Amnistía Internacional pide protección para Waldo Albarracín y su familia
Amnistía Internacional (AI) emitió una Acción Urgente respecto al peligro en que se encuentran el exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, su hijo Franco y su familia, para quienes solicitó al Ministerio de Gobierno que les otorgue protección frente a amenazas que han recibido.
“Los defensores de los derechos humanos Waldo y Franco Albarracín han denunciado que, desde el 19 de octubre de 2020, un día después de las elecciones presidenciales, han recibido varias amenazas de muerte de personas no identificadas a través de sus teléfonos móviles y las redes sociales”, dice el texto de AI, publicado por Albarracín.
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— Waldo Albarracin (@WaldoAlbarracin) October 30, 2020
La organización señaló también que dos vídeos publicados en redes sociales acusaban a Waldo Albarracìn de participar en un golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales, uno de ellos lo incluía en una lista negra de “traidores de Bolivia”, y el otro lo acusaba de planear el incendio de su propia casa.
“Pedimos al Ministro de Gobierno que otorgue de inmediato medidas de protección completas y sostenibles a Waldo y Franco Albarracín y a su familia, en consulta con los propios afectados”, instó.
En la carta al Ministerio de Gobierno, Amnistía Internacional recordó que durante el periodo del MAS, los Albarracín fueron tildados de “violencia y racismo”, pero también Waldo sufrió una agresión en 2019.
Asimismo, se hizo referencia a que la casa de Albarracín fue incendiada en los conflictos de noviembre de 2019.
Señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no ha concedido medidas cautelares para Albarracín.
“Los defensores y su familia carecen de protección por parte de las autoridades bolivianas, y persiste la impunidad por los ataques que sufrieron. En el contexto de su amplio trabajo como defensores de los derechos humanos, Waldo y Franco Albarracín y su familia han sido víctimas de ataques, amenazas, estigmatización y campañas de difamación mediante declaraciones públicas de altos cargos que han tratado de deslegitimar su labor de defensa de los derechos humanos”, agrega la nota.
