Defensa de Cuéllar: Fiscalía sólo muestra un zapato y fotos de RRSS
Un zapato perteneciente a una de las víctimas y capturas de pantalla de videos de Facebook son las presuntas “pruebas” que la Fiscalía presentó en el proceso que se le sigue al general Alfredo Cuéllar, a quien se acusa de haber ordenado disparar contra la multitud en Huayllani (Senkata) durante los conflictos poselectorales de noviembre de 2019 que dejaron 12 muertes.
Así lo relató ayer, en entrevista con LT A Fondo de Los Tiempos, el abogado defensor del Comandante, Patricio Vargas, quien, de este modo, cuestionó la objetividad del Ministerio Público.
Agregó que se apeló la detención domiciliaria sin derecho al trabajo dictada contra Cuéllar en la audiencia del pasado jueves, y se solicitó que se le permita, al menos, asistir a su trabajo, además de bajarle la fianza de 250 mil bolivianos que le impusieron.
En tanto, militares del sector pasivo realizaron marchas en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz reclamando respeto a las Fuerzas Armadas, pues sostienen que el Gobierno pasa por alto la justicia militar.
Vargas, en entrevista con LT A Fondo, dijo que en la audiencia del jueves se esperaba que el Ministerio Publico presentara informes de pericias de balística u otros elementos objetivos para imputar al militar, pero en lugar de ello mostró un álbum con capturas de pantalla de videos subidos a Facebook. Además, secuestraron un zapato perteneciente a una víctima que habría sufrido una herida de bala en el pie. “Ninguno de estos elementos puede probar que el general Cuéllar haya dado a las tropas la orden de disparar contra la multitud”, dijo Vargas.
“Hay cuatro supuestos testigos que dijeron tener fotos y videos, pero en lugar de secuestrar los celulares, no hacen nada”, sostuvo Vargas.
Contrariamente, existen videos difundidos en todos los medios de comunicación que demuestran que los disparos salieron de la misma multitud, “pero eso no lo muestran”, reclamó el abogado.
Los fiscales del caso, Richard Villaca, Giovany Campos y Lizeth Martinez, basaron la imputación en un informe general del investigador que señala que en la autopsia de una de las víctimas se extrajo un proyectil calibre 5,56 milímetros (que, presumen, fue disparado de un fusil Galil), pero sin fundamentar cuál es el nexo con las acciones de Cuéllar en el conflicto.
“Extrañamente, no presentan las pericias sobre los proyectiles calibre 22 y 38 (que no son de uso militar), que se hallaron en el cuerpo de las personas que han sido heridas”, apuntó.
Vargas reiteró que Cuéllar sólo elaboró un plan general de operaciones sobre posibles contingencias en el control de los hechos violentos que protagonizaban los manifestantes, en el que se prohibía el uso de armas letales.
“Pero el Ministerio Público utiliza ese plan para decir que había una preparación, que había una orden para que los efectivos de las fuerzas militares hagan uso de sus armas de fuego, cuando de manera puntual se señala en el acápite 10 (del plan de operaciones) que no se utilice municiones letales. Además, los militares estaban en una cuarta línea de seguridad”, sostuvo Vargas.
El sector pasivo marcha y pide respeto a FFAA
Militares del sector pasivo marcharon ayer en las ciudades de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz “contra el abuso a las Fuerzas Armadas” y contra el proceso por vía ordinaria que se le sigue al general Alfredo Cuéllar.
“Las Fuerzas Armadas se respetan”, coreaban los participantes en las tres ciudades.
En Cochabamba, recorrieron varias calles del centro y concluyeron con un mitin en la Plaza de las Banderas. En La Paz, llegaron hasta el Ministerio de Defensa, donde hicieron conocer un manifiesto por el que se deploró que se lleve a un camarada a la justicia ordinaria, cuando él sólo cumplía órdenes.
“Estamos reclamando por la injusticia. Se está humillando a las Fuerzas Armadas. Pedimos que la justicia deje de perseguir a nuestros camaradas”, dijo el general Tomás Peña y Lillo.
