Se reportaron 663 embarazos en niñas menores de 14 años este año
Este año, marcado por la pandemia del coronavirus, se reportaron en el país 663 embarazos en niñas menores de 14 años, es decir, dos embarazos por día, según cifras del Ministerio de Salud. No hay registros de casos que hubieran concluido en interrupción legal del embarazo (ILE), pese a que la ley así lo permite.
Las cifras, además, develan que la mayoría de esos casos de embarazos es resultado de violencia sexual por agresores que forman parte del entorn familiar o cercano a la víctima, y que pocas veces se denuncian.
La abogada del Centro Una Brisa de Esperanza (CUBE), María Leonor Oviedo, explica que estos embarazos son ineludiblemente fruto de una violación. “Esto significa que hasta la fecha en las cárceles tendrían que existir 663 hombres con detención preventiva o sentencia por violación a niña o adolescente”, señaló.
Pese a que la Sentencia Constitucional 206/2014 establece que toda niña o adolescente que haya quedado embarazada fruto de una violación puede someterse a la ILE, el Estado no trabajó en socializar esta alternativa.
No están disponibles cifras que muestren qué porcentaje de víctimas de violación accedieron al ILE, cuántas tuvieron un aborto clandestino y cuántas completaron su embarazo.
Instituciones como la Defensoría del Pueblo y el CUBE lamentan que, durante la emergencia sanitaria, no se haya socializado esta opción que no sólo evita que la víctima de violación continúe siendo victimizada, sino también que su vida no corra riesgo.
“Durante la cuarentena no hubo instancias reales dónde denunciar. Muchas niñas víctimas tuvieron que ir caminando a la Felcc (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) a sentar la denuncia. Gran parte de ellas caminaba desde zonas alejadas. Después de ir a la Felcc, las mandaban al IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses) en Coña Coña. No hubo protección ni información verdadera”, lamenta Oviedo.
En Tarija, una menor de 13 años, víctima de violación por parte de su padrastro, tuvo que peregrinar más de un mes buscando un centro médico para interrumpir su embarazo.
Este caso fue denunciado en septiembre, cuando la menor tenía 16 semanas de gestación.
La Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), recibió la denuncia de la violación el miércoles 26 de agosto. Días después inició la gestión ante la Fiscalía para adquirir un requerimiento fiscal para la ILE.
“Es importante recordar que en estos casos la víctima puede acceder a una interrupción del embarazo presentando como único requisito el formulario de denuncia formal. No hace falta ningún otro documento”, recuerda la representante regional del Defensor del Pueblo en Yacuiba, María Paredes.
En este caso, se logró hacer la interrupción, pero hay otros en que las menores tuvieron que dar a luz por el desconocimiento de la Sentencia 206/2014 o porque ni la DNA, la Policía o la Fiscalía dan la orientación necesaria a las víctimas al momento de sentar la denuncia.
“Durante el confinamiento, se debieron habilitar unidades especiales de la Policía para ir y atender los casos, y no que las víctimas tengan que recorrer largas distancias para realizar la denuncia. Entendemos que en la Policía existen muchas limitaciones, pero es deber de las autoridades brindar insumos para que desempeñen sus labores”, refiere Oviedo.
Con sólo 15 años está en la cárcel por infanticidio
La justicia concluyó que una adolescente de 15 años cometió infanticidio. Su bebé recién nacido murió a causa de un Trauma Encéfalo Craneal (TEC) severo en septiembre de 2019 en el municipio de Bermejo.
El juicio se instaló en el Juzgado de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Bermejo y concluyó la pasada jornada. En éste se demostró la responsabilidad de la menor en el hecho y se determinó una pena de seis años de privación de libertad.
El reporte policial establece que el 2 de septiembre de 2019, tras encontrar el cuerpo del neonato, los investigadores hallaron a la adolescente recostada en su cama con una grave hemorragia.
En primer lugar, los efectivos auxiliaron a la menor llevándola a un centro médico para que le controlen la hemorragia y curen sus heridas.
Una vez que se logró estabilizarla la aprehendieron y se inició el proceso penal en su contra por el delito de infanticidio.
La abogada del Centro Una Brisa de Esperanza (CUBE), María Leonor Oviedo, señaló que lo más adecuado en este caso era someter a terapias psicológicas a la menor y no darle una sanción penal como tal.
“En Cochabamba hubo un caso similar, pero a la acusada le dieron sesiones (de terapia psicológica). No deben olvidar que fueron víctimas de violación, y al ser condenadas están siendo revictimizadas”, dijo.
Más adolescentes embarazadas
El informe del Ministerio de Salud refiere también que durante la cuarentena más de 12 mil adolescentes mayores de 14 años resultaron embarazadas en diferentes circunstancias (violación y estupro).
Las cifras preocupan a las instituciones de defensa de los derechos humanos, sobre todo porque estos casos podrían derivar en otros delitos.
Requisitos para acceder al ILE
La interrupción legal del embarazo (ILE) corre hasta las 12 semanas de gestación en centros que cuenten con un médico capacitado, con sólo la presentación de una copia de la denuncia de violencia sexual, hecha por la víctima a la Policía, Fiscalía o Autoridad Originaria Competente.
Servicio anticonceptivo posoperatorio
Los encargados de brindar la información referida a la anticoncepción posaborto y el método anticonceptivo son los proveedores de salud. Ellos deben informar remarcando la importancia de la elección informada.
Obligaciones de las autoridades
Existen tres niveles y funciones en la gestión compartida de la salud (modelo de atención integral a víctimas de violencia sexual e ILE): Ministerio de Salud, servicios departamentales de salud (Sedes) y municipal.
