por los bloqueos, como los transportistas que están desde hace más de una semana parados en las carreteras, exigen la pronta intervención de los bloqueos porque se quedaron sin alimentos e incluso les empieza a faltar agua.

“Se analiza la decisión de intervenir, está sobre el tapete esta posibilidad, pero lo que por el momento se está haciendo es llevar el oxígeno y medicamentos”, dijo.


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