MAS aprueba informe, pero juicio a Áñez dependerá de siguiente ALP

País
Publicado el 30/10/2020 a las 8h26
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La mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS), en sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), aprobó el informe que recomienda el inicio de dos juicios de responsabilidades a la presidenta Jeanine Áñez, por la emisión del Decreto Supremo 4078 y la supuesta comisión de alrededor de 12 delitos por las muertes de Sacaba y Senkata; además, autorizó comenzar juicios ordinarios penales contra 11 ministros, comandantes, excomandantes y jefes militares y policiales.

En una maratónica sesión, los dos tercios del partido azul aplicaron su rodillo para dar luz verde a los procesos en contra de las autoridades del gobierno transitorio saliente.

Los delitos que se atribuyen a la presidenta Áñez son: genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, desaparición forzada de personas, privación de libertad, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.

Ante la escalada de violencia de noviembre de 2019, y la necesidad de facilitar las operaciones combinadas de las Fuerzas Armadas y la Policía, Áñez y su gabinete suscribieron el DS 4078, que en uno de sus articulados refería que “el personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”.

En este caso, Áñez habría incurrido en los supuestos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. 

En tanto, Karen Longaric (canciller), Yerko Núñez (ministro Presidencia), Jerjes Justiniano (exministro Presidencia), Arturo Murillo (ministro de Gobierno), Fernando López (Defensa), Rodrigo Guzmán (Energía), José Luis Parada (Economía), Álvaro Coímbra (ministro de Justicia), María Pinckert (Medioambiente), Mauricio Ordóñez (Agricultura) y Roxana Lizárraga (Comunicación) también serán sometidos a juicios ordinarios por los mismos delitos.

Por otra parte, Áñez enfrentará otro juicio de responsabilidades por las muertes en Senkata, Sacaba y otras regiones, bajo 10 presuntos ilícitos que van desde genocidio hasta asociación delictuosa.

La ALP recomienda que los ministros Murillo y López sean procesados por los mismos delitos en la justicia ordinaria.

Asimismo, el informe recomienda juicio ordinario al excomandante departamental de la Policía en Cochabamba Jaime Zurita; al comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba, Alfredo Cuellar; al excomandante departamental de la Policía en La Paz Iván Rojas, y al jefe de Acción Conjunta, Franco Suarez.

Además de un juicio ordinario al excomandante de las FFAA, Williams Kaliman, por haber autorizado la salida de los militares en los hechos de Ovejuyo y Betanzos; al comandante general de la Policía, Rodolfo Montero, y al comandante de las FFAA, Sergio Orellana.

También recomienda la destitución de la fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, por no dar celeridad a las investigaciones de los hechos de Betanzos, y exhorta al Tribunal Supremo de Justicia respecto a los plazos de las medidas cautelares, toda vez que transcurrió más de un año y las personas continúan con detención preventiva.

Además, demandaron incorporar a estos procesos a grupos civiles que participaron en la represión de los grupos afectados.

Copa: “Próxima asamblea debe definir si hay juicio”

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Eva Copa (MAS), informó que el juicio de responsabilidades dependerá de los dos tercios de la nueva asamblea.

“La comisión ha recomendado un juicio de responsabilidades a la Primera Mandataria. Este informe se tendrá que remitir a la Fiscalía, Contraloría y al Procurador. De igual manera, se dejará el informe para que la siguiente legislatura tome la decisión si se realiza el juicio de responsabilidades o no, porque, de acuerdo con la Ley 044, se requiere el apoyo de dos tercios para proceder a este acto”, señaló.

De acuerdo con la Ley 044, en lo que refiere el proceso a la presidenta Jeanine Áñez, el Fiscal General, en el plazo máximo de 30 días hábiles, deberá formular el requerimiento acusatorio o, en su caso, el rechazo.

En caso de existir materia justiciable, el Fiscal requerirá ante el Tribunal Supremo de Justicia el enjuiciamiento, que, previa consulta a su Sala Penal, será remitido a la Asamblea, que debe aprobar el proceso por dos tercios.

Longaric denuncia prácticas autoritarias del MAS y pide veedores

La canciller Karen Longaric envió ayer notas a la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) para alertar sobre “prácticas autoritarias” de parte del Movimiento Al Socialismo (MAS), que inició juicios contra autoridades del Gobierno transitorio.

En sus notas, Longaric pidió a los organismos el envío de representantes para observar y prevenir el desarrollo de las “prácticas autoritarias”.

Según la Canciller, lo que debió ser una transición democrática y pacífica se ha visto empañada por acciones ilegales y arbitrarias. 

En su nota a la ONU, Longaric hizo referencia a la eliminación a los requisitos de dos tercios en las cámaras legislativas y señaló que esa decisión es un “intento de debilitar el Estado de derecho y la democracia”.

También mencionó la iniciativa del MAS de iniciar un juicio de responsabilidades contra la presidenta Jeanine Áñez, y procesos penales contra sus ministros, jefes militares y policiales, por los eventos acaecidos en Sacaba y Senkata en 2019. Además, señaló que el levantamiento de las órdenes de aprehensión contra Evo Morales y Héctor Arce refleja que el sistema judicial está cooptado.

Barral presenta un informe por minoría sobre Sacaba-Senkata

El diputado Amílcar Barral, de Unidad Demócrata (UD) y miembro de la comisión mixta que investigó el caso Sacaba-Senkata, cuestionó el informe aprobado por la mayoría absoluta del MAS por ser sesgado y unilateral.

El asambleísta presentó un informe en minoría, por las “mentiras del MAS y por obviar aspectos importantes”.

“Más allá de información que ha dado la Comisión que tiene mucha verdad, pero es de un solo lado, la resolución que se aprobó en la Asamblea era para investigar los hechos acaecidos a partir del 21 de octubre, pero en este informe toda la información es a partir del 12 de noviembre para adelante. En octubre se mató a dos personas en Montero, Santa Cruz”, dijo Barral.

Agregó que si bien se recopiló información con entrevistas, sólo fue de un lado y no se tomó en cuenta a los otros sectores de ciudadanos que fueron afectados por la movilizaciones de afines al MAS.

“En Sacaba, lamentablemente, nueve muertos eran del Chapare, eran cocaleros y eran del MAS; no lo digo yo, lo dice la comisión. Tampoco han aclarado que las tanquetas tenían impactos de arma de fuego, tampoco han dicho nada que la mayor cantidad de muertos eran por balas calibre 22, que no son de uso policial ni uso militar”, sostuvo.

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