Legislativo objeta de nuevo la designación de Alberto Morales como Procurador del Estado
La Asamblea Legislativa aprobó la noche de este lunes una nueva resolución por el cual cesó por segunda vez al abogado Alberto Javier Morales Vargas del cargo de Procurador General del Estado, al que retornó el pasado 14 de octubre tras ser posesionado por la presidenta transitoria Jeanine Añez.
El pleno de la Asamblea se ratificó en que Morales no cumple los requisitos previstos por la Ley 064 de la Procuraduría General del Estado, que dispone que para asumir el cargo no debían haber patrocinado procesos judiciales contra el Estado durante 5 años anteriores a su nombramiento.
El informe que tiene la Asamblea es que Morales en su calidad de abogado particular, litigó contra el Estado en fecha 14 de febrero de 2016, situación que se tiene verificada en la Sentencia Constitucional 0061/2016-S1
Recordó que por ese motivo en fecha 6 de octubre, la Asamblea aprobó una resolución de objeción y pese a ello la presidenta Jeanine Añez lo volvió a posesionar mediante Decreto Presidencial Nº 4366 del pasado 14 de octubre.
Sin embargo, la investigación legislativa revela un segundo dato en sentido que Alberto Javier Morales Vargas ha patrocinado una Acción Popular en fecha 29 de junio de 2020 en contra de la presidenta del Senado Eva Copa, Jeanine Añez y Salvador Romero, presidente el Tribunal Supremo electoral.
Por ese motivo, la Asamblea resolvió objetar el nombramiento dispuesto por Decreto Presidencial Nº 4366 de 14 de octubre de 2020 y en cumplimiento del parágrafo III del artículo 260, Alberto Morales deberá cesar en sus funciones de manera inmediata.
La presidenta Eva Copa decretó la notificación al Palacio de Gobierno para el inmediato cumplimiento de la objeción legislativa.
Morales fue posesionado antes el pasado 21 de septiembre, después de que su antecesor José María Cabrera fuera destituido por denunciar intenciones privatizadoras del Gobierno al devolver acciones de Elfec a los socios de Comteco de Cochabamba. Días después, la Asamblea lo acusó de haber patrocinado una acción contra el Estado el 1 de septiembre de 2015 y lo destituyó.
