Defensoría exige que se investigue el origen de las "listas de odio" contra periodistas
LA PAZ |
La Defensoría del Pueblo exigió al Gobierno Transitorio y a las autoridades recientemente electas que asumirán el 8 de noviembre, investigar el origen de las "listas de odio" que circulan en redes sociales con nombres de periodistas, ex autoridades y otros profesionales, que incluyen amenazas en su contra, a fin de asegurar que puedan desarrollar sus actividades con total libertad y plenas garantías.
"La Defensoría del Pueblo recuerda al Estado su obligación de garantizar la libertad de expresión e investigar todo acto de violencia y amedrentamiento en contra de los trabajadores de la prensa, de ex autoridades y de otros profesionales, para evitar estos hechos que van en detrimento de la democracia y la pluralidad", señaló la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
Asimismo, dijo que si existen cuestionamientos a autoridades por su labor o presunta afectación a derechos humanos, es importante que se acuda las instancias que corresponden, sea en la vía administrativa o en la justicia ordinaria, y no caer en la difusión de amenazas o amedrentamientos.
Respecto a la labor periodística, Cruz recordó que la Declaración Universal de Derechos Humanos expresa, en sus artículos 19 y 29, que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión y opinión, lo que implica que ante ese ejercicio el individuo no puede ser molestado. El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce, asimismo, el derecho a la opinión y expresión de todo individuo.
La Constitución Política del Estado, en su artículo 106, garantiza el derecho que tiene todo boliviano a la libertad de expresión, de opinión e información, así como el derecho de los medios de comunicación y de los trabajadores de la prensa de ejercer sus labores de forma irrestricta.
La Defensora del Pueblo recordó, además, que la vulneración a la libertad de expresión y al trabajo libre de la prensa acarrea responsabilidad al Estado que no la garantiza.
Dijo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el derecho a la libertad de expresión tiene dos dimensiones, una individual y otra colectiva (esta última está referida al derecho que tiene la sociedad de acceder a la información y opiniones sin restricciones), de modo que no es permisible que ésta sea restringida por parte del Estado, sea de forma directa o indirecta.
Instó a todos los medios de comunicación a que desarrollen sus actividades en el marco de la normativa nacional e internacional vigente y con responsabilidad para evitar la difusión de contenidos que vulneren los derechos humanos, en el marco del artículo 16 de la Ley 045 contra el Racismo y toda Forma de Discriminación.
La Defensoría del Pueblo se mantendrá vigilante ante cualquier "atropello" a la libertad de prensa o a los derechos de trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, cuya labor es importante y primordial en un Estado democrático.
