Caso respiradores: Asamblea pide a la Fiscalía investigar a Añez y 4 ministros y exministros
La Asamblea Legislativa aprobó este martes la resolución del informe final del “caso respiradores”, la misma que implica en la adquisición presuntamente irregular de equipos médicos a la presidenta Jeanine Añez, a dos ministros y dos exministros. Esta resolución fue remitida al Ministerio Público para que inicie acciones penales en contra de los responsables que, presuntamente, “direccionaron” la contratación y desviaron fondos destinados a salud.
El informe “campaña política, corrupción y negociado con la pandemia del coronavirus Covid-19” contiene 204 páginas y en éste se indica que la ejecución del millonario negociado por la compra de 170 respiradores españoles “tenía la finalidad de obtener fondos para la campaña política de Jeanine Añez”, quien era candidata presidencial de la alianza Juntos, aunque después declinó.
Este informe también establece responsabilidad sobre los ministros de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, y de Obras Públicas, Iván Arias, y los exministros de Salud Marcelo Navajas y Aníbal Cruz. Por ello pide a la Contraloría realizar auditorías sobre el manejo económico de esas autoridades y exautoridades.
En el caso de la compra de 170 respiradores españoles, se denunció que cada equipo tiene un costo de $us 7.429, pero que el Gobierno facturó $us 28.080.
Para el caso de los 324 respiradores chinos se indicó que el precio unitario de fábrica es de $us 18.500, pero que Bolivia pagó $us 35.000 debido a “costos adicionales”.
El presidente de esa comisión, Ciro Zabala, denunció que las autoridades del Gobierno transitorio obstaculizaron el trabajo de investigación porque se mostraron “renuentes” para brindar información sobre ese caso, según un reporte del Senado.
“Hemos presentado el informe oficial de la Comisión Mixta Especial sobre el tema de respiradores e insumos que fueron adquiridos por la pandemia, hicimos una revisión total de al menos 12.000 documentos (…), establecimos el cómo y el cuándo y quiénes deben ser investigados”, explicó a los periodistas.
Dijo que se comprobó una flagrante corrupción en la compra de los respiradores, ya que se constató una compra con sobreprecio y que, además, no son aptos para el manejo de la pandemia del coronavirus. También hizo notar que la compra de estos equipos fue financiada sin autorización de la Asamblea Legislativa con recursos provenientes de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), presupuesto que estaba destinado al programa de mejora en la accesibilidad a los servicios de salud materna y neonatal en Bolivia.
Zabala informó que el proceso de contratación fue direccionado por el Ejecutivo, que los trámites de recepción y desaduanización fueron hechos de manera ilegal para el traslado de los respiradores, que “en realidad son resucitadores”. “Nunca encontramos los 170 equipos, solo averiguamos que hay 75 equipos”, agregó.
Por otra parte, dijo que en el caso de la Caja Nacional de Salud se detectó presuntos actos de corrupción en los procesos de contratación, “el único producto que se compró sin sobreprecio para la pandemia es el alcohol en gel, después todo se compró con sobreprecio”, afirmó durante su intervención en la sesión plenaria.
En el caso respiradores chinos de la empresa Yueshen Med, Zabala rememoró que se develaron irregularidades porque el Ministerio de Salud brindó información falsa y de encubrimiento, además se evidenció fallas en el funcionamiento de los equipos chinos comprados por el gobierno, “ya que éstos no sirven y no cumplen las condiciones de atención en terapia intensiva”.
“Luchemos para erradicar la mentira y la corrupción eso hace daño al país, eso es lo que nos ha destruido, luchemos contra la corrupción (…), la mentira destruye países y la corrupción se come países”, subrayó.
Por otra parte, se encomendó a la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores enviar el informe del caso respiradores a la Comisión Interamericana Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, instancias a las que acudió el Gobierno transitorio para denunciar con argumentos falsos crímenes de lesa humanidad la supuesta falta de oxígeno.
