MAS pide a la Fiscalía solicitar arraigo para ministros y Gobierno responde que no huirán del país
El Movimiento Al Socialismo (MAS) considera que el Ministerio Público debe solicitar la activación del arraigo en contra de aquellos ministros del Gobierno de Jeanine Áñez, denunciados por casos de corrupción. El Gobierno aseguró que las autoridades del Ejecutivo no escaparán del país porque no cometieron delito alguno.
El diputado del MAS Remberto Calani, uno de los denunciantes de los casos respiradores I y II, gases lacrimógenos y otros, dijo que la Fiscalía debería solicitar el arraigo contra algunas autoridades de Gobierno y directores, para evitar que escapen sin rendir cuentas al país sobre el manejo de recursos en estos 11 meses del Gobierno de transición.
"Si (debería activarse el arraigo) en algún caso, porque sabemos que está en proceso de investigación y el daño no es muy pequeño. Hay que considerar de que estos dineros con los que se ha comprado respiradores, armamentos son prestamos del exterior", señaló Calani a ANF.
Dijo que todas las autoridades y funcionarios públicos deben cumplir la ley y rendir cuentas sobre el manejo de recursos que hicieron en estos meses.
"Está en manos del fiscal general el tema de hacer un arraigo, el fiscal general hoy tiene la potestad, tenemos la Constitución Política del Estado, y en el caso de que se vayan, yo creo que los asambleístas actuales que están viniendo en noviembre van a tener la obligación de seguir con estos procesos de investigación para que se esclarezcan", agregó.
Además, Calani informó que el Ministerio Público lo citó para que se presente a declarar hoy por el caso gases lacrimógenos; d. Dijo que irá a declarar y ratificará su denuncia contra los ministros de Gobierno y Defensa, Arturo Murillo y Luis Fernando López, por la compra irregular de gases lacrimógenos y otros equipos para la Policía.
Calani junto al diputado Flanklin Flores hicieron varias denuncias ante el Ministerio Público por presunto sobreprecio en la compra de 170 respiradores españoles, 324 ventiladores chinos, la compra de equipos antidisturbios para la Policía, en cuyos casos fueron involucrados al menos cuatro ministros de Estado y funcionarios públicos.
Dentro del caso gases lacrimógenos, la diputada del MAS, Lidia Patty Mullisaca, presentó hoy un memorial en la Fiscalía de La Paz para solicitar la aprehensión de Arturo Murillo y evitar que se dé a la fuga.
En otro caso, el abogado Omar Durán pidió a la Fiscalía de La Paz acelerar las investigaciones de las denuncias que interpuso en contra del ministro de Obras Públicas, Iván Arias, y autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) por distintas irregularidades que se habrían cometido en esa repartición del Estado.
El jurista dijo que la ampliación de denuncia contra Arias ya fue admitida, ahora resta que la Fiscalía lo convoque a declarar y luego lo lleve ante un juez cautelar.
"Si vamos a pedir todas las medidas, y en la medida cautelar que él vaya, vamos a pedir el arraigo, que pague un monto totalmente elevado para que se asegure la averiguación de estos hechos", anunció Durán.
El abogado denunció el mes pasado varias irregularidades que se habrían cometido al interior del Ministerio Público, entre ellas la compra con sobreprecio de insumos de bioseguridad, clonación de placas de aeronaves vinculadas al narcotráfico. Acusó a autoridades de la DGAC por estos hechos y al Ministro por incumplir sus deberes al no frenar a tiempo estos casos.
Por su parte, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca, refirió que las autoridades de Gobierno no tienen por qué huir del país, ya que no cometieron delitos.
"Yo desmiento esas afirmaciones absurdas del MAS y por otro lado la ley de arraigo es inconstitucional que ha aprobado el MAS está en el Tribunal Constitucional, hemos mandado para consulta previa, asimismo, Naciones Unidas observó este proyecto de ley porque vulneran principios constitucionales", manifestó la autoridad a radio Fides.
Ante el pedido del MAS de que los ministros se sometan a la Ley del Arraigo y no salgan del país, Alanoca aclaró que esa ley promulgada por el MAS no tiene vigencia ni efecto jurídico alguno porque está aún en consulta en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
