Jueces favorecieron al MAS en al menos 8 casos; advierten injerencia

País
Publicado el 03/09/2020 a las 6h12

Varios jueces emitieron fallos favorables al MAS en al menos ocho casos polémicos, denunciaron el Gobierno y activistas, por lo que aseguran a que hay operadores del partido de Evo Morales en el Órgano Judicial que apuntan al retorno del expresidente. Algunos jueces implicados trabajaron en diferentes instancias del anterior Gobierno. El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, también es observado.

El caso más polémico fue el del vocal René Delgado, de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, que votó, en audiencia de apelación, a favor de la habilitación del expresidente Evo Morales como candidato a senador por Cochabamba. El otro vocal de la sala, Ediberto Pomier, votó en contra, lo que produjo un empate que deberá dirimir un tercer juez.

Según los antecedentes de  Delgado, este juez condenó por difamación al expresidente Jorge Quiroga, quien denunció hechos de corrupción en el caso Catler que involucraba al MAS.

El mismo juez favoreció al expresidente Morales en procesos particulares por difamación, en los que personas como el periodista Humberto Vacaflor y la expareja de Morales, Gabriela Zapata, fueron obligados a retractarse por diferentes versiones que habían dado contra el entonces mandatario.

Otro vocal observado es el juez Israel Campero, presidente de la Sala Constitucional Primera del TDJ de La Paz, quien declaró ilegal el cierre del año escolar y obligó al Gobierno a anular esa resolución.

Campero fue funcionario de la Vicepresidencia, la Asamblea Legislativa y la Procuradoría por varios años, además se le vinculó con el exministro de Justicia, Héctor Arce.

Respecto a estas acusaciones, Campero dijo que esos antecedentes no están entre las causales que lo inhabilitan para el cargo y aseguró que entró como vocal con la nota más alta entre los postulantes.

Otra autoridad judicial observada fue la juez Segundo de Instrucción en lo Penal de la Ciudad de El Alto, Milenka Gutiérrez, quien en enero pasado otorgó libertad pura y simple a Marcelo Hurtado, presidente del directorio de ATB y sindicado por legitimación de ganancias ilícitas respecto a la adquisición de ese canal de televisión, además de PAT.

Hurtado fue acusado de conformar un grupo de empresarios que presionaban a medios de comunicación para que tengan línea favorable al Gobierno del MAS.

El Gobierno también observó a la vocal Norka Fuentes del Tribunal Departamental de Beni, a quien acusó de recibir dinero para favorecer al exgobernador, Álex Ferrier (MAS), en un caso de presunta corrupción.

Otro juez muy criticado fue Hugo Huacani Chambi, quien por un tiempo estuvo a cargo del caso de supuesta corrupción en la compra de los respiradores españoles.

El primer hecho observado se registró en junio de 2017, cuando el Ministerio Público lo acusó de asumir actuaciones “irregulares”, debido a que benefició con detención domiciliaria al expresidente de la estatal petrolera Guillermo Achá, acusado de corrupción en la contratación de la empresa italiana Drillmec para la compra de tres taladros por 148,8 millones de dólares.

Otro hecho que involucra al juez Huacani es el caso Gabriela Zapata II. En mayo de 2019 fue acusado de paralizar al menos 21 incidentes procesales. En el mismo caso, se le acusó de ocultar pruebas para favorecer a Evo Morales.

El juez también fue denunciado por otorgar el beneficio de detención domiciliaria al asambleísta departamental paceño del MAS, Gustavo Torrico, quien es acusado por presunta instigación pública a delinquir, sedición y terrorismo.

Asimismo, se observó al juez  primero anticorrupción de La Paz, Alan Zárate, quien en al menos cuatro casos favoreció  a exautoridades y dirigentes del MAS. En julio pasado otorgó detención domiciliaria a la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, implicada en el caso del Fondo Indígena. Este juez dio medidas sustitutivas al exministro César Cocarico y al vicepresidente del MAS, Gerardo García. Además, dio libertad pura y simple a Felipa Huanca, implicada también en el caso del Fondo Indígena.

El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental y Legislativa,  Israel Alanoca, aseveró que “todavía hay jueces del MAS”.

Denuncian a Lanchipa y fiscal ve hostigamiento

El secretario general de la Fiscalía General del Estado (FGE), Edwin Quispe, condenó las actitudes de hostigamiento a la gestión del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, por parte de grupos políticos y del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que llegaron a la ciudad de Sucre para presentar denuncias contra la máxima autoridad del Ministerio Público

“Hemos tenido conocimiento de la presentación de estas presuntas denuncias en contra del fiscal general, se nota el interés de amedrentar y perseguir al fiscal general, no entendemos cuál es el afán proselitista más que legal, por parte de estos representantes cívicos de la ciudad de Santa Cruz que al parecer no tienen otra tarea más que hostigar la gestión del fiscal general”, sostuvo Quispe.

La autoridad considera que “es una vergüenza que los cívicos cruceños indiquen que se van a quedar hasta que el fiscal departamental de Chuquisaca saque un pronunciamiento, porque existen plazos procesales que cumplir.

El Comité Cívico cruceño aseveró que una de las denuncias contra Lanchipa fue admitida, aunque luego la Fiscalía aclaró que eso no ocurrió. Los cívicos presentarán hoy otras cuatro denuncias. Acusan al fiscal general de parcializarse con el MAS.

El abogado del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Martín Camacho, aseguró  que la Fiscalía de Chuquisaca notificó que una denuncia introducida en contra del fiscal general, por el ciudadano Cristian Mina, fue admitida el 18 de junio, y que no es la misma que fue anulada en una audiencia en El Alto, el pasado sábado.

Con la carta en mano, el líder cívico pidió a la primera autoridad del Ministerio Público que renuncie para que se defienda como cualquier ciudadano.

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